Políticas

4/11/2010|1153

Operativo mediático en torno del crimen de Mariano Ferreyra

La desinformación respaldada

Joaquín Cardoso, Agencia Nodo Sur (www.agencianodosur.com.ar)

-Exclusivo de internet

Quienes piensan en el 26 de junio de 2002, el asesinato a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, recuerdan el enorme operativo mediático que impidió el esclarecimiento de los sucesos y favoreció -aunque sin completo éxito- la postura del Ejecutivo Nacional a cargo de Duhalde. En el siguiente artículo analizamos el comportamiento de los medios oficialistas ante el crimen de Mariano Ferreyra el miércoles 20 pasado.

Omisiones intencionales

La manipulación informativa y mediática en torno a las protestas sociales tiene tantos años como el desarrollo de demandas y movilizaciones de sectores explotados contra el régimen social que los explota. La manipulación de información no está mal en sí misma, sino que tiene que ver con la editorialización de los medios de acuerdo a los intereses que estos representan. Como otras instancias de la vida social, los medios de comunicación funcionan como mercancías destinadas a circular por el espacio del mercado, con el peso y la predominancia fundamentalmente de los distintos grupos de poder del orden dominante. Por eso, los trabajadores, estudiantes y desocupados son maniatados en su búsqueda de contar con su propia voz y sus propias organizaciones. La democracia es el sostén de esa injusticia, y entre los procesos de democratización, una deuda es la colocación de derechos y recursos para que todos los sectores políticos puedan expresarse (esto vale tanto para la circulación del mensaje mediático como del sindical).

Como expresión de la manipulación de los grandes medios, la desinformación puede presentar distintos matices y variables. Se presenta como omisión, como distorsión, como bravuras verbales o simplemente como selección predestinada de aspectos de un mismo suceso, y no otros. El mismo día que un joven del Partido Obrero, Mariano Ferreyra era asesinado, y tres compañeros más heridos de bala por una patota sindical de la Unión Ferroviaria en Avellaneda/Barracas, instantáneamente la noticia envolvió minutos y horas de todo el arco mediático privado de la televisión argentina. Faltó una cobertura, que tardó casi 5 horas en hacerse presente: la de canal 7. Del mismo modo que cuando en la fábrica Kraft, la policía y la infantería reprimían salvajemente a los trabajadores que ocuparon el lugar (en esa oportunidad todo el mundo lo transmitió en vivo exceptuando el canal estatal que livianamente ocupó su pantalla con dibujos animados), el miércoles 20 un programa de entretenimientos conducido por Badía ocultó la información de los graves sucesos de alcance nacional.

Empezaba así la estrategia del gobierno de quedar impoluto en aquél crimen y masacre.

“El loco suelto causó una muerte”. Desinformación día por día

No faltó para esta tentativa, la burla al pueblo todo con un discurso a la tarde-noche de Cristina Kirchner presentando un programa sobre escuelas agrotécnicas mientras el país se movilizaba por el crimen del compañero Mariano. Recién cuando los cronistas y movileros le preguntaron sobre lo sucedido, se mostró “dispuesta a encontrar a los autores materiales e intelectuales”.

El programa cabecera de los planes políticos y discursivos del gobierno, 678, se hizo eco durante casi 40 minutos del crimen de Ferreyra pero sólo con una intención: presentar el crimen como aislado del aparato político y sindical que promueve estas prácticas. Con la única prueba de una noticia en una página web del diario El Cronista, que sostenía que Pedraza, líder de la Unión Ferroviaria había tenido reuniones con Duhalde, sostuvieron todo el programa con invitados funcionarios como Parrilli y Coscia. El único programa periodístico de toda la televisión argentina que no invitó a un trabajador y/o dirigente político que había participado en los sucesos fue 678. Pero menos de 24 horas después, y después de que un allegado a la presidencia le haya confesado al diario La Nación que la noticia sobre Pedraza y Duhalde era de 2009 y que fue un “papelón”, el propio jefe de gabinete Aníbal Fernández desestimó esa conexión duhaldista -además de avalar el accionar de la policía[1].

El trascendido sugiere que para que prime la “teoría del loco suelto” es necesario señalar a Duhalde. Claro, la burocracia sindical data de una historia importantísima en el país, con lo cual, y habiendo conocido los gobiernos de todos los pelajes, es más fácil sindicar a los culpables como aliados de una experiencia de gobierno pasada, que a revisar todo el entramado cómplice y culpable de la alianza política de este gobierno con lo más podrido de las cúpulas gremiales y sus negociados.

