A ninguna de las empresas de periodismo que cubrieron el juicio contra Gorriarán Merlo y Ana María Sívori, ni tampoco a la pléyade de ‘periodistas de investigación’ o‘independientes’ que vienen ocupando la primera plana de la información en los últimos tiempos; a ninguno de éstos se les pasó por la cabeza que la condena a los dos militantes del MTP constituye un fuerte golpe contra las libertades democráticas, con el agregado de una manifestación flagrante del carácter parcial y contrarrevolucionario del poder judicial.

Fue nada menos que la defensora de oficio, es decir, designada por el Estado, la que se encargó de demostrar la inexistencia de las pruebas que pudieran incriminar a Ana María Sívori y la ilegalidad de la detención de Gorriarán, para invalidar el proceso que se armó en su contra. Del principio al fin se trató de un juicio político con final anunciado, porque precisamente para eso fue secuestrado Gorriarán en México en un operativo clandestino conjunto de los servicios de los estados de Argentina y México.

Naturalmente, la opinión ilustrada de los ‘medios’ es que Gorriarán cometió el crimen supremo de atentar contra la democracia, por lo que no le caben los honores, gracias o indultos debidos a las ‘víctimas’ de la dictadura militar. Pero esa opinión es infundada y, por qué no, interesada. El asalto al cuartel de La Tablada no fue reprimido por medios democráticos, o sea con los medios que usó el pueblo cuando se movilizó contra los levantamientos carapintadas de las ‘felices pascuas’, Monte Caseros y Villa Martelli. La torpe ocupación que encaró el MTP fue reprimida por un alto mando cómplice de la dictadura y responsable de sus crímenes, y por una legión de ‘carapintadas’ en retiro, que se presentaron ‘espontáneamente’ para participar de la masacre. A los asaltantes no se los intimó a rendirse, sino que fueron masacrados; varios sobrevivientes fueron torturados antes de ser asesinados y, muchos de ellos, aún hoy se encuentran desaparecidos. Ni siquiera se puede decir que la represión fue ejercida por un gobierno democrático, ya que éste actuó bajo la extorsión y el ultimátum militares, los cuales no querían salidas pacíficas, sin mencionar el hecho de que Alfonsín perdió sus últimas plumas de demócrata y de gobernante constitucional, cuando se entregó en tres oportunidades a bandas armadas sediciosas.

El democratismo barato que se enseñoreó del país desde 1983 sólo defiende a los ciudadanos que cayeron ante la dictadura militar en calidad de ‘víctimas’, no a los que lucharon contra ella. A éstos se los acusa de haber sido la causa eficiente del surgimiento de la dictadura militar. Tanta complacencia explica por qué los demócratas baratos se han congraciado tan rápidamente con los indultos y con el consuelo de que son un hecho consumado.

Para asegurar la virginidad del democratismo barato, el tribunal judicial se negó a investigar las condiciones políticas que produjeron el asalto del MTP y la masacre alfonsino-militar. Se negó por eso a citar a declarar a Alfonsín, Menem, Nosiglia, Anzorregui, Seineldín y los demás. La investigación que no tuvo lugar, habría demostrado las conspiraciones y contraconspiraciones que se tramaban desde el poder y desde la oposición y que, a no dudarlo, constituyen el antecedente de la caída anticipada de Alfonsín, empujado por la desestabilización de los Bunge y Born y Citibank y por las acciones de los punteros menemistas en las barriadas afectadas por la hiperinflación.

Gorriarán Merlo defendió con mucha dignidad su trayectoria política y guerrillera en su alegato final. Saldó sus cuentas morales con los fiscales y sus mandantes cuando contrapuso a Videla, Camps y Suárez Mason con Rodolfo Walsh, Haroldo Conti y Cacho Perrota; si yo hubiera sido un militar asesino, un violador de mujeres embarazadas o un ladrón de niños en cautiverio, dijo, ahora estaría libre e indultado.

Pero la posición política que volvió a exponer Gorriarán, demuestra su colosal limitación para comprender al país, sus clases y sus partidos. Una década y media después, volvió a reivindicar la condición democrática y popular del gobierno de Alfonsín, que sólo lo defraudó a partir de las Pascuas del 87. Es decir que, para Gorriarán, el de Alfonsín no fue un gobierno proimperialista de la gran burguesía nativa, que sólo pudo llegar al poder luego de haber pactado con el gobierno norteamericano la desmalvinización de la política argentina, lo que ocurrió cuando en plena guerra propuso un gobierno de transición encabezado por Illia, que debía retirar las tropas de la isla. Para las famosas Pascuas, Alfonsín ya tenía varios acuerdos con el FMI en el bolsillo, lo que explica que el imperialismo lo hubiera defendido frente al levantamiento‘carapintada’.

El alegato de Gorriarán está construido sobre la entelequia de la lucha de los civiles contra los militares, la misma precisamente que caracterizó al PRT-ERP desde su fundación. Porque aunque sorprenda al periodismo de moda, el PRT-ERP fundó toda su política en esa entelequia, nunca en la lucha de clases y menos en la acción histórica independiente de la clase obrera.

La incapacidad del periodismo para capturar lo que estuvo en juego en el juicio contra estos dos compañeros guerrilleros, no solamente obedece al carácter empresarial, es decir, capitalista, del periodismo. También marca los límites democratizantes del llamado periodismo independiente, que se ha trazado sus propios límites contra los movimientos clasistas, revolucionarios o consecuentemente socialistas. El periodismo independiente se ve a sí mismo como la supra-conciencia democrática del país y es por eso que adquiere un carácter contrarrevolucionario, no ya frente a los movimientos auténticamente contestatarios, sino incluso ante sus símbolos o expresiones figuradas.

Por eso acaba de convalidar un violento ataque a las libertades democráticas y al mismo estado de derecho.