La denuncia de que la masacre de Coronda era un enorme salto en el proceso de descomposición del sistema carcelario argentino, y que los 14 asesinatos habían sido abiertamente premeditados con la anuencia de un sector del Servicio Penitenciario, realizada en Prensa Obrera N° 899, se ha confirmado plenamente con el correr de los días.

Uno de los guardiacárceles, y dos detenidos en Coronda acaban de revelar que el motín tuvo ayuda del Servicio Penitenciario. El guardiacárcel Oscar Yosviak “denunció las actitudes sospechosas de uno de sus colegas cuando le salvó la vida a un preso que lo tenía como rehén; sostuvo que le resultó extraño que, finalizado el conflicto, los presos le devolvieran el celular a su compañero; y declaró que en los planos entregados al juez figuraba una reja que no existía y que de haber existido se hubiera evitado la masacre” (Página/12, 13/5).

El relato de Yosviak confirma la absoluta premeditación de los asesinatos y la abierta impunidad con que actuaron los asesinos, a “puertas abiertas y absolutamente sobrios, confirmando que no hubo acciones inducidas por las drogas”.

La complicidad del Servicio Penitenciario aún está lejos de concluir. En el artículo advertíamos que si no se tomaban drásticas medidas habría otra masacre. “Las denuncias puntuales efectuadas por dos detenidos y por un guardiacárcel sobre el papel que tuvieron varios penitenciarios en la planificación de la masacre de Coronda, a quienes acusaron con nombre y apellido, desató al parecer una contraofensiva por parte de los partidarios de la ‘mano dura’. El domingo pasado ‘manos anónimas’ dejaron una bolsa de chuzas en un baño del penal, pero esta vez los presos no se hicieron eco de la provocación” (El Ciudadano, 20/5).

La situación en Coronda es insostenible. Las denuncias con nombre y apellido son abrumadoras. “Los presos Ramón Castaño y Ariel Maschio acusaron a un alcalde de Coronda, a quien identificaron con el apellido Ferreira, de ser uno de los entregadores de los reclusos del pabellón 1 de ese penal, y a otros seis penitenciarios, entre ellos el alcalde Mansilla” (El Ciudadano, 20/5).

Volvemos a señalar: es necesaria la inmediata separación de sus cargos de todos los guardiacárceles y la dirección del penal como corresponsables de los asesinatos; el inmediato traslado de los 46 presos señalados como posibles víctimas, y la formación de una comisión investigadora independiente para el esclarecimiento de los crímenes y el juicio y castigo de los responsables materiales e intelectuales de los hechos.

La situación es de tal impunidad que ni siquiera está garantizada la protección de los que están declarando. El diario El Ciudadano, de Rosario, sacó en nota de tapa un título aterrador: “En Coronda invitan a matar”.