Para que prospere “el loco suelto”, qué mejor que una buena dosis de “dos demonios” y “estigmatizar a la víctima”. Es un manual que Aníbal Fernández conoce de primera mano, cuando con Duhalde, Atanasof y Juan José Alvarez manejaron informativamente todos los hechos del Puente Pueyrredón en 2002 que terminó con el crimen de Kosteki y Santillán.

El diario Tiempo Argentino, del multimedio Spolsky, en su edición del domingo sostiene que hay que averiguar entre dos hipótesis: si estaba planificado “para generar conmoción política” o si hay vínculos con Duhalde. La ausencia de lo más evidente (una complicidad del estado a través de sus policías, de la burocracia con las empresas tercerizadas y de las patotas con los dirigentes máximos de la UF)convierte este discurso en sencillamente desinformador.

En la semana, Recalde y Tomada se manifestaron en el sentido de un “enfrentamiento”, a todas luces falso. Recalde señaló “acá hay un enfrentamiento interno de un sindicato donde participan partidos políticos” (Página/12, 20/10) y Tomada hizo lo propio: “consideró deplorable el enfrentamiento que le costó la vida a un militante del Partido Obrero” (ídem). El espectro progresista no se alejó ni un ápice de esta noción: Tito Nenna dijo que “Duhalde se juntó con Pedraza y hoy un grupo de matones se cargó contra los trabajadores” (Página/12).

Jueves y viernes, Página/12, el diario de mayor alcance a nivel circulación y con una indisimulada posición a favor del gobierno kirchnerista, siguió con la misma tónica, entre la teoría de los dos demonios y la retórica cartaabiertista que no pone ningún punto sobre las íes. Laura Vales dice en la nota principal que “morir por participar de una manifestación sindical” y en el “marco de una pelea entre gremios” es algo de otra época (Página/12, 21/10). La autora sabe que no fue una “pelea entre gremios”, sino una manifestación que incluso fue levantada por el marco tenso y violento que se vivía en las vías del ferrocarril, y una masacre a quemarropa, de espaldas, cuando ya se retiraban los trabajadores y con absoluta complicidad de la policía bonaerense y federal. En cambio Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, con su acostumbrada retórica intelectualoide, llama a “poner en suspenso nuestras convicciones” (sic) y “(la situación) exige designar de modos más eficaces e imaginativos esta coyuntura dramática del país” (21/10). El lapsus inicial -¿será que poner en suspenso sus convicciones implica acusar al gobierno que él mismo defiende? -inmediatamente él mismo lo anula: hay que designar de modos eficaces e imaginativos. Como siempre, sólo con nombrar de modo distinto y generar “otros relatos” podremos modificar la situación. El carro delante del caballo.

Para completar los chantajes, extorsiones y falsedades del kirchnerismo el día viernes, Cristina Kirchner salió a decir por twitter que los trabajadores y dirigentes del PO “anteponían” el pase a planta de los tercerizados a la declaración para esclarecer el caso. El Partido Obrero, junto a dirigentes de distintos partidos políticos y organizaciones brindaron una conferencia de prensa el mismo día que desestimó esa falsedad, y añadió que dos testigos habían declarado el mismo día más de diez horas. A su vez, la presidenta dijo que “no iba a permitir” que la gente vaya con palos y piedras a las movilizaciones (metiendo a todos en la misma bolsa y lavando de responsabilidad el accionar de la patota) y que “son los mismos que forzaron la puerta del Pizzurno los otros días” -en referencia a la Fuba y los estudiantes que habían protagonizado una protesta por el edificio de la facultad de Sociales. No se aviva la presidenta que esas tácticas persecutorias han fracaso rotundamente cuando las impulsó el decano kirchnerista Caletti los días de la toma.

Y llegamos al sábado con un exabrupto, una falacia y una confesión de partes. Una nota de Página/12 de Luis Bruchtein, después de hacer un análisis de los sucesos de la semana, concluye que un asesinato premeditado busca un clima de desequilibrio institucional que excede el conflicto gremial en sí. Primera mentira. No es un conflicto gremial, aunque si pasan a planta permanente los tercerizados por supuesto que hay conflicto como en todo gremio, porque engrosarían las filas de los afiliados a la UF. Acá hay un conflicto laboral, porque hay personas en la calle que ganan menos de la mitad que sus compañeros, a igual tarea.

