El intendente de Olavarría, Helios Eseverri, presentó un “proyecto” que pone en riesgo su reelección: se trata de ingresar en el negocio de la basura importando “16.000 toneladas diarias de residuos de Capital Federal para enterrar en las canteras locales” (El Popular, 15/7).

Las impugnaciones aparecieron de inmediato desde sectores de la comunidad, “muchos de los cuales votaron por Eseverri” (El Popular, 27/7): tres marchas en Loma Negra, dos en Sierras Bayas (ambas localidades de la zona serrana, con yacimientos calíferos en cuyas minas a cielo abierto se realizarían las deposiciones) y una en el centro de Olavarría, sumaron a miles de vecinos con un rotundo “No a la basura”. Distintas agrupaciones ecologistas y hasta el defensor adjunto de la ciudad de Buenos Aires, Antonio Brailovsky, recomendaron “hacer todo lo posible para que la basura no llegue” (El Popular, 3/8).

El PO fue el único partido que se manifestó públicamente contra el proyecto. El diputado nacional por el PJ Domingo Vitale apoyó inicialmente la iniciativa, procurando una inadvertida retirada de acuerdo a como crecía el rechazo popular. El candidato del Ari a intendente “participó de una marcha, pero no quiso hacer declaraciones” (El Popular, ídem).

Los argumentos oficiales son dos: el “proyecto” significaría un ingreso anual de alrededor de veinte millones de pesos, “equivalente al doble de lo que hoy ingresa por ‘Impuesto a la Piedra’” (tasa municipal de extracción minera), y 400 puestos de trabajo.

Los riesgos contaminantes son altos, ya que al estar Olavarría en una de las zonas más elevadas de la provincia, una contaminación de las napas acuíferas se transmitiría a varias localidades.

Quienes también guardan silencio de radio, son los responsables del grupo Loma Negra (¡!), a quienes en las marchas y debates se sindica como los verdaderos ganadores del “proyecto”, ya que cuentan con la concesión de Ferrosur (la línea del ex Roca Constitución-Bahía Blanca), candidato a transportar los residuos y con algunas de las canteras donde éstos se depositarían. Tampoco conforma el acuerdo suscripto con la Universidad del Centro para realizar los estudios de factibilidad.

Nuestra posición arrancó con una declaración que, bajo el título de “La bancarrota política se llama basura”, impugnó uno a uno los argumentos oficiales: si de dinero se trata, la obtención del monto equivalente “al doble de lo que se percibe en la actualidad por “Impuesto a la Piedra” (Eseverri dixit) podría conseguirse con la decisión política de volver el cobro de la tasa a su valor histórico (del 2 al 4% original), con arreglo a la ordenanza municipal de la década del cuarenta, en vigencia, y que así lo prescribe. Con referencia a los puestos de trabajo, las vanas promesas oficiales pueden rastrearse en cada uno de los “proyectos” que significaron pingües negocios… para los capitalistas, pero no crearon ni un solo puesto.

Agotadas las ganancias de la producción, van por las ganancias de los deshechos de la producción.

La salud y dignidad y el futuro de nuestros pibes resultan incompatibles con Eseverri y con el régimen social capitalista. Esta es la conclusión fundamental que ayudará a superar los reclamos solamente reivindica tivos, para dar cuerpo a una salida para el medio ambiente, para el desempleo y para la salud.

El PO plantea:

• • Para que en Olavarría haya trabajo y no basura sigamos el camino de Sasetru: abramos las fábricas y talleres cerrados.
• • Repartamos las horas de trabajo disponibles creando un cuarto turno sin disminuir el salario en las empresas locales que multiplican su producción para exportar, beneficiadas con la devaluación.
• • Restituyamos el valor histórico del “Impuesto a la Piedra” bajo control de los trabajadores y la comunidad.