El gobierno anunció que le descontará el aumento en los haberes a 276 mil jubilados a los que les había otorgado un monto arbitrario de manera unilateral (en muchos casos desde hace dos años) porque no aceptaron las condiciones impuestas por el Anses. La más importante de estas condiciones consiste en que deben renunciar al juicio por actualización de haberes que estuvieran realizando o desistir del derecho a hacer cualquier tipo de reclamo judicial futuro si es que no lo hubieran iniciado.

Esto pese a que la explicación dada por el Anses a la hora de otorgarlo fue que se trata de “una respuesta a la emergencia” dado “el prolongado tiempo que se ven obligados a litigar los adultos mayores en pos del cumplimiento de sus derechos”.

Es decir que el propio Estado reconoce que se trata de un anticipo por un derecho conculcado a los jubilados, al que ahora quita de la misma manera arbitraria que en la fijación del monto.

Esta verdadera extorsión contra el elemental derecho a reclamar lo que corresponde ante una exacción discrecional por parte del Estado, golpea a uno de los sectores más vulnerables dentro de los jubilados ya que se trata de aquellos mayores de 80 años o que tienen enfermedades graves.

Por los porcentajes que recibieron los jubilados en esta “reparación histórica”, como la denominó cínicamente el gobierno (en promedio rondan el 15 al 20 por ciento) el recorte equivale aproximadamente a los aumentos que recibieron los jubilados durante este último año -19%- lo cual supuso, además, una pérdida de más del 10% respecto de la inflación de los últimos doce meses.

La cantidad de jubilados que está perjudicada por este nuevo ataque a las condiciones de vida de quienes sobreviven con haberes miserables de $8700 (la mínima) u $11.000 (promedio de las jubilaciones) siempre fue un secreto guardado por el Anses. Ahora indica que se trata de 140 mil jubilados a los que se les retira el aumento de manera directa y que otros 126 mil –que habría comenzado pero no terminado el trámite de renuncia a los derechos- tendrán como plazo máximo para hacerlo el próximo 30 de este mes de septiembre.

La presión oficial para liquidar todo tipo de reclamo al Anses queda clara en el anuncio de que liquidaba los aumentos. El organismo previsional indicó allí que los 140 mil jubilados afectados podrán volver a cobrar la “reparación” si completan el trámite de renuncia a los derechos de litigar por cualquier tipo de actualización. 

Además, el gobierno lleva adelante el recorte haciendo caso omiso no solo a que la Justicia se pronunciara por la mantención de los reajustes otorgados. Varios fallos judiciales del foro de la Seguridad Social han salido favorables a los jubilados que reclamaron la mantención del reajuste porque, dicen las sentencias, debe tomarse como adelanto del juicio que están realizando o porque supone un reconocimiento de una deuda por parte del Anses.

Estas maniobras y estafas forman parte de la ofensiva más general del gobierno sobre el sistema previsional y los jubilados, que el acuerdo con el FMI ha potenciado.

El gobierno prepara una ofensiva mayor que incluye el aumento de la edad jubilatoria, un nuevo cambio en la forma de cálculo de los reajustes que los aleje aún más del alza de los precios, un haber inicial que sea significativamente menor actual y un nuevo proceso de privatización de las jubilaciones.

Es un ataque a fondo a la condición de vida de los actuales y de los futuros jubilados. Por esa razón se necesita una lucha común de jubilados y trabajadores activos para parar este camino a la barbarie de quienes trabajan y aportan toda su vida laboral y cuyo futuro previsional depende del resultado de esta pelea crucial, continuidad de la que dimos el pasado diciembre ante el Congreso.