La llegada de una nueva cúpula dirigente en la Policía de la provincia de Córdoba trajo consigo nuevas noticias de efectivos involucrados en delitos o infracciones. En ese sentido se informó que el nuevo subjefe, Ariel Lecler, tiene cinco faltas y multas por más de $8.000. Un botón de muestra de todo un aparato descompuesto. El segundo al mando de la policía de la provincia asumió su nuevo rol con cuatro infracciones en Córdoba, y una en Santa Fe, según publicó La Voz en su edición del pasado 5 de noviembre.

De acuerdo a la citada fuente, “la deuda con la Municipalidad de Córdoba es de al menos 5.929,90 pesos”. Además, Lecrer tiene “una infracción impaga de 2.418,75 pesos cometida en la ruta nacional 19”, en la provincia limítrofe. En la citada nota también se informa que el subjefe Lecrer no es el primero, sino que hay registros que indican a policías de la caminera con infracciones de tránsito.

Días atrás quedaron detenidos dos agentes de la policía por haber robado un cuchillo durante un control de un taxi. Se trata de faltas menores en relación a la vinculación de policías con delitos tales como el robo calificado, desarmaderos de autos, apañamiento de prostíbulos, el narcotráfico y el gatillo fácil.

Cabe recordar que en las últimas horas del pasado mes de octubre se conoció la detención de dos comisarios, Lucas Dagatti y Franco Ricardo Bernardi, acusados de los delitos de malversación de bienes equiparables y violación de medios de prueba, con respecto a la sustracción de autopartes del Depósito Judicial de la ciudad de Villa María. Por la misma causa están detenidos Juan Alberto Moreno y el sargento Giménez, imputados por el delito de falso testimonio. Además, están imputados los comisarios mayores Wálter Roldán y Juan Arias, ambos de la Departamental Policial San Martín, por el delito de malversación de bienes equiparables en calidad de coautores.

Lo sucedido en Villa María tiene similitudes en escala con lo acontecido en una comisaría de Juárez Celman. El establecimiento funcionaba como centro de acopio de motos que después se vendían, es decir, funcionaba como centro de recaudación.

Se sabe que la policía interviene en todo tipo de delitos, que llenan los bolsillos de los responsables de la dependencia, que van dejando policías con antecedentes de prontuario. Sin embargo, el Tribunal de Conducta, lejos de pasarlos a disponibilidad luego de un sumario, los vuelve a poner en circulación.

Es lo que pasó con los asesinos de Blas Correa, o con el asesino de Rodrigo Sánchez, víctimas del gatillo fácil. Se trata de todo un proceso de descomposición general del conjunto del aparato policial, desde los altos mandos hasta agentes con menos jerarquía de la fuerza.

Las medidas tomadas en esta crisis policial no apuntan al centro del problema, es decir, la descomposición policial del conjunto de las fuerzas de (in)seguridad. Por eso hay policías de diferentes jerarquías involucrados en el delito organizado.

Llegado a este punto, es claro que el sostenimiento de la institución se debe a que quienes gobiernan no pueden prescindir de esta policía, que se encarga de la reprimir las luchas obreras y populares, como la de las y los municipales, o de las familias que ocupan tierras. Pero a su vez porque hay un entrelazamiento entre funcionarios políticos y judiciales con el crimen organizado.

Es necesario concluir que esta policía no puede aportar seguridad, sino que es un elemento involucrado en el delito organizado, es decir su continuidad es inseguridad a la población trabajadora. A la luz de los hechos es claro que en defensa de las libertades democráticas y la seguridad de las personas se debe desmantelar este aparato corrupto. En esa perspectiva, también se debe implementar la elección popular de jueces y fiscales.