De acuerdo a la muy autorizada Fundación Mediterránea, el reciente decreto 492, que reduce del 6 al 5%  los aportes patronales a las obras sociales y las contribuciones especiales a los Institutos, hará caer la recaudación de éstos en unos 620 millones de pesos por año (Revista Novedades, setiembre de 1995), lo cual representa un 26% de los 2.400 millones que se recaudaban hasta ahora. La caída es una transferencia de los trabajadores a los capitalistas.

La burocracia sindical aceptó este saqueo cuando el gobierno le prometió un lugar fundamental en la privatización de las obras sociales. Juan José Zanola, por ejemplo, que parecía el más perjudicado por las medidas oficiales, que en principio liquidaban el Instituto Social Bancario, logró que fuera nombrado interventor Víctor Alderete, presidente de la Cámara patronal que agrupa a las empresas de medicina privada y dueño de Diagnos, pero por sobre todo socio de Zanola en los contratos del Instituto. Según La Nación (19/10), Alderete es “amigo, no se sabe hasta qué grado (sic), de Zanola, desde hace dos años”. Página 12 es más precisa: “Tres directivos de Diagnos, todos ligados al grupo Gándara, ejercieron altos cargos en el Instituto. Son los casos de Celso Bergia, quien fuera gerente financiero del ISSB; Rodolfo Randazzo, quien figuraba como jefe de Programación Financiera en la obra social bancaria y de Gustavo Solá, quien ejerciera la jefatura de Presupuesto del Instituto” (19/10).

Diagnos es un prestador del Instituto, que ahora se ha hecho cargo directamente del ISSB. Alderete resolvió la ‘incompatibilidad’ entre las dos funciones abandonando “la presidencia de esa empresa y de la cámara de las prepagas” (ídem). De todos modos, un día antes de asumir, el Instituto le pagó deudas a Diagnos por 500.000 pesos (ídem, Página 12).

Este entrelazamiento de intereses explica el ‘peculiar’ rechazo de Zanola a la intervención. En una solicitada reclama a Alderete que no tome medidas de liquidación del ISSB y que asegure la “atención plena de las prestaciones…”, “mantenimiento de la atención de medicamentos…”, etc. No plantea ni el levantamiento de la intervención, ni tampoco la restitución del aporte patronal especial que tenía el Instituto.

El ex-secretario de Seguridad Social, Santiago de Estrada, asesor en la actualidad de la AFJP  Futura, reconoce sin embargo que el decreto 492 es inconstitucional y que llevará a que “desmejoren las prestaciones médicas”. “No es legal porque pretende eliminar a través de un decreto contribuciones creadas por diversas leyes” (La Prensa, 11/10). Quiere decir que si la burocracia acepta un decreto inconstitucional, que fue repudiado en una movilización de 15.000 bancarios, es porque está a fondo con la privatización.

Recortar beneficios

Como la atención de las obras sociales ya es un desastre, con el recorte de 620 millones por año, directamente las destruye. Recortando prestaciones y aumentando los aranceles a cargo de los trabajadores, la burocracia está preparando la privatización.

En Bancarios, no sólo Zanola plantea la ‘salida’ de las contribuciones adicionales a cargo de los trabajadores. La lista 94-Azul Grana, por ejemplo, plantea que “la recaudación del aporte a la obra social debe complementarse con la cuota sindical… al que se le puede añadir la incorporación de alguna cuota módica como coseguro… que quiebre el estrangulamiento financiero impuesto por las patronales”. ¡Curioso este método de romper el ‘estrangulamiento’, metiendo la mano más a fondo en el bolsillo de los trabajadores! La ‘oposición’ va inclusive más allá, porque plantea “delinear un plan de salud básica para el gremio bancario”, precisamente lo que reclama el Banco Mundial cuando plantea garantizar exclusivamente un básico o mínimo de alcance asistencial y arancelizar todo el resto (99%) de las prestaciones.

El decreto 492, al establecer el PMO —Programa Médico Obligatorio— ofrece esa cobertura mínima o básica, con lo cual anula la cobertura universal y solidaria. La UTPBA formó una mutual complementaria de la obra social, a cargo del trabajador.

El PO plantea la derogación del decreto 492, el 292 y todos los decretos de desregulación de las obras sociales, la defensa de la cobertura universal y solidaria y un plan único de salud estatal bajo control de los trabajadores.