Aunque el gobierno parece haber logrado que Diputados le apruebe un nuevo cronograma electoral e incluso una nueva ley de acefalía (sustitución del presidente), la salida política oficial se encuentra tan empantanada como siempre. Es que la designación del candidato por el peronismo continúa en veremos a pesar de que éste es el punto clave de todo el plan político. La interna del PJ sigue en la bruma y es casi seguro que no se cumplirá con la fecha prevista para el próximo 19 de enero. Por eso ha vuelto a cobrar vuelo la posibilidad de que se recurra a la aplicación de una ley de lemas, aunque su aprobación requerirá pasar antes por una nueva crisis política. En realidad se puede asegurar que esas internas son a esta altura inviables, porque ninguna de las fracciones que se disputan la designación del candidato a presidente está dispuesta a admitir ser relegada por una derrota.

La división en la cúpula del peronismo es un reflejo de la disputa que existe efectivamente entre los capitalistas en relación a la política económica, a saber, si se debe seguir con la defensa de la burguesía endeudada que reclamó la pesificación o si se debe pasar a los planes de la banca acreedora de recapitalizar con fondos públicos el sistema bancario; recomponer con un tarifazo el patrimonio de los pulpos privatizados; y salir de la cesación de pagos con la banca internacional mediante una combinación de renegociación de la deuda externa, por un lado, y un descomunal ajuste que asegure un superávit anual del comercio exterior y del presupuesto de 10.000 millones de dólares en promedio.

 

Una crisis de poder

El fracaso en la designación de un candidato único del peronismo, o al menos claramente mayoritario del PJ, amenaza con llevar el plan político del gobierno al punto cero y forzar la renuncia de Duhalde. Con el nuevo cronograma electoral, el oficialismo ha empezado por el final, con la ilusión de que la presión de los plazos fuerce un desenlace de la crisis del peronismo. Duhalde, como recurso final, está dispuesto a llevar hasta el final cualquier cosa que obligue a Menem (e incluso a Rodríguez Saá) a romper el PJ y llevarlo a una elección general contra el conjunto del aparato peronista que seguiría al duhaldismo.

La interna que afecta a la totalidad de la clase capitalista ha rebrotado en la Corte Suprema, que ya tendría una mayoría favorable a la redolarización de los depósitos bancarios. Aunque una decisión en este sentido no significaría que los ahorristas puedan hacerse de sus depósitos en dólares –porque no impediría que se les quiera pagar en bonos–, desataría claramente una crisis política. Lavagna ya ha dicho que no está dispuesto a cambiar su planteo de bonos opcionales por compulsivos, porque el Estado no estaría en condiciones de asumir la enorme deuda pública que resultaría de ello. Una redolarización de los depósitos llevaría igualmente a la pretensión, por parte de los bancos, de que el Estado redolarice la deuda pública que tienen en su poder. Desde un punto de vista práctico, los redolarizadores no tienen la menor intención de respetar la intangibilidad de los depósitos, sino que pretenden alimentar una crisis política contra el sector pesificador que ayude a desplazarlo del gobierno.

El cronograma electoral, por lo tanto, no sirve para canalizar o encarrilar la salida a la crisis política sino para hacerla aún más intensa. Al FMI ya no le importan los términos económicos de un acuerdo con el gobierno sino que quiere valerse de la palanca de la presión internacional para condicionar el proceso político y eventualmente las propias elecciones. Ya lo hizo así en Brasil y en Ecuador, recientemente. Ha dejado en claro que pretende ir aún más a fondo en Argentina, pues ha reclamado el “consenso político” a sus planes, que sin embargo no ha hecho públicos. Los gobernadores, de todos modos, ya pusieron su firma en un nuevo acuerdo de ajuste fiscal, aunque en realidad es un acuerdo en beneficio de los bancos acreedores de las provincias, cuya deuda deberá ser pagada ahora por el Estado nacional.

 

Las crisis provinciales

Pero mientras el gobierno busca asegurar su supervivencia con el nuevo cronograma, la bancarrota nacional puede más que esos planes. Es así que tres gobiernos de provincia se encuentran en la picota, principalmente el tucumano Miranda, pero también Montiel en Entre Ríos y la dinastía Juárez en Santiago del Estero. La llaga del hambre ha dejado al desnudo que los estados provinciales no son nada más que “cajas” de los punteros del PJ y que la descomposición política del Estado a nivel federal es completa y absoluta. En numerosas provincias la pretensión de montar un proceso electoral producirá no solamente nuevas crisis políticas sino estallidos populares. Uno de los principales escenarios de estas crisis y estallidos es Córdoba, luego de la ruinosa excursión electoral que montó De la Sota con el pretendido apoyo de Duhalde. El inimputable Reutemann también ha entrado en la tormenta con el descubrimiento de que su ministro de Economía fugó más de un millón de dólares antes del corralito. La denuncia del santafesino de que esto era una campaña en su contra está demostrando que en el peronismo se ha instalado la guerra sin cuartel.

Otra novedad que quedó un tanto oculta para la opinión pública es que la elección para presidente se haría en simultaneidad con la que corresponde al Congreso, esto con el propósito de motivar la movilización de los aparatos partidarios. Una elección semi-general pondrá en duros aprietos a quienes se han manifestado a favor del boicot electoral con la suposición de que la elección sería exclusivamente presidencial. La ansiedad por un puesto parlamentario podría forzar a más de un boicotista a cambiar de camiseta.

 

“De arriba” y “de abajo”

Un resumen del panorama político da cuenta, entonces, de una crisis irresuelta de características excepcionales. El gobierno ya ha comenzado a agitar el fantasma de que la conmemoración del 19 y 20 de diciembre pueda ser aprovechada por menemistas y adolfistas para conspirar, como lo hicieron duhaldistas y alfonsinistas el año pasado en las vísperas del Argentinazo. Si la suposición es correcta, el gobierno estaría confesando la inminencia de otro gran estallido político, que es lo que ocurre cuando la indignación “de abajo” se combina con las riñas “de arriba”. En circunstancias como éstas no hay nada más nocivo que pretender detener la dinámica de la crisis y apelar a unos a contener la indignación y a los otros a postergar sus apetitos. Lo que corresponde en momentos históricos de esas características es plantear una orientación política clara, que unifique a las masas frente a la crisis de poder. O sea “que se vayan todos” y que un gobierno de las organizaciones en lucha convoque a una Constituyente soberana.