En la negociación de la deuda bonaerense, el gobernador Axel Kicillof dio otro paso atrás y ofreció a los acreedores titulares de los bonos por u$s275 millones que vencieron ayer, y a los que les propone una postergación del pago hasta el próximo 1º de mayo, abonarles ahora, “en forma anticipada y en su totalidad”, los u$s7 millones correspondientes a los intereses de los tres meses de diferimiento, si es que aceptan el aplazamiento del pago.

Esta “oferta” se suma a la declaración de fe anterior realizada por el gobierno bonaerense de que haría efectivo, sin condicionamiento alguno, el pago en fecha (fines de este mes) de los u$s27 millones correspondientes a intereses ya devengados por ese bono (BP21).

La nueva propuesta muestra que, al contrario de lo que sostuviera hoy el gobernador bonaerense, de que cuenta con el apoyo de un "importante número" de acreedores para su propuesta, la negociación se encontraría con grandes escollos por delante y la administración de la provincia está lejos de haber alcanzado el aval del 75% de los bonistas necesario para lograr la aprobación de la postergación del pago.

Al decir de un vocero de esos bonistas en el gobierno bonaerense, “perdieron el tiempo durante dos meses y después nos cantaron retruco con un cuatro de copas". En un comunicado dado a conocer por un comité que los agrupa, reclaman por la “ausencia de un plan integral para (pagar) la deuda de la provincia" y dicen que están dispuestos a "entablar negociaciones de buena fe sobre la base de un plan económico sólido e integral" (La Nación, 23/1).

Es decir que el gobierno de Kicillof realiza una nueva concesión sin siquiera tener la seguridad de que la oferta de postergación sea aceptada por los poseedores de los bonos. Y que el camino sea el default.

Es que los acreedores –y esto vale también para los de la deuda que debe renegociar el gobierno nacional- están a la espera de las medidas de ajuste que tome el gobierno para lograr las condiciones de “sustentabilidad” en el pago de la deuda. Aunque han avalado algunas de ellas, como el congelamiento de la movilidad jubilatoria y las paritarias, pretenden que el gobierno vaya más a fondo en la ofensiva antiobrera y antipopular.

Desde el gobierno nacional han colocado esta negociación como una avanzada de la nacional. El ministro de Economía, Martín Guzmán, se encargó de aclarar que “la provincia coordina con la Nación la estrategia, no es que se lanzó sola” y llamó a “que haya voluntad por parte de los bonistas para tener una solución ordenada, porque si la solución termina siendo desordenada, se van a perjudicar todas las partes”.

Por eso es adecuada la figura del “cuatro de copas”. Es que el plazo de diferimiento pedido por Kicillof es de apenas tres meses e incluso el monto es relativamente menor, en el marco de los u$s60.000 millones que deberían abonarse a nivel nacional en el 2020.

Los bonistas esperan y presionan contra la carta más baja. Simplemente no quieren que aparezca ganando la partida el jugador que la tiene. Esta oferta de adelantar los intereses podría suponer un requisito mínimo para que acepten la limitada postergación pedida. El plazo para llegar a un acuerdo es corto.

El cuadro de las negociaciones es el de una baja sostenida en el valor de los bonos (actualmente rondan el 60% del nominal). El peligro que enfrenta el gobierno es que los mismos, si la baja persiste, es que se coloquen en el radar de los fondos buitre y que comience el mismo derrotero de los que terminaron en las oficinas del juez Thomas Poole Griesa, ya que están suscriptos bajo jurisdicción norteamericana.