El juez federal Norberto Oyarbide -a cargo de la causa contra 85 grandes empresas de indumentaria que explotan trabajadores esclavos indocumentados en talleres clandestinos- acaba de sobreseer a los directivos de Soho (Gilmar SA). Nelson Sánchez Anterino, Gabina Verón y Hermes Raúl Provenzano, acusados por el fiscal por violación a la ley de migraciones, violación a la ley de trabajo a domicilio, reducción a la servidumbre y evasión tributaria, simplemente participarían, a criterio del juez, de "costumbres y pautas culturales" ancestrales del Altiplano. Oyarbide caracterizó a la reducción a servidumbre como "un grupo humano que convive como un ayllu o comunidad familiar extensa, que funciona como una especie de cooperativa" y añadió que esta forma de explotación es herencia de "costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del Altiplano, de donde proviene la mayoría" de los talleristas y costureros. 

El juez no dio por probada "la finalidad de los acusados de obtener directa o indirectamente un beneficio" económico (Página/12, 15/5), aunque la fiscalía había fundado que la reducción a servidumbre "no sólo no puede ser desconocida por los empresarios sino que, por el contrario, indica que es consentida y tácitamente favorecida, para obtener mayor producción a menor costo". ¿Con qué fin derivaba Soho su producción a 30 talleres clandestinos si no era el lucro? Los propios delegados sindicales de Soho, hartos de escuchar cómo los talleristas se mofaban de que los costureros caían dormidos sobre las máquinas, aportaron la lista de los talleres. Allí, los trabajadores migrantes eran golpeados y recibían un salario de 500 pesos mensuales, parte de los cuales les eran retenidos por el alquiler de la cama caliente.

Im-pre-sion-nan-te. Oyarbide repite los argumentos que la Sala II de la Cámara Federal porteña -integrada por los reputados "garantistas" Martín Irurzun y Horacio Cattani- que sobreseyó a otros regentes de talleres clandestinos en nombre del respeto al ayllu y la "tradición cultural" andina. El forzamiento es indigerible: los talleristas no son "hermanos del ayllu" de sus víctimas, sino capataces que los explotan a cuenta de las grandes marcas de indumentaria.

El juez dice que en nuevas inspecciones no se encontraron trabajadores ilegales y ni siquiera máquinas del rubro textil. El abogado de la querella, Rodolfo Yanzón, dijo: "es evidente que después de los primeros procedimientos, los talleristas mudaron los talleres a otros lugares y regularizaron la situación documental de las personas que viven allí". Esta causa es un caso testigo, porque Oyarbide investiga también más de  85 marcas de primer nivel que producen sobre la base de esclavizar inmigrantes: Puma, Mimo, Kosiuko, Cheeky, Awada, Ona Saez, Martina di Trento y Portsaid, entre otras.

Olga Cristóbal