Un informe interno de sacerdotes salteños terminó saliendo a la luz en el día de ayer. En el mismo se puede ver cómo un alto mando del clero, el ahora exobispo de Orán Gustavo Zanchetta, fue acusado desde 2015 por sus subordinados, por desmanejos y abusos. El Papa conoció el caso desde un principio y optó por el encubrimiento.

Gustavo Zanchetta fue un obispo con una enorme presencia pública en la conflictiva ciudad de Orán. Su accionar fue más allá de la asistencia social y es recordado, por ejemplo, en sus intervenciones en las huelgas de Tabacal. En una ocasión, cuando los trabajadores azucareros denunciaban el uso de balas de plomo por parte del gobierno, Zanchetta declaró que era “conveniente tener un poco menos de sueldo a perder la vida”. Con total plasticidad, pasaba de posiciones represivas a la mediación, cuando las luchas crecían. Hasta armó en varias oportunidades mesas truchas de conciliación junto a la patronal de Tabacal.

Según consta en la denuncia de los curas, respecto de su relación con el gobernador Juan Manuel Urtubey, Zanchetta decía al que lo quiera oír: “somos oficialistas”. Los cuestionamientos alcanzan al desvío de dos subsidios uno por un millón y otro por 200 mil pesos que recibió Zanchetta luego de sus “buenos oficios” para enterrar los reclamos obreros en los conflictos. La plata de las “donaciones” estatales nunca habría llegado al destino (obras en capillas y otros menesteres).

¿Se entiende de qué hablamos cuando decimos que hay que separar la Iglesia del Estado?

Por todo esto sorprendió que una persona políticamente clave fuera desplazada de su cargo y trasladada a Roma en 2017. Rápidamente salieron a la luz toda una serie de denuncias sobre su comportamiento, que incluía abusos a seminaristas, prostitución de jóvenes, acoso, venta no registrada de inmuebles de la Iglesia (dice la denuncia que, a pedido del Papa, Zanchetta no regsitró la venta de dos inmuebles por un total de 1 millón de dólares. ¿A dónde fue el dinero?).

El caso

Todo comenzó en 2015 cuando un secretario encontró en el celular de Zanchetta, fotos pornográficas del propio obispo, que eran enviadas a jóvenes miembros de la Iglesia. El hecho llegó rápidamente hasta el Vaticano pero, según el informe, la respuesta de Bergoglio sólo consistió en una llamada telefónica al ahora ex obispo.

En 2016, tres de sus vicarios generales y dos monseñores hicieron otra denuncia interna formal ante la nunciatura, insistiendo en las “extrañas actitudes” de Zanchetta con los seminaristas. Recién en 2017 y luego de una nueva acusación interna, donde se explicitaron abusos sexuales a jóvenes, Zanchetta tuvo que salir de la diócesis.

Lógicamente que no se inició investigación eclesiástica alguna y la denuncia en la Justicia llegó recién este año por parte de víctimas ajenas a la estructura de la Iglesia. Por su parte, Bergoglio le dio a Zanchetta un cargo en el Vaticano y así se mudó a Roma para convertirse en “asesor” de la inmobiliaria vaticana, un cargo inventado a medida.

Pero ocurrió que las denuncias continuaron y ahora el informe “se filtró” a la prensa y fue publicado por El Tribuno en el día de ayer.

El encubrimiento viene desde arriba

Una crisis interna se desarrolla en la Iglesia Católica y Bergoglio intentará encaminarla en una nueva cumbre sobre el abuso infantil, que se desarrolla hasta el sábado. Bishop accountability, conocida organización internacional dedicada a documentar y denunciar los abusos en el clero, ha observado que entre los 8 arzobispos representantes de los 8 países con más católicos del mundo, hay: un arzobispo que estima que solo el uno por ciento de los sacerdotes de su país han abusado de niños; el jefe de una vasta arquidiócesis que dice que se ha ocupado de un solo sacerdote abusivo; un cardenal que nunca ha hablado públicamente de la crisis y un cardenal que ha mantenido en el ministerio al menos tres sacerdotes acusados…

En su discurso inaugural, el Papa llamó a “no callarse ante los abusos” pero hay que empezar por casa. El caso Zanchetta muestra que el encubrimiento a los abusadores viene desde arriba. Separar la Iglesia del Estado y nacionalizar sus bienes es condición también para terminar con la impunidad de la Iglesia en todos los planos, es esta impunidad cuyo garante es el estado capitalista la que alimenta los abusos eclesiásticos.