06/12/2000 | 691

Obras sociales: La «bancarización» de la salud

Finalmente, con el decreto de obras sociales, el gobierno decidió una privatización de la salud que recibió la crítica generalizada de las empresas de medicina privada. Las dos cámaras que agrupan a esas patronales se manifestaron en contra y la mayoría adelantó que no participaría del proceso privatizador.


¿Cómo se explica que los «privados» estén en contra de esta privatización? Simplemente, porque la privatización que se quiere poner en marcha no está destinada a beneficiar a las actuales prepagas sino a los grandes grupos financieros. Para entender esto conviene recordar que la mayoría de las prepagas (Medicus, Swiss Medical, Omint, etc.) son empresas básicamente pequeñas, de capital nacional, con muy poca injerencia de los grandes pulpos de la salud.


Dos posiciones


Meses atrás el Ministerio de Salud anunció que la desregulación de las obras sociales se haría en forma segmentada. Esto es, que se mantendría la división actual entre personal jerárquico y afiliados sindicales y que las prepagas podrían elegir participar en uno o en los dos segmentos.


Esta posición mereció rápidamente el apoyo de las prepagas y también de la burocracia sindical. Con esto las prepagas podían actuar como obra social del personal jerárquico y quedarse así con el suculento negocio de los aportes de los altos salarios. Como con este esquema los afiliados sindicales no podrían pasarse a una obra social jerárquica y las prepagas no tendrían interés en captar afiliados de sueldos bajos, la burocracia se aseguraba el mantenimiento de su dominio sobre las obras sociales sindicales.


Esta posición de Salud permitía a las prepagas avanzar entre el personal jerárquico, fortaleciéndose como empresas para después, en una segunda etapa, avanzar sobre el mercado de las obras sociales sindicales.


Apenas se conoció esta posición de Salud, Economía salió a criticarla públicamente y planteó que la desregulación debía ser de «todos contra todos». En otras palabras, las prepagas debían actuar tanto entre los afiliados del personal jerárquico como entre los sindicales. Y cualquier trabajador podría elegir una prepaga, una obra social de dirección o una obra social sindical.


El argumento de Economía fue más o menos el siguiente: «No queremos que las prepagas se limiten a actuar en las obras sociales de dirección, sino que queremos que actúen en todo el sistema, en especial donde está la gran masa de afiliados. O sea, entre las obras sociales sindicales».


Así planteadas las cosas, la posición de Economía apuntaba más lejos que Salud: al desembarco directo de grandes pulpos de la salud, facilitándoles una entrada a fondo en el sistema para hacer frente a las obras sociales sindicales, de dirección y prepagas.


Un alto directivo de Osde -una obra social de dirección que quedaría desplazada del negocio- reveló la jugada del gobierno. «Hay una actitud irresponsable del gobierno en tomar una decisión abrupta. Acá se ha jugado una reforma en términos económicos más que en términos de salud. Este es un negocio que pactó el Fondo Monetario Internacional. Al final está la bancarización de la salud» (La Nación, 1/12).


Esto se complementa con las resoluciones de la Superintendencia de Salud que fijan un capital mínimo de entre un millón y tres millones de pesos para las empresas privadas que intervengan en el campo de las obras sociales.


La medida fue exigida por esos grandes pulpos para monopolizar el sistema y desplazar a las prepagas chicas. Pablo Giordano, el «patrón» de una de las Cámaras de prepagas, admitió que «con las reglas fijadas se está facilitando que grandes instituciones financieras manejen esta actividad y que queden relegadas las entidades genuinas del ámbito de la salud» (Ambito Financiero, 8/8).


En los próximos días, seguramente, nuevas empresas o prepagas vinculadas a grupos financieros comenzarán a adherir a la privatización en marcha. No por casualidad el llamado «blindaje financiero», entre otras cosas, está condicionado a esta privatización de las obras sociales.


Con la privatización, la salud cambia en el sentido exactamente inverso a las necesidades de la población. En lugar de asegurar la salud de los que carecen de toda cobertura médica y de los que menos ganan, se privatiza la salud para agrandar los beneficios de un puñado de grandes pulpos.


El PO plantea:


* Derogación de los decretos de privatización de la salud.


* Plan de salud único bajo control de los trabajadores basado en el aporte exclusivo a cargo de las patronales.


* Nacionalización bajo control obrero de la medicina privada.

 

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