Una enorme crisis política es­talló en Tucumán como conse­cuencia de las denuncias de ac­ciones de espionaje político que el gobierno provincial habría im­pulsado sobre sectores estu­diantiles, gremiales, religiosos y políticos.

La crisis detonó en la Legisla­tura, donde era interpelado el mi­nistro de Gobierno, Falú, por el robo de documentos en la sede del PJ, donde sesionaba la Junta Electoral que tiene a su cargo los inminentes comicios internos del PJ. Los legisladores bussistas, con el apoyo del vicegobernador Díaz Lozano y otros legisladores oficialistas, obligaron al ministro a continuar con la interpelación, haciéndola girar sobre las accio­nes de espionaje político que impulsa el gobierno, poniéndose como prueba diversas documentaciones que habían sido aporta­das por sectores policiales re­cientemente depurados por el gobierno de Palito. La reacción del gobierno dejó planteada una crisis institucional, pues denun­ció la falsedad de la documenta­ción presentada y dio curso a la intervención judicial. Por otro lado, Falú deslizó la posibilidad de la intervención federal a la Legislatura, algo que ya en el mes de mayo, desde el propio Ministerio del Interior, se habría planteado como posibilidad si la cámara no se alineaba con los planes del Ejecutivo provincial. Al día siguiente Palito, al pretender desconocer cualquier vincula­ción de su gobierno con acciones de espionaje, lo hundió a su ami­go Beliz, al sostener que todas las acciones de fichaje ideológi­co que se estuvieran efectuando en la provincia eran ordenadas por el Ministerio del Interior y el Consejo de Seguridad Interior.

La crisis abarca a los tres po­deres provinciales, y también in­volucra una lucha de camarillas dentro del gobierno nacional. Refleja la crisis del PJ nacional ya que Duhalde por la vía de una alianza con el vicegobernador Díaz Lozano, y otros sectores más amplios del viejo aparato del PJ, apuntaría a torpedear a Pali­to, uno de sus potenciales rivales en la sucesión de Menem. Por otra parte, Díaz Lozano, y un sector de legisladores del PJ ha tendido a representar desde el gobierno a una serie de sectores económicos (grandes cañeros, a los ingenios cooperativizados, y los sectores dependientes de las empresas públicas provinciales) que hoy aparecen enfrentando a un conjunto de medidas de Palito dirigidas a favorecer a los secto­res más concentrados del gran capital (los grandes ingenios y la gran banca). Como resultado de estas disputas una serie de pro­yectos del gobierno se encuen­tran empantanados en la Legis­latura. Esto mismo, los ha llevado a confluir en más de una oportu­nidad con la bancada bussista, quienes aparecen reclamando medidas de protección económi­ca, para algunos sectores perju­dicados por el “plan” Cavallo.

¡Pero los acusadores están también en el banquillo de los acusados! La bancada legislati­va bussista reconoció su respon­sabilidad en un pedido de infor­mes personales de alumnos se­cundarios, que había cobrado estado público por la denuncia de la monja Berta Povalej, rectora del Colegio del Carmen, quién también denunció que desde la Secretaría de Educación de la provincia se habría promovido un fichaje similar sobre el personal docente.

Como resultado de todo este proceso de denuncias cruzadas de espionaje político, los repre­sentantes del genocidio dictato­rial, han puesto sobre las cuer­das a los “demócratas”, que se han desvivido por presentar el gobierno de Ortega como un go­bierno capaz de poner entre rejas al “Malevo” Ferreyra, y al “Co­mando Atila”, y democratizar la policía De esta impostura se hicieron eco muchos sectores, entre ellos el centroizquierda, para justificar el apoyo electoral que le dieron a Ortega para llegar a la gobernación. Ahora quedó deschavado, que la depuración policial sólo procuró tener un cuerpo disciplinado, que pudiera cumplir a fondo la función esen­cial de los cuerpos represivos del Estado, que es el espionaje y la represión a todas las acciones de los explotados que afecten los intereses de los explotadores.

Naturalmente, entre indultadores e indultados no van a per­mitir que la sangre llegue al río, y ninguno de ellos va a impulsar ninguna acción que pueda abrir un proceso de desmantelamiento de los aparatos represivos del Estado. La UCR, que hasta hace pocos días declaraba su identi­dad de principios con Ortega en la lucha contra el genocida Bussi, ha tenido que pegar una pirueta demagógica y pedir la renuncia del ministro Falú y Beliz, y hasta deslizó la posibilidad de iniciar juicio político al gobierno provin­cial.

Esta crisis debe servir para impulsar una denuncia que des­enmascare toda la podredumbre del régimen político actual y a todos sus encubridores, y debe plantear a todos los sectores democráticos, a los sindicatos y centros estudiantiles la necesi­dad de coordinar una moviliza­ción unitaria con la consigna de Fuera Palito, fuera Bussi, y to­dos los cómplices de la legislatu­ra, abajo el espionaje político, abajo el Consejo de Seguridad Interior.