En plena campaña electoral hacia las legislativas, el gobernador bonaerense Axel Kicillof presentó “en sociedad” los convenios firmados con los jefes comunales para definir las obras viales y de infraestructura en el marco del Fondo de Financiamiento Municipal (FIM), por un valor total de 12 mil millones de pesos. Kicillof se jactó en la conferencia de prensa del “plan de obras más grande de la provincia en toda su historia”, un autobombo para diferenciarse del gobierno nacional y hasta del propio Daniel Scioli, que aspira a encabezar la lista de diputados del oficialismo en la Provincia de Buenos Aires.

Según algunos medios, el kirchnerismo vetó a Santiago Cafiero como candidato provincial como parte de esta disputa. Siguiendo el libreto de “tierra arrasada”, el gobernador polarizó con la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, renuente a ir como candidata en la provincia en la lista de Juntos por el Cambio.

Faroleada y transa

El bolazo de Kicillof es muy claro si se compara al FIM con los 46 mil millones de pesos proyectados para construir las llamadas “minigobernaciones”, cuyo propósito es dotar al kirchnerismo de una estructura territorial allí donde gobierna Juntos por el Cambio; pero desplegada también en los distritos pejotistas, sobre los que tiene puestos los ojos Alberto Fernández. Las “minigobernaciones” son una avanzada de Cristina, Kicillof y Máximo en la estratégica provincia de Buenos Aires, pero también una amenaza de ajuste fiscal para reducir al personal de los organismos descentralizados en los distritos en nombre de la “desburocratización”.

Como señalamos reiteradamente en Prensa Obrera, el Frente de Todos gobierna pactando con los “neoliberales” en la Legislatura bonaerense. El “más grande plan de obras” es una gota en el océano en una provincia en default social que tienen un gigantesco déficit de urbanización, cloacas, agua potable, gas y viviendas. El FIM es hijo del pacto entre el gobierno del Frente de Todos y Juntos por el Cambio para aprobar el Presupuesto provincial 2021 de ajuste. Los jefes comunales arrancaron, entre otras concesiones, que el 50% de los fondos sean girados antes de las elecciones legislativas, señal clara de adónde irá la plata; y que el Fondo Municipal pueda ampliarse en otros 3 mil millones de pesos hasta totalizar 15.000 millones, es decir, el doble de los 7.000 millones que había ofrecido inicialmente el gobierno.

Un día después de que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, volviese a la carga con la reducción de la edad de imputabilidad para los menores de edad, el protegido de Cristina acusó a la ministra nacional Sabina Frederic de ser la “ministra con peor imagen del gobierno nacional”, y de “repartir gendarmes como caramelos”. El enfrentamiento entre “albertistas” y “cristinistas” cruje en la guerra por la primacía de las “fuerzas de seguridad”, que son el corazón del Estado capitalista.

Crisis financiera y autonomía municipal

Con la excusa de la “autonomía municipal”, el vicepresidente en ejercicio del PJ e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, blanqueó las “conversaciones” con Florencio Randazzo metido a armar la “vereda del medio” con pejotistas desplazados. Gray cargó contra la Cámpora y Máximo Kirchner por querer “copar” al peronismo bonaerense. En paralelo, Gustavo Menéndez, presidente del PJ de la provincia hasta diciembre procesado por corrupción, se metió en el debate de la “autonomía municipal” para reclamar una modificación de la Carta Orgánica de los municipios que permita a los intendentes “contraer empréstitos” sin depender de la autorización del gobernador.

El procesado Menéndez tira un cable a los jefes comunales que tienen las cuentas en rojo, y que son renuentes a las restricciones en la pandemia. Los pejotistas hablan de municipios en “sobrevivencia”, señalando que las “trabas a la autonomía están en Provincia”, y por lo tanto son responsabilidad de Kicillof. Los reclamos por la autonomía financiera son una manifestación de la crisis presupuestaria, pero también de la puja al interior del peronismo, donde Randazzo jugaría por fuera del Frente de Todos. Un informe reciente destaca que el 75% de los municipios están calificados como “de baja, poca o nula transparencia” en lo que es un llamado desembozado al ajuste cuando cae el cobro de las tasas por el incremento de la pobreza y la desocupación.

La bandera de la autonomía municipal es levantada por Juntos por el Cambio, cuyos intendentes saludaron el fallo reaccionario de la Corte Suprema en favor de Larreta y las clases presenciales. Jorge Macri, Gustavo Posse y otros intendentes macristas judicializaron la suspensión de clases presenciales que abarca a 121 distritos hasta el 11 de junio y presionan por la apertura de las escuelas. Desde este lunes 31 de mayo Kicillof levantará las “restricciones estrictas” –que nunca cumplieron los capitalistas-, cuando la provincia bordea los 40.000 muertos. La vuelta al sistema de fases es un puente para el retorno a la “presencialidad administrada” de Trotta.

Las presiones “normalizadoras” vienen desde adentro del propio gobierno del Frente de Todos: Agustina Vila, directora general de escuelas de la provincia, se subió al carro de la “recuperación de contenidos” (perdidos en la virtualidad), planteando como alternativas el adelantamiento de las vacaciones de invierno, pero también la extensión del ciclo lectivo y el trabajo los días sábados. Vila, que habla por boca de Kicillof, confiesa el fracaso de la virtualidad sin recursos del Estado, y anticipa una mayor ofensiva precarizadora con el aval de las burocracias sindicales de Roberto Baradel y el Frente de Unidad Docente Bonaerense.

Los contagios por el ascensor y las vacunas por la escalera

La pandemia está en el centro de la crisis y golpea a toda la población trabajadora: todos los medios coinciden en la importancia que tendrá la vacunación efectiva en los resultados electorales de las legislativas. A pesar de la campaña oficial que presenta a Kicillof como “vanguardia” de la vacunación contra el Covid-19, los números que se van conociendo en la provincia y por municipio desmienten al gobernador cristinista. La Matanza, centro proletario de la provincia de Buenos Aires, va a la cola en el ranking de vacunados. Según el Monitor oficial, la provincia habría recibido casi 5.800.000 vacunas, de las cuales se aplicaron 4.680.000, con la primera dosis 3.663.000 y un millón con las dos. La realidad es que, con un promedio de 15.000 casos, 77% de ocupación de las terapias intensivas en el Amba y un crecimiento de la positividad en los testeos que llega al 60% en los barrios del Gran la Plata, las vacunas van muy a la rastra de los contagios y muertes.

En los datos sobre docentes y auxiliares, el gobierno manipula la información sumando inoculados y pendientes de vacunación para elevar los porcentajes totales de vacunados hasta el 50%. Una maniobra electorera, mientras Gollán y Kreplak del ministerio de Salud bonaerense dicen que no hay más vacunados porque “la gente no se anota”. El mismo verso que repite con aditamentos propios el intendente Espinoza en La Matanza; otra vez el verso de la “responsabilidad individual”.

Campaña y movilización por el Congreso del Frente de Izquierda Unidad

La amenaza de cesación de pagos, la ofensiva de los bonistas buitres, la potencial explosividad social por el récord de pobreza y desocupación en el Conurbano, el crecimiento exponencial de los contagios y el derrumbe de los salarios por la “meseta” del 4% mensual de inflación van fecundando la crisis política en la provincia de Buenos Aires, a dos meses del cierre de listas para las legislativas. Los choques y tensiones por adentro y por fuera del Frente de Todos ponen a la orden del día la intervención del Frente de Izquierda – Unidad, así como de un congreso del FIT-U para resolver un curso de lucha y de movilización política y electoral.