Y con la peor lectura de los acontecimientos, inmediatamente después Bruchtein dice que “(el hecho) se produce cuando se plantea la participación de los trabajadores en las ganancias y poco después de una impresionante demostración de fuerza de la CGT” en River, que “llenó la cancha en forma pacífica”. No solamente Página/12 presenta el proyecto de Recalde como progresista (cuando es una maniobra de ajuste, pues subordina la participación de las ganancias a la productividad de la empresa, con el triste ejemplo de la empresa Firestone, donde la “participación” encubrió la superexplotación y las extorsiones), sino que encima vincula “el marco de desestabilización” (los famosos “destituyentes”) con un supuesto nerviosismo del empresariado y sectores de derecha por el proyecto de Recalde. Se olvida Bruchtein que lo que genera nerviosismo y evidencia la crisis política, es que el gobierno ha desarrollado un tejido de complicidades económicas y políticas con el empresariado y la burocracia sindical que despierta un enorme y ferviente impulso de las bases de trabajadores para impedir que utilicen sus organizaciones legítimas como prebendas con el sector político. Y eso es lo que explotó y lo que fue a buscar la patota con la complicidad policial: impedir la posibilidad de que los trabajadores tengan trabajo digno y que desarrollen sus propias organizaciones con mandato asambleario y participación democratizadora.

Obviamente se olvida también, que los que “pacíficamente” llenaron la cancha de River son los mismos que integran las cúpulas gremiales que agredieron y mataron a los compañeros el miércoles. Que no haya ido Pedraza al acto no exculpa esas responsabilidades.

La confesión de partes el mismo día sábado, es que Página 12 dice en un artículo que la estrategia del gobierno es “no recibir a Altamira” en una audiencia, porque eso funcionaría como “amplificador” de la “complicidad estatal” con los asesinos de Ferreyra (“Esperanza de justicia”, Página/12, 24/10).

Obligaciones y perspectivas Desde el mismo momento en que sucedió el crimen, el gobierno salió con una clara política manipuladora para despegar a la CGT de la Unión Ferroviaria, y para salir lo más limpio posible en las complicidades del Ejecutivo con la burocracia sindical.

Hay muchos intereses en juego, y la alianza política entre gobierno/CGT ratificada en el estadio de River la semana anterior, es parte de la estrategia política del gobierno por sostener su gobierno con posterioridad al embate electoral que recibió en 2008. De la transversalidad a la reforma política, de los movimientos sociales al cegetismo más ortodoxo. Todo con el trasfondo de una puja económica de subsidios,empresas, vaciamiento presupuestario de los servicios y explotación laboral.

Ahora, la responsabilidad política por el crimen de Mariano Ferreyra y el tiroteo a los militantes el miércoles 20, deberá ser exigida por el pueblo movilizado al gobierno nacional, por ser la máxima autoridad política. Se han pedido numerosas veces una audiencia con Cristina Kirchner para pensar los pasos a seguir y, como hemos consignado anteriormente, se han negado rotundamente para que la noticia no alcance la dimensión nacional que involucre decididamente a su gobierno. Es su obligación poner todos los recursos del estado para garantizar el juicio y castigo a los responsables, materiales y políticos.

La estigmatización de los sectores que luchan (“no permitiremos que vayan a manifestaciones con piedras y palos”, o “los que paran por Pablo Díaz en el Roca son iguales que los que se niegan a declarar a cambio de incorporación”, Cristina dixit), la omisión de las responsabilidades (Pedraza estuvo esa misma mañana reunido con Schiavi, secretario de transporte, Télam, 20/10, http://www.congreso.rieles.com/), el silencio mediático (Canal 7 puso flashes informativos por la situación ecuatoriana cada 15 minutos, y el miércoles no transmitieron nada hasta las 20 horas, aproximadamente), y distintos elementos periodísticos e informativos han sido utilizados en el peor de los sentidos (y medios que se pretenden “distintos” a los multimedios privados).

Periodismo es eso, aunque también solidaridad: la cronista de C5N que se presentó espontáneamente a los estrados judiciales (más allá de la empresa periodística a la cual pertenece como trabajadora) es un ejemplo que no sólo los ferroviarios sufren las políticas patronales y su asociación con las patotas sino toda la clase trabajadora.

Hoy están detenidos Pablo Díaz (Unión Ferroviaria) y Cristian Favale (barrabrava de Defensa y Justicia), pero no se ha hecho un llamado a declarar a Pedraza (principal responsable por la orden de impedir el corte de vías) ni hubo allanamientos a las comisarías bonaerenses y de la ederal que han puesto sus efectivos al servicio de la patota.

Exigimos juicio y castigo a todos los culpables, materiales e ideológicos.

Con esa consigna nos movilizaremos las veces que hagan falta hasta que haya justicia.

25 de octubre de 2010