Los asesinatos perpetrados prácticamente sin solución de continuidad por la policía, primero en José León Suárez y luego en Baradero, han puesto nuevamente en el candelero la cuestión de la Bonaerense.

Estos episodios han sido tomados por el kirchnerismo para pedir la cabeza del jefe de policía Juan Carlos Paggi y del secretario de Seguridad, Ricardo Casal. Las caras visibles de estos reclamos son Arslanián y Verbitsky, quienes actúan con el visto bueno de la Casa Rosada. A la escalada se han sumado los sabbatellistas.

La cuestión de fondo

Los episodios últimos son moneda corriente. La “maldita policía” se ha vuelto un aparato gigantesco e incontrolable. Este aparato -que se ha desarrollado para ejercer la represión política y social- ha armado sus propias redes, sus cajas recaudadoras y sus propias conexiones delictivas o aparatos de delito. En estas condiciones, en contradicción consigo mismo para asegurar el orden social sobre el que se asienta, el Estado mina el principio básico de cualquier organización social: la seguridad individual.

Scioli

La política de Scioli consistió en devolverle a la policía “capacidad de gestión”, desandando algunos cambios que había hecho Arslanián. Como parte de ello, la fuerza recuperó la figura del jefe de policía -lo cual es denunciado por los críticos como un retorno al “autogobierno” policial. Además, el anterior secretario de Seguridad, Stornelli, le había asegurado a la Bonaerense que no habría más purgas. Esta impunidad potenció el delito, las torturas y los casos de gatillo fácil. Para el ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y ex funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense, Marcelo Saín (ahora sabbatellista), “la policía se autofinancia con la regulación del delito, como la trata de personas, el narcotráfico y el robo de coches”. Pero agrega: “La política no quiere cambiar esto”. Tampoco él, cuando fue viceministro de Seguridad de la provincia.

La nueva seguidilla de asesinatos de la policía, por otra parte, se produce cuando Scioli está en plena campaña para que se baje la edad de imputabilidad a los 14 años, algo que la Presidenta juzgó admisible en una declaración.

Cómo andamos por casa

Scioli ha hecho una purga cosmética en la institución policial. La defensa de Casal, en medio de la actual crisis política en desarrollo, se ha convertido en un acto casi de supervivencia: fue con los tapones de punta contra el tandem Arslanián y Verbitsky -a quienes acusa, a su vez, de defender la política de Solá o Duhalde. Arslanián fue ministro en ambas gestiones. La reformas que puso en marcha -y que tuvo tiempo de probar, pues arrancan en 1988 y, con interrupciones, continuaron hasta 2007. Dividió al conurbano en cuatro departamentos con otros tantos comisarios al frente, pero apenas seis meses después, tres de ellos habían sido destituidos: dos por corruptos y un tercero por encubrir un caso de gatillo fácil. Cargó sobre sus espaldas numerosos casos de gatillo fácil. Las sucesivas purgas no sirvieron para “regenerar la institución”. El personal desplazado terminó reciclado en la seguridad privada, cuya expansión ha sido proporcional al aumento de la inseguridad. Esta suerte de privatización se extendió al propio personal en actividad. La policía adicional es una fuente de corrupción y entrelazamiento con el mundo de los negocios.

Tiempos pasados

Bajo la presidencia de Néstor Kirchner y la gestión Arslanián, murieron 928 personas como consecuencia del gatillo fácil y la tortura en cárceles y comisarías -más de la mitad de ellas en la provincia de Buenos Aires. Luego, en los dos primeros años de Cristina tuvieron lugar otros 392 (informe presentado por la Correpi en el año 2009). Tampoco podemos olvidarnos de Julio López y Luciano Arruga, casos aún impunes.

La necesidad de disolver a la corrupta Bonaerense y su sustitución por un nuevo cuerpo -bajo dirección de los organismos de derechos humanos y asambleas populares de trabajadores y vecinos- plantea la lucha por un gobierno de trabajadores.