Apenas pasados los amotinamientos, el gobierno nacional y sus opositores salieron a despotricar contra el aparato policial. En algunos casos, como De la Sota, hicieron correr la versión de que podrían impugnar judicialmente esos acuerdos salariales. Un diputado oficialista, Depetri, ha reclamado que se rechacen los aumentos. Es que en pleno ajuste, crisis inflacionaria y devaluación del peso, aumentos del ciento por ciento en los salarios son difíciles de asimilar. Los trabajadores han venido reclamando aumentos desde antes de la asonada policial. El régimen de funcionarios, punteros y camarillas oficiales está demasiado ligado al de las policías bravas, que prohijaron durante décadas.

El único propósito de los pronunciamientos pretendidamente antipoliciales es apuntar contra las reivindicaciones del movimiento obrero por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Las movilizaciones de docentes, estatales y trabajadores de la salud ganan el centro de la situación política en un número cada vez mayor de provincias. Los medios aluden a estas movilizaciones como una ‘derivación de la crisis policial’, como si no fueran el resultado de una crisis inflacionaria y social mayor. El año 2013 termina con una inflación real del 30%, frente a aumentos salariales que -para quienes los tuvieron- no superaron el 20%. Esta realidad no toma en cuenta al 40% de trabajadores precarizados, ni a quienes perciben el Plan Argentina Trabaja. Una estadística privada acaba de revelar que, si se hubieran indexado desde su creación, esos planes deberían estar hoy en 2.900 pesos, casi un 50% más que sus montos actuales. Lo mismo vale para las asignaciones universales. La política oficial de devaluación de la moneda está pulverizando su propio andamiaje asistencial.

Los cortes de luz y de agua, que expresan el derrumbe más completo del sistema de privatizaciones menemo-kirchneristas, añaden su cuota a la bronca popular. Para el gobierno y los opositores, es sólo la justificación del paso que se viene: la liberación de las tarifas.

Militarización

En este cuadro, el gobierno ha salido a reforzar la militarización del Estado. La Nación informa que se encuentra redactado un decreto que declara el estado de sitio. Las fuerzas nacionales de seguridad se encuentran desplegadas, con el pretexto de los saqueos. En realidad, serán utilizadas contra la lucha que comienza a abrirse paso en fábricas, reparticiones, hospitales y escuelas. Mientras juntaba firmas contra la ‘extorsión policial’, el gobierno kirchnerista empujaba la aprobación del pliego del represor Milani en el Senado, sin la menor investigación acerca del papel que jugó el departamento de Inteligencia del ejército en los amotinamientos y desmanes de las últimas semanas. Muy pocos días después, Capitanich recitaba, en su conferencia de prensa diaria, las condiciones de "excepción" que justificarían una intervención del Ejército en la seguridad interior.

19 y 20 de diciembre

La proximidad de un nuevo aniversario del 19 y 20 de diciembre ha servido también para que el gobierno fantasee otro complot. No se le ocurre pensar, en cambio, que la insatisfacción generalizada es la consecuencia de su política. La historia tampoco se repite. Las últimas elecciones han producido una derrota del gobierno (que alardeó durante dos años de un apoyo del 54%) y el desarrollo del Partido Obrero y del Frente de Izquierda. El movimiento popular cuenta con una conciencia política superior para dar una respuesta de conjunto. El desconcierto de la burguesía frente a la escala de la crisis es un fenómeno mundial.

En este cuadro, la marcha de las organizaciones obreras combativas para el próximo 19 de diciembre, para colocar en la calle la agenda de los trabajadores, es un paso en la mejor dirección. Sus reivindicaciones nacen de la propia crisis: 8.500 pesos de salario mínimo y vital para todos los trabajadores, doble aguinaldo o bono especial de fin de año, 82% móvil, ningún tarifazo, reapertura inmediata de las paritarias e indexación mensual del salario.

Este programa vertebrará la agenda parlamentaria de los diputados y legisladores del Frente de Izquierda en todo el país, como instrumento de agitación y de organización de miles de trabajadores y de la juventud.