En el paraje Cañada Larga, departamento Cruz del Eje, cuatro familias y más de veinte vecinos sufrieron un operativo de más de veinte policías, con varios móviles, chalecos antibalas, escudos y armas de grueso calibre, que tenían orden de arrestar a los campesinos que defendían su posesión. El empresario incendió los cercados de rama de las familias, e intenta despojarlos de más de 1.000 hectáreas de campos de pastoreo, lo que implica el fin de sus sistemas productivos. Los campesinos decidieron manifestar y detener en forma pacífica los trabajos del empresario, con una sentada en el lugar de trabajo; ante esta decisión se presentó en el paraje rural un operativo policial de una magnitud inexplicable. Ante la resistencia de las familias campesinas, se hicieron presentes el fiscal Casado y el secretario Domínguez, con intención de detener a los que se opusieran al empresario. Ante los desesperados reclamos de los pobladores, constataron los daños realizados y prometieron facilitar un compás de espera hasta que las familias inicien acciones de no innovar en la Justicia civil de Cruz del Eje; luego de esto se retiraron, junto con la policía. Recordamos que estos hechos forman parte del conflicto vivido a principios de año, que dejó como saldo más de doce campesinos imputados, y generó fuertes movilizaciones a los tribunales de Cruz del Eje. Preguntamos entonces por qué suceden estos hechos en la más brutal impunidad, por qué la Justicia y la fuerza pública acompañan los despojos a campesinos y campesinas que tienen toda una vida de trabajo en el campo. No abandonaremos la lucha en defensa de la vida campesina, y durante estos días, además de presentar acciones legales, el caso será comunicado a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, y se ha confirmado una audiencia nacional para los próximos días con jueces de la Corte Suprema de la Nación.

¡Peticionar derechos humanos básicos a los encargados de garantizarlos no es delito!