La Nación (23/10) no vacila en hablar de “partidos paralelos”. Este es el punto en que parece haber entrado la crisis del peronismo y del conjunto del plan político-electoral del gobierno. Ya es un hecho que las internas previstas para el 15 de diciembre no van a tener lugar. Duhalde ha iniciado un proceso de cuestionamientos judiciales que podría alargar por mucho tiempo la definición de las elecciones. Todo indicaría que quiere llevar las cosas a un punto límite para que la Asamblea Legislativa acabe votando la ley de lemas o un sucedáneo de ella. Si esta previsión no se materializa quedarían creadas las condiciones para que el mandato de Duhalde se prolongue hasta el plazo constitucional, en diciembre del 2003.

La posibilidad de que se fracture el peronismo no se limita al conflicto de autoridades que se podría crear en las próximas horas entre su Consejo Nacional, de un lado, y el Congreso del PJ, del otro. Hay también una escisión paralela que tiene por escenario al Congreso Nacional y que protagonizan los legisladores peronistas que se opusieron al archivo del juicio político a la Corte. La renuncia del juez Bossert plantea una nueva crisis relacionada con el nombramiento de su reemplazante. En manos de la Corte se encuentra la resolución del conflicto en torno a la pesificación y a la devolución de los depósitos bancarios en dólares.

En el núcleo de la crisis peronista está presente la evidencia de que el duhaldismo no ha logrado imponer un sucesor a la Presidencia del país y, lo que es más, que sus propias filas se van disgregando como consecuencia de este fracaso. Los principales intendentes bonaerenses estarían a punto de ser cooptados por las fracciones que se disputan la candidatura del PJ. Pero la disgregación del duhaldismo (conjuntamente con la del alfonsinismo) significa una pérdida enorme del poder político de la burguesía que se benefició con la pesificación. Kirchner y Rodríguez Saá, por caso, representan a los intereses de la patria constructora que quiere un arreglo rápido con el FMI para obtener financiación para contratos de obras públicas (ambos baten el mismo parche de la construcción de millones de viviendas). Ambos tienen en común con Menem-Romero la defensa de los ex bancos provinciales, ahora privados (Macro, Banex, los ex Santa Cruz y Río Negro), que están comprando los bancos en quiebra con los dineros del Banco Central; el negocio apunta a la posterior reventa, con plusvalía, de esos bancos a la banca internacional. En cierto modo, la burguesía pesificada se encuentra ante una crisis similar a la que experimentó en diciembre del 2001 (la posibilidad de que retomen el gobierno los interesados en que quiebre), cuando se decidió por bajarle el pulgar a De la Rúa y a Cavallo.

FMI

Es, precisamente, el acuerdo con el FMI lo que planea sobre la crisis política, esto porque el Fondo está exigiendo un tarifazo del 30% y, lo que es más, una política monetaria y cambiaria para revalorizar el peso, por ejemplo a 2,50 por dólar. Las empresas de servicios recibirían un resarcimiento doble, porque en dólares habrían aumentado las tarifas en más de un 45%. La revalorización significa también un aumento del PBI y de los activos nacionales, cuando se los mide en dólares, y una reducción de la deuda con el exterior de esas mismas empresas y bancos, en este caso medida en pesos. Los términos que plantea el FMI zanjarían los problemas de los grandes pulpos y abrirían la vía para renegociar la deuda externa.

Ninguna de estas medidas, sin embargo, modificaría la caída del poder adquisitivo del salario frente al aumento irreversible del costo de vida en más de un 60%. Aunque parezca que los perjudicados por estas medidas serían los exportadores, una eliminación de las retenciones a la exportación los compensaría con holgura. De conjunto, esta política revalorizaría por un tiempo los títulos que ha estado emitiendo el Estado para compensar a los bancos y habilitaría una mayor aceptación de ellos en el caso de los depósitos bancarios. La gran perjudicada sería la burguesía pesificadora porque sus deudas se revalorizarían en términos de dólares. Un perjuicio adicional lo representa la exigencia del FMI de que los bancos reduzcan su participación en el mercado de crédito. De conjunto, las exigencias reflacionistas del FMI deberían actuar como un freno a la reactivación económica, en especial porque el momento actual está dominado por la salida de capitales.

Golpe o elección

A la luz de esto es claro que Duhalde y los pesificadores no quieren ver desbaratado el resultado del golpe que los aupó al gobierno en enero pasado. O logran consagrar un candidato propio o alquilado en el PJ, o tirarán de la cuerda para hacer saltar el tope de mayo próximo para entregar el gobierno. Se ha acentuado la disolución de la base social de este gobierno, ya apuntada por Prensa Obrera hace tres meses; Duhalde es cada vez más el resultado de un equilibrio inestable de fuerzas que puede terminarse en cualquier momento.

Esto no depende sólo de los acontecimientos internos; la influencia de la experiencia brasileña a partir del próximo domingo puede ser decisiva. Paradójicamente, la reiteración por parte de Lula de que reforzará el ajuste todo lo que sea necesario, apuntala la política del FMI y golpea todavía más a la burguesía que respalda a Duhalde.

En este marco, es poco menos que sorprendente la posición del conjunto de la izquierda, que ignora la crisis política, no fija posición ante ella, y se limita a proclamar una participación para elecciones cuyas condiciones cambian todos los días y cuya realización misma está en veremos. La izquierda democratizante hace gala de un electoralismo incondicional e incluso ciego y de una renuncia a intervenir en la crisis política que se desarrolla delante de los ojos de todos. Lo mismo vale para los que han anunciado un boicot con extraordinaria anticipación, violando la regla mínima de cualquier boicot, que es tener en cuenta las circunstancias concretas que lo justifican.

La crisis política pone de manifiesto que el régimen existente es incapaz de garantizar las reglas de su propia legitimidad y su reproducción política; tiende cada vez más a transformarse en un régimen de facto, esto mientras acentúa los antagonismos sociales y los choques que resultan de ese agravamiento. La cuestión del poder está claramente planteada y no pasa por una victoria electoral de la izquierda por más que se invoque al PT o a Brasil en general (y ahora a Lucio Gutiérrez de Ecuador); pasa por desplazar al gobierno actual y a las instituciones en las que se apoya (Congreso, Asamblea Legislativa) y transferir la soberanía al pueblo, o sea elegir una Constituyente soberana, es decir con poder. La posibilidad de una unidad de la izquierda tiene que ver con esta cuestión, no puede plantearse caprichosamente en torno a cualquier eje.

Proponemos a la izquierda, en consecuencia, debatir en común la crisis política actual y convocar en común con las organizaciones en lucha a un gran Congreso de piqueteros, asambleas, fábricas ocupadas, ahorristas y sindicatos en lucha, para concretar la consigna que se vayan todos en estrecha relación con todas y cada una de las luchas en curso. Entre los golpes y autogolpes que se traman y que ya están en desarrollo y la zanahoria de unas elecciones que encubren este derrumbe político, planteamos Fuera Duhalde y el conjunto de este régimen, por una Constituyente con poder convocada por el pueblo en lucha. Sólo el resultado de esta lucha le dará a los explotados una salida democrática.