Cuando aún estaban bajando las aguas de la inundación, el gobierno anunciaba una nueva confiscación del ahorro nacional, al autorizar la transferencia de más de 2.300 millones de dólares del Banco Central al Tesoro Nacional para pagar nuevos vencimientos de deuda externa. La cifra, que al cambio oficial supera los 12.600 millones de pesos, equivale a más de 30 veces el monto de 400 millones de pesos que, dos días después, CFK anunciaba en cadena nacional como "ayuda" para los trabajadores afectados por las inundaciones.

Hipotecamiento para los trabajadores

Según los datos oficiales, los daños patrimoniales en más de 58.500 hogares afectados superan los 78.000 pesos por vivienda; sumados son más de 4.500 millones de pesos para cubrir sólo una parte de los daños sufridos por los trabajadores. Esa debería ser la base mínima para una indemnización de daños provocados por la acción e inacción estatal, así como por la especulación inmobiliaria estimulada desde el Estado, pero el gobierno sólo ha ofrecido un "subsidio" que ni llega a cubrir la canasta familiar de un mes de las familias más afectadas. En cambio, ha ofrecido distintos créditos para que quienes han perdido todos sus ahorros y pertenencias carguen con deudas.

Récord en la confiscación del ahorro nacional

La nueva confiscación de reservas del BCRA realizada por el gobierno para pagar la deuda externa debe sumarse a los montos ya transferidos por el Banco Central al gobierno, desde julio del año pasado hasta marzo de este año, con lo que se totaliza -en este período- de sólo nueve meses -más de 16.800 millones de dólares. Las multimillonarias sumas transferidas fueron utilizadas, mayoritariamente, para el pago de deuda externa y hubiesen alcanzado por sí mismas para resolver toda la cuestión de la infraestructura estatal de desagües, obras hidráulicas y cloacas colapsada, así como para la construcción de varios centenares de miles de viviendas.

La acelerada caída de las reservas internacionales en los últimos meses es una de las expresiones del colapso de una política destinada a canalizar el ahorro nacional al pago de la deuda externa y el subsidio a las grandes corporaciones capitalistas. El intento actual de hipotecar a los inundados con créditos impagables sólo acentuará la miseria social y delata los intereses sociales que defiende este gobierno. Pero los recursos económicos sobran, el problema es que son confiscados. Las inundaciones expresan el colapso de la orientación social del gobierno, la cual es compartida por todos los partidos de "oposición", con sus diversos matices. Se trata de reorganizar el país sobre nuevas bases sociales para dar vuelta este colapso.