El gobierno cerró, el último jueves, un acuerdo con la casi totalidad de los gobernadores para hacer aprobar una nueva ley de responsabilidad fiscal.

 

El ´pacto´ establece un tope al gasto público corriente destinado a salarios, que no podrá superar el nivel de la inflación. O sea que plantea congelar los salarios en los niveles de miseria de este año, que tuvo paritarias varios puntos debajo de la inflación, con extremos como los de Chaco (7,5 % a los docentes) o Santa Cruz. Además se establece que el número de trabajadores del Estado sólo podrán aumentar en forma proporcional a la población, un verdadero cepo para los miles de precarizados provinciales que trabajan por salarios que arrancan desde los mil pesos.

 

Así como golpea los ingresos de docentes y estatales y perpetúa la precarización laboral en el Estado, el ´pacto´ establece, en cambio, una hoja de ruta de rebajas impositivas a favor de los capitalistas.

 

En efecto, sostiene que no se aumentarán los impuestos a los “sectores productivos”, consolidando, por ejemplo, la situación por la cual el impuesto inmobiliario rural que pagan los empresarios del agro se cobra a precios fiscales, es decir tasas irrisorias.

 

En lugar de “responsabilidad fiscal” se viene una política de quiebra de los ingresos provinciales. Tiene su epicentro en la reforma impositiva, que apunta a lograr que las patronales se desentiendan del financiamiento del Estado. La proyectada rebaja de ingresos brutos –que tributan fundamentalmente las patronales en las provincias– se compensaría con un aumento de las rentas recaudadas por Nación y que gravan el consumo (como el IVA), acentuando la dependencia de la coparticipación y la regresividad del sistema impositivo.

 

El macrismo usa el muy probable fallo de la Corte en favor de la provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano –que implicaría un aumento fabuloso en el porcentaje de coparticipación que le toca– como arma de extorsión para imponer al resto un esquema aún más regresivo que el actual.

 

Este cuadro político acentúa el sometimiento del PJ al macrismo, incluida la fracción kirchnerista, que no ha dicho una palabra contra el acuerdo y aplica su propia “responsabilidad fiscal” hambreando a los docentes en Santa Cruz. No pesa solamente la extorsión de la coparticipación: pesa la necesidad de asegurar las ganancias de los clanes empresariales ligados a los gobiernos provinciales, los de la obra pública, los Barrick-Gioja en San Juan, los Seabord de Urtubey, los sojeros chaqueños, los monopolios del turismo o la madera en Misiones. La agenda de la burguesía (incluidas las “economías regionales”) les marca la cancha.

 

Oficialistas y “opositores” revolcados en un mismo lodo. El único voto consecuente contra el ajuste es el voto al Frente de Izquierda.

 

 

 

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