Alberto Fernández va a recibir a los gobernadores por la tarde, en una cumbre en la que todos los medios destacan que se definirá una cuarentena total en todo el país, aunque no hay certezas desde cuándo. Pretende con ello zanjar la contradicción evidente entre los esfuerzos del gobierno nacional por mostrarse como el comandante principal ante la pandemia mientras todas las provincias implementaban medidas diferentes, revelando una vez más que la descentralización del sistema de salud deja al país indemne ante las crisis sanitarias.

Habría cierto descontento en la Casa Rosada con las disposiciones que definieron en varias provincias el cierre total o parcial de las fronteras y una cuarentena obligatoria, interrumpiendo totalmente el transporte público y habilitando arrestos sumarios a los transeúntes. Ello fue indudablemente un factor de presión política sobre el gobierno nacional, que se ve forzado a determinar una cuarentena total luego de haber intentado evitar un párate general de la actividad.

Las medidas adoptadas por los gobernadores reflejan en realidad el intento por manejar la crisis política, y no la preservación de la salud de la población. El cierre total de fronteras y el aislamiento domiciliario obligatorio en Chaco vino de la mano de un operativo fuertemente represivo, que incluyó disparos con balas de goma contra grupos de personas que se hallaban en la vía pública; la provincia está sitiada. El reforzamiento represivo se registró hasta en donde no se dictó aún cuarentena obligatoria, como el caso de Neuquén, donde la policía comunicaba sin ningún sustento legal que detendría a quienes estimaran que transgredían las medidas de prevención, estableciendo también un virtual estado de sitio.

Tierra del Fuego y Misiones también decretaron un cierre de todas sus fronteras y restringieron totalmente la circulación. Otras provincias limítrofes cerraron los pasos fronterizos y establecieron controles en los ingresos, además de cuarentena más rígidas, como Mendoza, Salta y Jujuy. La ausencia de una acción coordinada genera obvios problemas que perjudican el abordaje de la crisis sanitaria, como se revela la respuesta de los gobernadores de Santa Fe y Santiago del Estero que cerraron sus rutas a Chaco, lo que complica el abastecimiento entre los distritos hasta de alimentos e insumos sanitarios.

Este desastre viene a confirmar que los decretos de emergencia que varios mandatarios publicaron, dotándose de superpoderes, no mejora sustancialmente la capacidad del sistema de salud de dar una atención adecuada a la pandemia. Lo ejemplifica el caso de Chubut, donde los trabajadores de la salud (que junto a estatales y docentes vienen dando una larga lucha contra el ajuste y el vaciamiento) siguen sin fecha cierta de cobro de sus salarios.

La adopción de medidas extremas por parte de los gobernadores busca ocultar el estado real del sistema sanitario público, tras años de ajuste presupuestario. La precarización laboral que pusieron en evidencia los residentes y concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires con su lucha histórica, y la carencia de insumos y personal que ponen de manifiesto los trabajadores de la salud en todo el país, son ejemplos claros. Así se expone tanto a la población como a los propios médicos y enfermeros. Por otra parte, la crisis echa luz sobre el déficit en el acceso a la salud de enormes sectores de trabajadores, como se ve en la incapacidad de los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires de dar respuesta a las demandas.

Ninguno de los mandatarios dispuso una centralización de los recursos del sistema de salud privado. Esto llega al absurdo con el caso de los negocios con las pruebas no homologadas realizada con los reactivos del laboratorio Roche en Córdoba. La privatización es un obstáculo a cualquier abordaje serio de una pandemia como la del coronavirus. La incapacidad de la prepagas para atender a sus afiliados es otro ejemplo de la desidia que comporta el crecimiento del negocio capitalista a costa de la salud de los trabajadores.

En suma, contra la idea de que el abordaje de la situación borra la grieta entre oficialismo y oposición porque estamos “todos juntos contra el virus”, la realidad es que lo que tienen en común es la responsabilidad por el crítico estado del sistema sanitario, luego de años de descentralización, vaciamiento y privatización. Si se extreman las medidas a nivel nacional será justamente ante los evidentes conflictos que generan los choques entre las medidas ya dispuestas por los gobernadores.

Solo la centralización de todos los recursos del sistema de salud, público y privado, bajo control de los propios trabajadores, y la duplicación del presupuesto asignado para esta área, permitirá afrontar seriamente la crisis.