Políticas

13/8/2009|1095

Pablo Rieznik declara en la causa Olivera Rovere

En la próxima semana culminarán las audiencias que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 está llevando a cabo en el marco del juicio que se sigue contra los represores Olivera Rovere, Alespeiti, Lobaiza, Menéndez y Saa, jefes de area que comandaron la subzona Capital Federal en la órbita operacional del I Cuerpo de Ejército durante la última dictadura. Estos son aquellos que decretaban las “zonas liberadas” para que las fuerzas represivas llevaran a cabo, conjuntamente, secuestros de los compañeros, en un marco de completa impunidad.

La causa comenzó en 2003 cuando a partir de la declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, se reabrió la causa del I Cuerpo del Ejército. Cuatro años tardó el Juzgado Federal 3 –entonces bajo el mando de Canicoba Corral, apodado “Canicoima” en los pasillos de Comodoro Py– en juntar prueba contra los cinco imputados que recayó, como en la totalidad de los juicios, en las espaldas de los sobrevivientes, quienes con su testimonio son el único anclaje probatorio ante la impunidad estatal.

Hubo que esperar al 9 de febrero de este año para que comenzaran las audiencias de este juicio en los que se intentan probar apenas 154 desapariciones en la Capital Federal (de las miles hubo), con los cinco imputados gozando de la más cínica libertad (el argumento es que los vetustos genocidas sobrepasaron los 70 años), mientras el tribunal –compuesto por Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías– prohíbe el acceso de los medios periodísticos y limita a las organizaciones de DDHH para evitar las expresiones de repudio popular.

El Estado no acepta que se trató de una práctica genocida sino que exige probar materialmente cada caso en particular, obligando a las víctimas a recrear los años de terror en audiencias que se extienden durante meses, mientras más y más genocidas mueren sin castigo (veinte fallecieron en 2008), como sucedió en este juicio con el Jefe del I Cuerpo del Ejército, Suárez Mason. Los jueces desmenuzan los casos, buscando desprenderlos de un plan sistemático general y aislándolos en los estrechos márgenes del Código Penal.

En el marco de este juicio, el próximo miércoles 12 de agosto, el compañero Pablo Rieznik declarará como único testigo del secuestro, tortura, asesinato y desaparición de Juan Carlos Higa –un periodista de la colectividad japonesa, militante del PRT– en el centro clandestino de detención “El Atlético” en mayo de 1977, durante el mando de la subzona por Bernardo José Menéndez, quien como abogado ejerce su propia defensa con el derecho subyacente de interrogar a aquellos sobre cuyas vidas decidió hace treinta años. Menéndez intenta sustentar la teoría de la “guerra sucia” preguntándoles en cada nueva oportunidad: “¿pertenecía usted a alguna organización política?”.

Así, el cuadro actual de las causas impulsadas por el autoproclamado “gobierno de los derechos humanos” es una prolongación agónica de la impunidad del ayer: de los 1.357 imputados, sólo 50 han sido condenados mientras 41 se encuentran prófugos y 211 fallecieron durante el transcurso de los juicios.

El Estado burgés mantiene un régimen burocrático, incapaz de llevar a fondo el juicio y castigo de los delitos cometidos durante la dictadura ante su insoslayable complicidad con los aparatos represivos, que continúan intactos.

Ante la ignominia de la política de derechos humanos del matrimonio K, exigimos el desmantelamiento del aparato represivo del Estado que se mantiene incólumne, aparición con vida de Jorge Julio López e inmediato juicio y castigo a los represores del ayer y a sus cómplices de hoy.

Vahia (Apel)