06/01/2011 | 1162

Otro escriba oficial pide la criminalización del PO

Hace una semana, Horacio Verbitsky pidió desde Página/12 la criminalización del Partido Obrero. A pesar de que esa «columna» despertó las más variadas repulsas por sus groseras falsificaciones y por su intencionalidad represiva, alguien decidió seguirle los pasos. Nos referimos a Raúl Schnabel, quien funge de «abogado y militante de los derechos humanos». Schnabel, en una columna de opinión de la recontra alcahueta agencia Télam, alerta sobre «las acechanzas de la izquierda marginal».

El columnista reivindica su militancia por los derechos humanos, aunque parece ignorar que el Partido Obrero, al que llama a criminalizar, combatió a la dictadura en tiempo real, puesto que desarrolló una lucha y una prensa clandestina y por eso fue un factor activo en la caída de la dictadura. Schnabel toma partido por la reforma constitucional de 1994, donde se «incluyen en el más alto rango los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales», o sea que el pobre tipo ignora que esa reforma fue el fruto del pacto de Olivos para la reelección de Menem y la prolongación del ‘neoliberalismo’ que llevó a la catástrofe humanitaria de 2001. El abogado ignora, también, que la reforma instauró el régimen de gobierno por decreto y ancló la Constitución a los tratados internacionales, o sea al pago a los usureros. Un obispo defensor de los derechos humanos, Jaime De Nevares, se negó a ratificarla. En las dos décadas transcurridas desde entonces, la letra de esos derechos ha convivido con más de 5.000 luchadores procesados, los muertos de la Alianza, Kosteki y Santillán y, finalmente, Mariano Ferreyra, Soldati y Formosa.

De todos modos, la Constitución del ’94 no arregla nada, como Schnabel se encarga de admitir cuando dice que «ante la inaccesibilidad (de esos derechos del ’94) para amplios sectores populares, hemos admitido (¡!) las formas de lucha que incluían piquetes y cortes de caminos, rechazando el reproche del artículo 194 del Código Penal». ¡»Hemos admitido»! Pobre tipo, esos métodos nacen de la tendencia de las masas a levantar cabeza contra la explotación, no necesitan abogados que lo permitan, menos cuando se ponen bajo la vigencia del Código Penal, que es el arma jurídica por excelencia de los explotadores contra los explotados. Acá tenemos retratado al pequeño burgués kirchnerista, que cree que la ‘justicia social’ es una gracia de los punteros del poder hacia los trabajadores.

Es precisamente al Código Penal que recurre Schnabel contra el PO, sin admitir excepciones, cuando afirma que «no merece reproche la denuncia penal interpuesta por el gobierno contra esos elementos reaccionarios» (el PO).

La defensa de los derechos, por parte de Schnabel, termina donde empieza la lucha contra las tercerizaciones y los Pedraza, con quienes los K tienen un pacto de gestión y subsidios en el sistema ferroviario. Schnabel no ha medido su cinismo cuando afirma que «la justa concreción de derechos (N. de la R.: el fin de la tercerización) a contramano de la patota sindical empresarial de Pedraza ha sido alcanzada más por la tragedia del asesinato de Pereyra (sic, el oxidado «derechohumanista» ni siquiera conoce el apellido de nuestro compañero asesinado) que por las virtudes políticas del trotskismo argentino». ¿Qué significa esto, exactamente? Pues que habría sido obtenida como consecuencia de un crimen ejecutado desde el poder, en el que intervinieron la Secretaría de Transporte del gobierno, la burocracia sindical, la policía de Avellaneda y Barracas (el Estado) y los empresarios amigos (Ugofe), cimentados en subsidios del Presupuesto nacional. ¡Sólo bajo la conmoción política de un crimen el gobierno de los Pedraza, que defiende Schnabel, se habría visto obligado a admitir los derechos de los tercerizados, ¡y esto como un recurso último para evitar que la lucha derribe el sistema de gestión mafioso de los ferrocarriles! El escriba cree atacar al PO cuando, sin darse cuenta, torpedea a su gobierno y se embarra él mismo. Pero la muerte de Mariano no ha producido la abolición de las tercerizaciones, como tampoco la de los qom les ha dado la tierra, o las del Indoamericano la vivienda. Esos derechos se arrancarán por medio de la lucha, de la cual Mariano es emblema nacional, porque luchó por ellos como militante trotskista.

El columnista nos acusa de «usurpadores de símbolos caros a las tradiciones de lucha de los pueblos». ¿De quién habla Schnabel? Porque el sayo no nos cabe a nosotros sino al kirchnerismo, que fue menemista con Menem, privatizador con los privatizadores, entregó YPF y el Banco de Santa Cruz, armó el pacto con el oligarca Cobos, ha ido pagando como nadie la deuda externa (incluso por medio del desfalco de la Anses) y luego pretendió sudar la camisa como ‘nacional y popular’.

Schnabel invoca el Código Penal contra el PO, pero el juez penal que intervino por el corte eliminó la acusación de sabotaje imputada por Garré y no hace referencia a los desmanes de Constitución, que fueron ejecutados por la burocracia de Pedraza para ‘empiojar’ la lucha de los tercerizados y presionar por la libertad de la patota imputada por el crimen de Mariano. Es el mismo método patoteril que se aplicó contra los luchadores del Hospital Francés, del Casino, del Subte, de los docentes de Santa Cruz y de Neuquén, todos ejecutados por patotas schnabelo-kirchneristas. Schnabel es un abogado trucho -quiere meter en cana a los luchadores- y no defiende la «justa concreción» de ningún «derecho»: es un defensor de quienes lo vulneran.

Por último, digamos que Schnabel fue más afortunado que Verbitsky en la difusión de su libelo: contó con el apoyo de la agencia oficial Télam y su vasta red nacional -la que, con seguridad, nunca publicará nuestra respuesta, como tampoco lo hizo Página/12. Que tengan en cuenta esto los que aún confían en la Ley de Medios oficial. El control mediático en manos del Estado y sus monopolios amigos (los Werthein y Telefónica) no servirá para la democratización de la comunicación, sino para amplificar la voz oficial y las expresiones represivas que se levantan en nombre de los (siempre negados) derechos humanos del pasado.

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