– ¿Puedes explicarnos qué es el movimiento de ocupación de fábricas argentino?

– Las ocupaciones de fábricas forman parte del arsenal y la tradición de lucha de la clase obrera argentina. Con la crisis de 2001 volvió a tomar un nuevo auge, aunque quedó circunscripta principalmente a fábricas medianas y pequeñas. Como resultado de ello, 200 empresas pasaron a ser autogestionadas por sus propios trabajadores y tomó forma lo que se denominó movimiento de fábricas recuperadas.

– ¿Con qué objetivo se guía este movimiento en Argentina?

– Ese movimiento de fábricas recuperadas estuvo y está recorrido por tendencias contradictorias. Por un lado, expresa la tendencia de los trabajadores a prescindir de los patrones y, por lo tanto, a reconstruir la sociedad sobre nuevas bases; por la otra, hay una tendencia a reproducir la antigua forma de organización capitalista. La autogestión alimenta la ilusión de los obreros de que se transforman en dueños, y que es posible convivir y progresar a la sombra del mercado. Esta última tendencia es la que ha explotado el Estado para introducir una cuña en el interior de las fábricas recuperadas y le ha posibilitado un extendido proceso de cooptación. Se ha valido para ello del servicio de punteros y de la propia burocracia sindical que está al frente de los sindicatos.

Para algunos juristas argentinos, éste es un juicio sin sentido porque dura ya más de seis años y es demasiado caro, porque si anularon el anterior que era de usurpación, éste, que es de desobediencia, no tiene sentido.

– ¿Creés que este juicio es en el fondo una advertencia, es decir que es un juicio con intereses políticos? ¿Qué sectores políticos hay detrás de esta medida antidemocrática?

– El juicio se ha convertido en un verdadero bochorno jurídico. Se les ha hecho imposible sostener el cargo de usurpación y ha terminado reducido al cargo menor de desobediencia. Este hecho pone más de manifiesto que hay una intencionalidad política. El juicio es una advertencia dirigida a todos los trabajadores en momentos en que asistimos a una proliferación de ocupaciones de fábricas para enfrentar a una crisis industrial, incluso de mayores proporciones que la vivida en 2001, pues a las contradicciones y desequilibrios del proceso económico nacional se le une el estallido de la crisis capitalista mundial.

Una vez más se ha puesto de manifiesto que son los trabajadores quienes defienden el patrimonio industrial que viene siendo literalmente diezmado por obra del capital en quiebra.
Frente a este cuadro, ha pasado a ser moneda corriente el uso del Código Penal. En la actualidad hay 4.000 luchadores procesados, entre ellos centenares de trabajadores por ocupaciones de fábricas, en las que hay que incluir conflictos recientes. La criminalización y judicialización de la protesta social constituye una “política de Estado”. Esta política represiva es funcional a una agenda antipopular, es alentada por el conjunto de la burguesía y que aspira a retrotraer las condiciones de trabajo a los años noventa, cuando se consagró un enorme cercenamiento de las conquistas laborales.

– ¿Habéis recibido mucho apoyo en la lucha por tu libertad frente a esta acusación?

– El apoyo ha sido muy amplio, tanto a nivel nacional como internacional. En la actualidad, ya hay casi un millar de adhesiones. El día que arranca el juicio oral (el 24 de agosto), se harán presentes representantes de fábricas recuperadas, de sindicatos y personalidades, incluido el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, quien ha comprometido su presencia. El día de comienzo del juicio será la oportunidad para levantar una tribuna de lucha y hacer un gran acto, donde harán uso de la palabra todas las delegaciones presentes.