Políticas

28/9/2000|682

Pacto de complicidad

El gobierno y los partidos burgueses no logran cerrar la crisis política iniciada por la denuncia de coimas en el Senado. La crisis política se asienta sobre la impasse económica. A pesar de los anuncios reactivadores que cada tanto da el gobierno, la recesión se profundiza. La industria volvió a retroceder un 3% y el economista jefe del FMI, Mussa, declaró que “todavía habrá un período duro en los próximos 6 meses o un año” (La Nación, 20/9).


 


Las petroleras


La denuncia de la Sapag, de que los pulpos petroleros estaban distribuyendo coimas para sacar la ley de Hidrocarburos, volvió a relanzar la crisis. “Melgarejo es más pirata que yo”, le dijo Cantarero a Sapag.


El despacho que salió de la Comisión de Energía del Senado autoriza a prorrogar automáticamente las actuales concesiones de explotación por 10 años más –15 años antes de que terminen–. Segundo: eliminan el piso del 12% para el pago de regalías.


Son dos problemas cruciales. Los trabajadores de Neuquén se están movilizando contra el acuerdo Sobisch-Repsol que alarga las concesiones, que finalizan en el 2017, hasta el 2027. Página/12 afirma que el acuerdo significa la transferencia de más de 30.000 millones de dólares a Repsol, y de 50.000 millones para el conjunto de las petroleras. El 12% de regalías es muy bajo (en Perú se paga el 36%), pero el proyecto permitirá bajarlo más.


Preocupado por la repercusión de las denuncias, el presidente de Repsol ofreció mantener el precio del petróleo a sus elevados niveles actuales si se le ratifica la prorroga de las concesiones petroleras que obtuvo en Neuquén.


Mientras tanto, a Machinea y De la Rúa no les ha temblado el pulso al enviar un proyecto de Presupuesto al Congreso que aumenta el precio del petróleo y, especialmente, el gas que deberán pagar los trabajadores del helado sur patagónico.


 


Salvar al Honorable Senado


Sobre este trasfondo de parálisis económica, el gobierno está operando para tratar de cerrar la crisis del Senado. El ‘diálogo’ de De la Rúa con Menem es la manifestación de un pacto de impunidad. Quieren que “el Senado siga trabajando” –para el FMI–. “Vamos derecho a un cogobierno”, manifestó Menem a sus compinches como balance de la entrevista (La Nación, 25/9).


El Chacho Alvarez es el principal impulsor de la continuidad del Senado mientras busca ajustar cuentas con algunos radicales (Genoud), aunque el Frepaso evita echar a Flamarique. Es el más firme defensor de la legalidad de la Reforma Laboral. Terragno dejó clara la presión chachista: “Se puede descomprimir la tensión si salen algunos legisladores más cuestionados”. Y Chacho agrega: “Los protagonistas del esquema de poder en el Senado deben dar un paso al costado. No judicialmente: políticamente”. Cavallo, por su parte, también es partidario de “una solución política” (Crónica, 25/9). Se conforman con la renuncia de Cantarero.


El Chacho, más allá de la seudo moralina, no ataca las bases sociales y económicas de la corrupción capitalista. No quiere la derogación de la antiobrera ley de Reforma Laboral. Tampoco plantea anular las privatizaciones, las reducciones salariales, los tarifazos y otras leyes coimeras a favor de los monopolios. El Chacho no rompe su Alianza con el gobierno De la Rúa-Machinea porque el FMI, la Asociación de Bancos y los monopolios lo apoyan.


En la crisis interpatronal, el Frepaso ha tomado la posición de los yanquis. Así ocurrió con la desregulación telefónica, que tuvo al frepasista Del Piero como protagonista decisivo. Así vuelve a ocurrir con el Plan de Infraestructura, para el cual el Frepaso pide el acceso de los monopolios del exterior. Telefónica y Telecom, en el primer caso, y Roggio y Techint, en el segundo, han montado en cólera contra el chachismo.


En este cuadro, el gobierno tiene que ir a un cambio de gabinete. Pero, como lo demuestra el nombramiento del nuevo Ministro de Educación, es para profundizar la política de los monopolios capitalistas.


 


Que se termine la tregua sindical


En este marco de crisis patronal, los trabajadores tenemos planteado recuperar nuestro rumbo. Mientras las encuestas dicen que “la imagen” de De la Rúa cayó del 49 al 37% y que el 70% “está disconforme” con el plan económico, la tregua armada por la burocracia sindical, que ya lleva tres meses, continúa. Para colmo, la CTA acaba de proponerle a De la Rúa formar un “gabinete de emergencia”, o sea que prevé co-gobernar con los hambreadores de la Alianza.


¿El paro activo al que ha convocado Moyano para el 11 de octubre es un cambio de tendencia? Para ello Moyano debería poner fin a su política de ‘entendimientos’ con el Polo Productivo de Techint y con la Pastoral Social de Primatesta. Moyano sacrificó el enorme progreso que significó la huelga del 9 de junio pasado, en favor de la llamada “alianza nacional”.


Pero, independientemente de las maniobras agónicas de la burocracia, el proceso de luchas se intensifica. La irrupción creciente de las masas baja, desde Perú y Bolivia, a la Argentina. La crisis política no es ajena a estas luchas. Llach voló por la oposición de los docentes y estudiantes, que en Neuquén y Santa Fe hicieron naufragar el Pacto Educativo I y en el resto del país el II –la Capital todavía no pudo empezar la reforma.


Los desocupados se movilizan también en todo el país. En San Luis, un movimiento popular, aunque conducido por la patronal y el clero, ha dado un descomunal golpe al clan de los Rodríguez Saa.


El Partido Obrero plantea en esta situación la convocatoria de Congresos de Bases, un plan de lucha nacional y la huelga indefinida, para arrancar:


1. Un salario mínimo de 600 pesos por ocho horas.


2. Derogación de la Reforma Laboral.


3. Subsidio a los desocupados de 500 pesos y el reparto de las horas de trabajo.


4. Romper con el FMI.


5. Una Asamblea Constituyente que reconstruya social y políticamente al país sobre nuevas bases.