La anulación de las internas abiertas por parte de la Justicia, no hizo más que traducir la enorme crisis del peronismo, lo que no es poca cosa si se tiene en cuenta que el peronismo es el único instrumento político de la burguesía para canalizar la crisis revolucionaria argentina hacia un desenlace electoral.

La decisión posterior del Consejo Nacional del PJ, con mayoría menemista, de mantener las elecciones internas para el 15 de diciembre, no engañó a nadie. Rodríguez Saá y Kirchner condicionaron su participación en tales términos que equivalen a una autoexclusión. Aunque los duhaldistas votaron a favor, pocos dudan de que trabajan en contra: de un lado, porque proponen convocar al Congreso justicialista para designar una junta electoral; del otro, porque piensan apelar el fallo judicial, lo que dejaría en suspenso la convocatoria del Consejo. Duhalde quiere convocar a la Asamblea Legislativa para que acepte su renuncia a la presidencia con fecha 25 de mayo, para disipar, dice, la sospecha de que querría quedarse hasta diciembre del 2003 o más. Al mismo tiempo, el PJ bonaerense, duhaldista, también convocó a elecciones internas para cargos partidarios el mismo 15 de diciembre. El duhaldismo ha hecho coincidir las fechas con la eventual interna nacional para impulsar la movilización de su aparato, aún sin tener candidatos a la Presidencia de la Nación. Una Asamblea Legislativa en las presentes circunstancias podría ser una caja de Pandora; de ella, con un peronismo dividido, podría salir cualquier cosa.

El fracaso del gobierno para imponer un sucesor por medio de elecciones internas en el peronismo, constituye un rudo golpe al conjunto del plan electoral. El centroizquierdismo y la izquierda democratizante, sin embargo, han tomado esta circunstancia para acentuar su política electoral, sin reparar siquiera que ambos están cayendo en las intenciones de voto. Se ha creado una situación en que la principal fogonera del desvío electoral de la crisis es la izquierda y no el oficialismo. Pero admitir sin disputa las condiciones político-electorales establecidas significa favorecer a “los partidos del sistema”, porque esas condiciones separan la elección presidencial de las parlamentarias y mantienen en poder del oficialismo todas las palancas de los comicios, desde los medios de comunicación hasta la Justicia electoral, pasando por los aparatos de la policía, las mafias y los punteros. La crisis del plan oficial y del justicialismo deben ser aprovechadas para enfrentar a esta política en su conjunto y oponerle la convocatoria de una Asamblea Constituyente por parte de las organizaciones en lucha. Ahora que está más de moda que nunca eso de “construir la alternativa”, la única vía es que quienes quieren protagonizarla se unan para echar al gobierno que fracasó y reemplazarlo por una Constituyente con poder. Con esta finalidad, la Asamblea piquetera decidió hace pocas semanas reunir a las organizaciones piqueteras, sindicales, de fábricas ocupadas, estudiantiles y a las asambleas populares, para convocar en común a un Congreso Nacional de los explotados y luchadores. Este Congreso sería una gran herramienta y también una gran oportunidad para impulsar una lucha nacional por la Constituyente y el segundo Argentinazo. Llamamos a todos los partidos de izquierda a impulsar este Congreso y la Constituyente. Incluso si el desvío electoral se impusiera a la lucha para que se vayan todos en el corto plazo, sólo por la vía de una lucha revolucionaria se podrán modificar las condiciones electorales que quiere imponer el gobierno y ampliar las posibilidades de una candidatura de izquierda y revolucionaria. La izquierda y el centroizquierda, sin embargo, están aceptando los condicionamientos electorales que el gobierno no consigue imponer ni al propio peronismo.

El vacío político creado por la parálisis del plan electoral, se combina con el anuncio de un acuerdo con el FMI, que tiene por principal ingrediente el aumento de las tarifas de los servicios públicos. Ha quedado claro que este aumento no tiene que ver con una necesidad de inversiones que no tendrán lugar de todos modos, sino con la necesidad de pagar la deuda externa de las privatizadas con los bancos. A cambio del aumento tarifario, el FMI no promete, sin embargo, entregar ningún adelanto de dinero, entre otras cosas porque se le agota la caja para ello, vista la necesidad de socorro inminente que reclaman Brasil y Turquía. Además del tarifazo se producirá también el bonazo, o sea la definitiva confiscación de los depósitos bancarios. Ambas medidas tienen todas las posibilidades de recrear el clima cálido de las noches de la primavera pasada. Las ilusiones de una estabilización económica están impugnadas por estos motivos: los bancos no prestan un peso ni renuevan créditos; al revés, los cancelan; el dinero sobrante lo invierten en títulos del Banco Central a tasas que llegan al 60% de interés anual. El festival de bonos que está impulsando el inventor de esa denominación, el ministro Lavagna, ha llevado la deuda pública a 160.000 millones de dólares, que pueden convertirse en 200.000 millones de dólares si se re-dolarizan los préstamos garantizados y las tenencias de las AFJP. Son unos 800.000 millones de pesos, o sea varias veces el PBI del corriente año. La posibilidad de una inversión del retroceso económico no puede dejar afuera la crisis financiera en Brasil, que discute abiertamente, bajo el eufemismo de una reestructuración, el “default” del tramo exterior de su deuda pública.

En estas condiciones, llamamos a los partidos de izquierda a una “mesa redonda” en la que discutamos la alternativa de poder a la crisis del plan político oficial y del régimen, y la lucha contra el tarifazo y el acuerdo infame con el FMI.