El reciente fallo de la Corte Suprema que entre sus considerandos plantea que se niegan “prestaciones alimentarias promovidas por adultos mayores” que “deben ser satisfechas en vida de sus titulares”, sólo “se limita a redistribuir los miles y miles de expedientes y los que se presenten a futuro” (I. Bermúdez, Clarín). Luego de que durante años se acumularan más de 340 mil juicios contra la Anses por reajustes de haberes, la Corte se limita a cambiar las vías procesales, dando lugar a la intervención de cámaras federales provinciales.

Según el Defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, “en adelante, al diseminarse las causas en 24 jurisdicciones, podrían surgir criterios jurisprudenciales y doctrinarios disonantes”, lo que redundaría en mayores conflictos y alargamiento de las causas.

Un bloqueo sistemático

Los jubilados realizan juicios individuales que demoran años (y ceden el 30% de las sentencias a los abogados), debido a que la Corte rechaza desde 2008 el pedido de la Defensoría del Pueblo que reclama la extensión del “fallo Badaro” a todos los jubilados a los que les corresponde, hayan iniciado o no juicio. El fallo dictado en 2007 ajustó más del 60% el haber jubilatorio percibido entre 2002 y 2006, aumentándolo según el índice de salarios. Desde ese momento la política oficial ha sido la de apelar y postergar el pago de centenares de miles de reclamos. Al mismo tiempo, se propuso bloquear nuevos juicios por el período posterior a 2007 al aprobar y reglamentar en 2009 la ley de “movilidad jubilatoria”. Al establecerel ajuste de haberes en función de los aumentos salariales y la recaudación fiscal, la jubilación quedaba congelaba en términos reales, “actualizada” por un índice que fue varios años menor a la inflación. “No se le pagará al jubilado la retroactividad, sino que la ‘movilidad’ se implementará a partir de un haber un 40% inferior”, denunciaba “Prensa Obrera” en 2008 (PO Nº 1.045).

Por el pago inmediato y el 82% móvil

Los cruces posteriores al fallo de la Corte entre Bossio (el actual titular de la Anses) y Massa (que estuvo al frente del organismo entre 2002 y 2007), son cacareos entre confiscadores. Massa fue quién vehiculizó el congelamiento jubilatorio que obligó a los juicios posteriores y avaló la pesificación de los fondos jubilatorios, canjeando las tenencias de títulos públicos vencidos y en dólares que tenían la Anses y las AFJP, por bonos en pesos devaluados con vencimiento en 2045. Por su parte, Bossio bloquea desde hace años los juicios y los pagos de sentencias y le entrega los recursos de la Anses al gobierno para sostener el pago de la deuda externa.

Los proyectos de ley presentados por la oposición que plantean el 82% móvil (como el de Unen), lo hacen aplicando ese porcentaje al salario mínimo de 3.600 pesos y no del sueldo en actividad, legitimando las jubilaciones miserables. El Frente de Izquierda plantea la inmediata generalización del fallo Badaro a todos los jubilados, el pago de las actualizaciones acumuladas, y el 82% móvil sobre la base de un sueldo mínimo de 9.000 pesos para los trabajadores activos, con una Anses administrada por jubilados y trabajadores.

Sergio Szulman