El gobierno nacional tiene retenidos unos 25 mil millones de pesos de las obras sociales de los gremios. Luego de la llamada desregulación de las obras sociales se creó un sistema de salud que retiene el 15 por ciento de lo recaudado para el Fondo de Redistribución Solidaria (FRS), manejado por el oficialismo y destinado a las enfermedades complejas y a las mínimas que no puedan ser cubiertas por los gremios chicos.

En la actualidad, las obras sociales recaudan el 12 por ciento de cada salario bruto: el 9 por ciento lo aporta el empresario y el otro 3 por ciento los trabajadores. En su origen, el FRS recaía en la Administración de Programas Especiales (APE) y cada peso que sobraba debía reintegrarse a los gremios en proporción a lo que hayan aportado.

Cristina Kirchner fue más lejos que nadie en el saqueo a las arcas de las obras sociales. Disolvió el APE y lo reemplazó por el Sistema Unico de Reintegros (SUR) que quedó a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud. Su directora, una ex diputada de Santa Cruz, a poco de asumir dijo a los gremios oficialistas que el dinero no se devolvía y que, además, si lo devolvía respetando el aporte original sólo engrosaría las cuentas de los gremios más poderosos.

Por otro lado, el gobierno obliga a los gremios a aceptar al personal doméstico y a los monotributistas pagando una cuota, que en muchos casos es la mitad de lo que paga el afiliado directo. Esto sin compensación alguna, lo que desfinancia aún más el sistema. Hoy, la mayoría de las obras sociales están en grave crisis económica y hasta cerca de la quiebra.

Pero, además, hay razones más profundas de esta quiebra de las obras sociales: el 70 por ciento de los asalariados no cubre ni la mitad de la canasta familiar, el 40 por ciento está en negro y además la estructura interna del salario contiene importes en negro, no remunerativos, extras en negro y hasta fraudes laborales. Esta quiebra de las obras sociales hace que una parte de los trabajadores mejor pagos emigren a las prestadoras privadas profundizando la crisis.



Vos me incautás, yo incauto

La respuesta de la burocracia sindical no ha sido buscar una salida de conjunto sobre un tema crucial como es la salud de los trabajadores, sino que, por un lado, armó negocios tercerizando servicios, afiliando a gremios chicos a las obras sociales de los mayores, que cobran un plus adicional a sus afiliados y ellos una comisión.

Por otro lado, la mayoría de los gremios ha salido a incautar a sus propios trabajadores, estableciendo cuotas solidarias, en algunos casos enormes (Federación de Papeleros, Federación de Petroleros, entre otras).

También existe un apriete a los propios trabajadores, coaccionándolos a no irse de la obra social del gremio. De manera ilegal no permiten, en decenas de gremios grandes como Camioneros y el Smata, que alguien se postule como delegado si no está afiliado a la obra social. Esta verdadera incautación a los trabajadores es la que ha frenado una lucha de conjunto en defensa de las obras sociales, pues la burocracia encontró dentro de la catástrofe de la atención de la salud de los trabajadores su propio negocio.

Tenemos una doble confiscación del salario; por un lado, de un Estado que subsidia a los capitalistas y que utiliza esos fondos para destinar los actuales recursos del presupuesto de salud a los acreedores de la deuda, a las privatizadas y a la patria contratista. Por otro, de la propia burocracia sindical.

Frente a este despojo de las obras sociales planteamos: 1) la devolución incondicional de los fondos a sus gremios; 2) la derogación de la ley menemista de obras sociales; 3) la apertura de los libros de las obras sociales a comisiones obreras electas en asamblea; 4) la elección de autoridades revocables de cada institución por el voto directo de los trabajadores; 5) la recuperación de la salud se asocia a la lucha por la expulsión de la burocracia sindical.