El decreto menemista que establece la ‘normalización’ del PAMI no se limita a nombrar al propio interventor Alderete como presidente y designar a dedo un directorio incondicional. Lo más importante es que toma una serie de disposiciones para que el PAMI no pueda gastar más de los 200 millones mensuales, aun en condiciones de aumento de la recaudación.

Allí se establece que si la recaudación futura supera esa cifra, el excedente debe ser destinado a la devolución de un préstamo de 220 millones que otorgará el ANSSAL, a fines exclusivos de pago de deudas de la institución.

También dispone que el Instituto sufrirá una reducción de la proporción que le corresponde del aporte patronal y la diferencia pasará al ANSeS. Y que quedará a cargo de los recursos del PAMI la devolución de los préstamos del Banco Mundial.

Este plan, diseñado hasta en los detalles por el Banco Mundial y firmado en Washington por las autoridades del Instituto, condena definitivamente al PAMI a la desaparición como obra social de principio solidario y de prestaciones universales, según las necesidades de prestación de salud para los jubilados.

Por eso, la clave de una política para la recuperación del PAMI, además del rechazo del decreto 197/97, del reclamo de la restitución del presupuesto total, del reintegro de los aportes patronales y de la totalidad de las prestaciones, consiste, fundamentalmente, en el reclamo de la ruptura del acuerdo con el Banco Mundial. Porque ése es el plan maestro del vaciamiento del Instituto, con o sin intervención.

La integración del directorio debe ser rechazada, porque se limita al nombramiento, por el propio gobierno, de una serie de figurones adeptos, que cumplen la función de comparsa de la política reaccionaria piloteada por el Presidente-Interventor menemista, al que el decreto otorga la suma de las atribuciones.