El desalojo de los asentamientos del barrio El Milagro y 25 de Mayo y las detenciones de los compañeros Tolay y Mamaní, militantes del PO y dirigentes municipales, y la golpiza sufrida por el periodista Samuel Huerga, fue un operativo político del gobierno con la complicidad de los jueces.

El bloque de diputados del PO presentó un proyecto pidiendo la destitución del secretario de Seguridad. Ningún bloque aceptó siquiera su tratamiento, pero se vieron obligados a encomendar a la comisión de derechos humanos a viajar a Orán.

En su visita, la comisión pudo constatar todas las denuncias que hizo el PO. Los videos fueron elocuentes; más todavía los testimonios de los vecinos, que no sólo denunciaron la represión sino también la gravedad de la crisis habitacional. La entrevista con la jueza que ordenó la detención de Rubén Tolay, Josefa Cardozo (ex concejal por el Partido Obrero) y de una dirigente aborigen dejó en claro la arbitrariedad de esas detenciones. El video donde se ve la detención de Mamaní y la agresión a Huerga deja en claro que a Mamaní le inventaron una causa. La libertad de Mamaní, al día siguiente de la visita de la comisión, lo confirma. Habían bajado la acusación a una causa excarcelable.

Esto es un paso adelante contra este operativo represivo que viene desde los gobiernos provincial y municipal. El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, que dijo que Salta pasaba de un Estado policial a un Estado social, se desmintió a sí mismo cuando salió en todos los medios a defender el operativo y acusar al PO. Amenazó, incluso, con proscribir al PO.

Se dio un paso, pero hay que seguir hasta que paguen los responsables materiales y políticos de la represión. Hay que evitar el encubrimiento que se está urdiendo a través del planteo de que hubo excesos de los policías. Por eso el bloque de la bancada obrera insistirá con su proyecto. 

Hay que plantear ante todo el pueblo el programa de salida al déficit habitacional: que los grandes terrenos urbanos se destinen a vivienda, que se habiliten las 70 hectáreas que eran del ingenio Ledesma y que se expropien tierras urbanas que tiene el Ingenio e impiden el desarrollo de la ciudad.

Pablo López