Las cuatro principales Afjp aumentaron entre un 8,7 y 26% las comisiones que les cobran a sus afiliados. Este aumento significa que del aporte total, irá menos dinero a la cuenta individual del afiliado, lo cual, hacia el futuro, implica una menor jubilación.

Con los nuevos valores, “la comisión representará entre el 27,67 y el 32,22% del aporte total” (Clarín, 25/3). Pero respecto al aporte que va a la cuenta del trabajador, la comisión pasa a ser entre el 40,62 y el 47,54%. De cada 10 pesos de aporte, casi 5 se queda la Afjp y el resto va a la cuenta del afiliado.

El argumento que dieron las Afjp para aumentar las comisiones es que aumentó el costo del seguro que financia las pensiones de invalidez y fallecimiento. Pero ese seguro está manejado por compañías de seguros que pertenecen a los mismos grupos financieros que las Afjp, que además pertenecen a bancos. O sea que todo queda en la misma bolsa.

Pero los diarios aportaron otras pistas: que el aumento del costo del seguro “no se debe tanto al aumento de la siniestralidad sino porque en pesos casi se duplicaron los fondos que las Afjp tienen en sus carteras. Y la razón es que los títulos públicos están valuados a 1,40 peso más el CER, aunque su valor real sería más bajo” (Clarín, 22/3).

Así, para disimular aún más las pérdidas de los fondos de los jubilados, el gobierno permitió que los fondos estén artificialmente más altos de lo que valen. Con esto, los que ahora se pensionan están obteniendo haberes menos bajos que los que resultarían de tener los fondos valuados al precio de mercado. Esa diferencia no la pagan las Afjp o las compañías de seguros vinculadas, sino todos los afiliados a través de un aumento de las comisiones.

Además de soportar la pérdida del valor de los fondos – lo que significa una menor jubilación – , los afiliados cargan con una mayor comisión, lo que implica también una menor jubilación futura. Por donde se la mire, la jubilación privada es un sistema confiscatorio.

Ante este nuevo engaño y expoliación de los trabajadores, el PO plantea:

• • Anulación del sistema de jubilación privada.
• • Traspaso de todos los fondos al Estado.
• • Jubilación equivalente al 82% móvil sobre la base del aporte exclusivo de las patronales.
• • Control obrero del sistema previsional.