La caída del PBI del 26,4% en abril ya es el mayor desplome de la historia económica argentina. Más grave que en la crisis terminal de 2002, donde la desocupación superó los 20 puntos. Esta conjunción de la depresión económica, la crisis de la deuda y la cuarentena pretende ser aprovechada para un brutal ajuste a los trabajadores, mientras se cae también la política de rescate capitalista mediante subsidios.

El tercer pago de la IFE para quienes no tienen empleo fijo deja afuera a gran parte de los centros de pobreza, como el noroeste argentino, Mar del Plata, Formosa, el gran Córdoba o Rosario. La flexibilización de la cuarentena no les ha resuelto nada a los miles de desocupados que enfrentan la cruda depresión económica y el hambre.

La reducción de los ATP deja a miles de trabajadores en la picota, sin garantía alguna del futuro de sus fuentes de empleo. Los aguinaldos, e incluso salarios, se pagan o se cuotifican, o se suspenden según la voluntad de las patronales. Todas declaran enfrentar dificultades, sin tener que mostrar sus libros contables a nadie.

Las paritarias han sido suspendidas, permitiendo que los salarios sigan siendo licuados por la creciente inflación.

La supresión de la movilidad jubilatoria y el avance de la armonización de los regímenes especiales en las provincias muestra cómo el gobierno se dispone a hacer caja a costa de los jubilados, cuando el impuesto a las grandes fortunas nunca entró al Congreso.

El supuesto endurecimiento de la cuarentena en el AMBA no existe en la industria, que sigue trabajando en su inmensa mayoría bajo definiciones laxas de las tareas “esenciales”. No se duda en jugar las vidas de los trabajadores cediendo al lobby patronal y de la derecha anticuarentena.

En tanto, los cuentapropistas, trabajadores en negro y afines son empujados a romper la cuarentena por hambre contra su propia salud.

Mientras la recaudación cae en picada, las patronales evasoras son premiadas con una moratoria que blanquea la evasión de 400 mil millones de pesos.

Cada anuncio del gobierno, que parecía avanzar sobre intereses patronales, dio lugar a un nuevo recule. La prohibición de despidos. El impuesto a las grandes fortunas. La participación accionaria en las empresas subvencionadas. La intervención de Vicentin.

Tampoco la legalización del aborto. Priorizaron el pacto con la Iglesia, impulsora del pacto social con la UIA y la CGT, para mejor evitar una rebelión popular.

El gobierno ha mostrado su orientación, sostener al gran capital a costa del hambre. El FMI está cada vez más involucrado en el rumbo adoptado y en el “programa” futuro.

Sólo una acción independiente de los trabajadores puede frenar este hachazo que nos están aplicando.

Reclamemos 30.000 de pesos mensuales de seguro al parado, a los jubilados por un aumento de emergencia que lleve la mínima a ese importe. Ninguna rebaja salarial, pago del aguinaldo. Que no pase ningún despido, ocupando cada fábrica que cierra por su estatización sin pago y bajo gestión obrera. Apertura de los libros al control de los trabajadores. Centralización del sistema de salud. No pago de la deuda. Impuesto progresivo a grandes rentas y fortunas. Nacionalización del comercio exterior, de la banca y los recursos estratégicos. Por una reorganización económica y social dirigida por los trabajadores.