La ley de reforma previsional establece un primer “castigo” para los trabajadores que permanezcan en el sistema estatal: se les reconocerá solamente un 0,85% del salario promedio de los últimos 10 años por cada año trabajado, lo que da, después de 30 años de aportes, un haber jubilatorio de apenas el 25,5% (0,85 x 30) del salario. Sin embargo, pareciera que semejante exacción no ha sido suficientemente “disuasiva”, ya que se estima que “una gran cantidad de trabajadores permanecerán en el ámbito público por precaución …” (Clarín, 7/2). Si este nuevo atropello no alcanzara para “convencer” a los trabajadores, ya los “cerebros” de la Fundación Medite-rránea y de las AFJP lograron “inventar” otros.

Según una reciente información, los trabajadores que a partir de julio decidan mantenerse en el sistema jubilatorio estatal, perderán el derecho a ese 0,85% por los años aportados a partir de julio de 1994 si luego deciden pasar al sistema privado (Clarín, 7/2). Se trata de una violenta discriminación contra los compañeros que rehúsen meterse en la “jubilación privada”, completamente ilegal —ya que “no está contemplado en la ley de reforma previsional”— y hasta inconstitucional, porque autoriza al Estado a desconocer derechos adquiridos. El único y evidente objetivo de este nuevo atropello es “disuadir” a los trabajadores de mantenerse en la jubilación estatal y “alentarlos” —con la pistola en la cabeza— a pasarse a la privada.

“Saldrá caro no entrar en la jubilación privada”, dice Clarín. Pero también resulta “caro”, y mucho, “entrar”: los trabajadores perderán la tercera parte de sus aportes, que irán a engrosar los bolsillos de los pulpos, en concepto de “comisiones” y “se-guros” (35% del aporte). Y encima, sin ninguna se-guridad sobre el haber que cobrarán al jubilarse,  porque dependerá de los rendimientos o quebrantos de los fondos privados.

“Cara” afuera, “cara” adentro: la “jubilación privada” es una auténtica masacre social.