Obras sociales: Disputas y maniobras

Una puja sorda se libra entre el gobierno y los burócratas sindicales por el control de los fondos de las obras sociales, más de 15.000 millones de pesos anuales. Los burócratas reclaman el control total de los aportes pero el kirchnerismo pretende que la Superintendencia de Salud, organismo de contralor de las obras sociales, se quede con la jugosa caja para contratación de prestaciones e insumos (La Nación, 24/11/08). Si bien esto “amenaza el poder de los gremios con un recorte superior al que efectuó el fallo de la Corte Suprema en favor de la libertad sindical”, cabe recordar que Juan Rinaldi, el superintendente de Salud, es hombre de Hugo Moyano y abogado del Sindicato de Camioneros.

El gobierno, que alterna aprietes con concesiones, ya limitó la oferta a los afiliados de “planes superadores” en las prepagas. Es un viejo reclamo de las obras sociales grandes, porque la medicina privada “termina capturando a los contribuyentes más valiosos del sistema, que son los mejor remunerados y los más sanos” a través de sellos truchos “cuyo único servicio es ofrecer sus planes de cobertura” (ídem).

Esta semana, Rinaldi, con el aval de Ocaña, desempolvó 400 de los 800 sumarios que el ministerio había cajoneado por años, encubriendo adelantos de dinero nunca justificados, compras irregulares de medicamentos y otras estafas a los aportes de los trabajadores. Los expedientes “tocan intereses de sindicalistas poderosos”, como La Bancaria de Juan Zanola o la obra social del ACA. Ocaña contrató a la Facultad de Ciencias Económicas (UBA) para que audite a la Superintendencia y “aporte normas de procedimiento” ante múltiples malversaciones y desvíos detectados por la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

Rinaldi también canceló una asignación “especial” de 100 millones de pesos que “habrían sido otorgados a sindicalistas amigos sin ningún criterio” (Clarín, 21/12). Derogó el registro de proveedores de prótesis y órtesis (otra codiciada caja). Y amenaza con depurar los padrones de afiliados truchos, usados para cobrar contraprestaciones, tratamientos de alta complejidad y gastos en medicamentos inexistentes. Rinaldi también rechazó el fideicomiso de La Bancaria, que tenía como proveedora privilegiada a la droguería de Néstor Lorenzo, un conocido traficante de medicamentos truchos, generoso aportante a la campaña de CFK e involucrado en la causa que lleva Oyarbide.

A la hora de las concesiones, Ocaña le prometió a Moyano destrabar un decreto que inyectará 250 millones de pesos anuales en las obras sociales sindicales y autorizó un incremento del 26% en los valores mínimos garantizados por la atención de pacientes que no les son propios. La medida beneficiará en particular a la Unión Ferroviaria, Luz y Fuerza, Asociación Bancaria, Sanidad y Comercio, que atienden a jubilados que las prefirieron en lugar del Pami. En total, “el paquete aportará 450 millones de pesos al año a los gremios” (Crítica, 28/12). También se ajustaron los valores de todos los afiliados derivados a las obras sociales. La medida, retroactiva al 1º de diciembre, es una transferencia de 200 millones de pesos al año desde los bolsillos de monotributistas y del personal doméstico -los sectores más pauperizados de la clase obrera-, ya que los aportes subirían de 37 a 47 pesos. Ocaña también se comprometió a reducir el aporte sindical para el sostén de prestaciones de alta complejidad y la estructura de seguridad social del Estado.

Los gestos amistosos no vienen solo del Ejecutivo: en noviembre, la Cámara de Casación declaró prescripta la causa por desvío fraudulento de 285 millones de dólares de un crédito del Banco Mundial para reestructurar las obras sociales. Estaba involucrada prácticamente la totalidad de la jefatura sindical (350), sus familiares y amigos… y el ministro de Trabajo Carlos Tomada, antes abogado de la CGT y dueño de una de las empresas que intervinieron en el fraude.

Olga Cristóbal