10/10/2002 | 775

Panorama político

Las últimas informaciones dan cuenta de que la jueza Servini de Cubría canceló las elecciones internas previstas para el 15 de diciembre. Tenía bastantes argumentos para hacerlo, como la inconstitucionalidad del acortamiento del mandato de Duhalde (para colmo, por medio de un decreto) o la obligación de inscribir candidatos fuera del período establecido en el Código Electoral, el cual tiene un rango superior al decreto de las internas de Duhalde. Las internas, de cualquier modo, habrían sido ilegítimas porque los padrones, en particular los del peronismo, son reconocidamente truchos. La pregunta no es, entonces, por qué la jueza puso fin a las internas sino por qué se demoró tanto.


La cuestión de fondo es, claro está, política. El propio gobierno ardía de ganas de que algún juez pusiera fin al entuerto. Es que, en la práctica, en la interna peronista sólo habrían participado Menem y De la Sota; Kirchner, Bordón y Rodríguez Saá habrían ido por afuera del PJ. En tal caso, el peronismo habría acabado en marzo con cinco o seis candidatos pero sin ley de lemas y sin ninguno con más de un 10-15% de los votos. Las internas, concebidas para entronizar un candidato único, terminaron exponiendo la disolución del peronismo. En el curso de la campaña a las internas, el peronismo no logró infundir ningún interés electoral; los candidatos no salieron de intenciones de voto francamente minoritarias; ninguno de ellos, y esto es lo más importante, logró concentrar el apoyo de la gran banca o de la gran industria. El problema es si ahora el gobierno tiene la capacidad de hacerle votar una ley de lemas al Congreso.


Este desenlace ha dejado, como se dice, «en pelotas» a todos los que apostaron al proceso político-electoral del duhaldismo, es decir a todos sin excepción, porque hasta los que plantearon recientemente la abstención o el boicot electoral dieron por cierta una perspectiva que acaba de naufragar. El fallo plantea una crisis política y por lo tanto la posibilidad de un replanteo de la salida política del gobierno y un replanteo de las alianzas políticas que se tejieron en función de esa salida. El adelantamiento de la elección presidencial para marzo conllevaba un adicional que le fue ocultado a la opinión pública, a saber, que simultáneamente iban a tener lugar las elecciones para el Congreso aunque los legisladores recién habrían podido asumir en diciembre (¡nueve meses después de electos!). Las «internas» para presidente habrían condicionado, por lo tanto, la selección de los candidatos al parlamento, lo que era una razón adicional para llevar el plan al fracaso. Con el fin de las «internas abiertas», el gobierno se ha quedado sin plan político y los partidos, especialmente el peronismo, sin un cuadro para la selección de los candidatos al parlamento.


Al gobierno se le presentan, ahora, alternativas contrapuestas: o recauchuta su plan anterior, por ejemplo con una ley de lemas, o simplemente adelanta las elecciones para dentro de dos meses y se va con el rabo entre las piernas y con el proceso económico en el ápice de la crisis. Solamente la amenaza de una nueva rebelión popular podría forzar a los caciques peronistas a pactar un candidato único. Pero ya cualquiera de estas variantes altera los planes del FMI, o sea del Tesoro norteamericano, que tendrían que negociar con un gobierno aún más débil o posiblemente con poco tiempo de vida. Combinado con la crisis financiera de Brasil, la crisis política argentina podría desatar un nuevo derrumbe económico capitalista.


Es lo que, por otra parte, ha venido ocurriendo. La decisión del Banco Mundial de aceptar que Argentina no cancele una deuda por 250 millones de dólares y la del FMI de poner la plata para que se pueda pagar otra deuda de 850 millones de dólares en noviembre revelan el temor de provocar un derrumbe financiero de las principales Bolsas del mundo. Se comenta abiertamente que un default brasileño arrastraría a Turquía, y esto en las vísperas de la agresión imperialista contra el vecino Irak. Con estas postergaciones o refinanciaciones, el FMI y sus secuaces intentan ganar tiempo, pero Argentina no gana nada: se profundiza la cesación de pagos; la falta de créditos internacionales y la fuga de capitales; y la depresión económica. En septiembre se registró otro pico de despidos, casi 60.000 trabajadores.


La belicosidad popular no ha disminuido ni habría podido disminuir en semejantes condiciones económicas y políticas. Los ahorristas no han aceptado el levantamiento parcial del corralito pesificado y mientras reclaman por la defensa de la propiedad privada siguen atacando a los bancos y a los banqueros, al FMI y a la Corte Suprema, es decir a las columnas de la propiedad privada. Los ahorristas han sido confiscados no por la violación del régimen de la propiedad privada sino en defensa de este régimen, que no existe ni podrá existir sin la sistemática confiscación de los trabajadores y de los pequeños productores, y sin quiebras y bancarrotas que entrañan, por definición, la confiscación de unos propietarios por otros.


Siguen también las ocupaciones de fábricas y, ahora, de clínicas, y la marcha del plan de lucha piquetero. La prensa se pregunta por qué este movimiento popular no logra alcanzar una homogeneidad política, aspirando a que esa homogeneidad desemboque en un candidato electoral. Pero toda la experiencia histórica le ha demostrado al pueblo que la homogeneidad política necesaria para vencer realmente debe tener una base más sólida que un candidato de éxito y un desemboque más sólido que un episodio electoral. Debe consistir en una acumulación sistemática de fuerzas, mediante la lucha y la organización, para explotar la crisis política en curso y establecer una Constituyente con poder convocada por las organizaciones de trabajadores en lucha.

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