23/01/2003 | 788

Panorama político

La designación, por parte del duhaldismo, de Kirchner como su candidato y la aparente firma del siempre postergado acuerdo con el FMI indicarían que la balanza se habría inclinado definitivamente a favor de la realización de las elecciones el próximo 27 de abril.


Sí y no.


Si el análisis parte de la unción de Kirchner, hay que decir que el santacruceño no ha reunido todavía las características de un candidato consagrado. Fuera de Solá, lo apoyan solamente dos gobernadores menores del justicialismo, los más dependientes del dinero de la Rosada. Solá, por su lado, no lo ha ayudado mucho al decidir que las elecciones bonaerenses se realicen recién en septiembre próximo, lo cual deja a Kirchner con una menor movilización de los punteros de la provincia. La decisión de Solá, por añadidura, ha sido condicionada por la división del PJ de Buenos Aires, es decir que Solá todavía tiene que preocuparse por él mismo antes de prometerle nada a Kirchner. De la Sota, a su vez, se ha bajado de la candidatura jurándole la guerra a los duhaldistas. En definitiva, la designación de Kirchner se presenta con todo el aspecto de una maniobra desesperada o como el último intento de inviabilizar el proceso electoral y postergar las elecciones nacionales también para septiembre.


Lo que ya nadie oculta es la completa división del peronismo. Menem pretende impugnar la cancelación de las elecciones internas para designar al candidato del justicialismo y eventualmente hacerse proclamar candidato oficial del PJ por el Consejo Nacional. Bajo cualquier forma, el peronismo se ha roto, sea que vayan cinco o seis con el mismo escudo o que lo acapare uno de ellos contra los demás. Para colmo, Solá ha llamado a elecciones abiertas y simultáneas para todos los partidos para el 30 de marzo, algo que también se podría volver a reclamar a nivel nacional. No puede descartarse que Menem también quiera ahora que se posterguen las elecciones: entre varias razones está el hecho de que el acuerdo con el FMI concluye en agosto, lo cual volvería a poner al duhaldismo ante una crisis con el Fondo si las elecciones son convocadas para después de esa fecha.


Es decir que la candidatura de Kirchner es por ahora más una caricatura que una salida política real. No debe olvidarse tampoco que la dispersión de los candidatos justicialistas le pone a cada uno de ellos un tope del 15-17% de los votos, lo cual significa en sí mismo una crisis política. Lo más interesante de todo es que se trata de votos intransferibles, es decir que si alguno de ellos se bajara esto no le reportaría ventaja a otro justicialista. Los pollos del PJ no están resguardados por la «identidad» partidaria porque los enfrentan poderosos intereses sociales contradictorios. En definitiva, la sucesión política del gobierno actual se encuentra fuertemente comprometida y, en esta medida, lo está también el cumplimiento de las previsiones electorales.


Tampoco mejora el panorama el acuerdo con el FMI. Es que como tiene vigencia sólo hasta agosto, la cuestión del acuerdo con el Fondo seguirá condicionando la campaña electoral. Lo prueba el apresurado pronunciamiento unánime de los candidatos a favor del acuerdo el mismo día en que se conoció la noticia. Los «nacionales y populares», como Rodríguez Saá, Moreau, Carrió y, por supuesto, Kirchner, fueron los que mostraron mayor obsecuencia. Con la extorsión que representa la precariedad del acuerdo con el Fondo, la campaña electoral sigue tan afectada como si no se hubiera firmado nada. Una medida de la crisis lo constituye la preocupación que causa la caída de la cotización del dólar: es decir que antes les preocupaba si se «disparaba» y ahora si se «achica». Mientras tanto, los exportadores hacen un negocio colosal, porque convierten los dólares en pesos y compran letras al Banco Central que rinden un 60% anual. Cuando el peso haya subido demasiado y la tasa de interés se haya reducido también, harán el movimiento contrario: convertirán las letras en pesos y los pesos en dólares y sacarán la plata del país. En esta maniobra, el Central ya lleva transferidos a los especuladores unos dos mil millones de pesos.


Según la mayor parte de los diarios, la dirección del FMI y el menemismo se oponían a firmar un acuerdo con Argentina, mientras que los gobiernos de Estados Unidos y Europa habrían forzado la mano para cerrarlo, alegando la necesidad de una estabilización política en el país. En esta línea de razonamiento, se podría descontar que los opositores al acuerdo estén interesados ahora en que las elecciones se posterguen para septiembre-octubre en un esfuerzo por debilitar a la patota pesificadora del duhaldismo.


El punto central de todo esto es que la realización de las elecciones tropieza con un problema de poder porque deberán tener lugar en el marco de una gigantesca crisis de poder. No sólo esto. En las últimas semanas, la prensa financiera ha dejado más claro que nunca que los bancos reclaman la recuperación integral del valor de su capital anterior a la devaluación, lo que exigiría aportes enormes del Estado y un crecimiento sin precedentes de la deuda pública. El capital quiere recomponer todas las relaciones previas a la crisis con la yapa de las ventajas conseguidas desde entonces, como un peso y salarios baratos. Las elecciones, precisamente, deberían concentrar estas exigencias y ser la vía para su satisfacción. O sea que mientras los explotadores necesitan sacar al pueblo de las calles, rutas y ocupaciones de empresas y llevarlo a dirimir diferencias al más seguro campo electoral, las elecciones son la caja de resonancia de la crisis de poder y un escenario de la lucha de fracciones de la burguesía por el acaparamiento de ese poder; en suma, un factor de mayor crisis, luchas, cortes y ocupaciones.


La política del Partido Obrero sigue siendo el señalamiento de esta crisis mortal de la burguesía y sus partidos; la denuncia de la incapacidad de éstos para establecer una salida democrática, y el repudio a todas las maniobras políticas que ponen en evidencia el objetivo de imponer una manipulación electoral infinitamente mayor y peor que las del pasado. La conclusión de este planteo es que tanto las reivindicaciones más elementales como la superación de la crisis política exigen echar al gobierno de turno y entregar el poder a una Asamblea Constituyente soberana convocada por las organizaciones en lucha. El lugar fundamental de esta política lo ocupa la campaña por la convocatoria de un gran Congreso Nacional de todas las organizaciones en lucha, precisamente para que se presenten como un poder de los explotados. Las organizaciones piqueteras, las fábricas ocupadas, los sindicatos en lucha, las asambleas populares forman parte de este bloque de rebelión popular junto a otras numerosas organizaciones. Pero el Partido Obrero pretende valerse de todos los medios de acción política para agrupar a los trabajadores en una plataforma de poder contra la burguesía y acelerar también de este modo, y aún más decisivamente, el agotamiento del régimen actual y la posibilidad de un gobierno de trabajadores. Entre esos medios está la participación en las elecciones parciales en diferentes provincias y ciudades. El pueblo sólo puede triunfar, primero, con un programa; segundo, con una organización que luche consecuentemente por ese programa. No se debe dejar pasar un sola oportunidad para avanzar en este campo. El abstencionismo no tiene una base programática propia, es un conjunto contradictorio que reúne las posiciones incluso más contrapuestas. No se trata de profundizar esta heterogeneidad y, por lo tanto, la confusión.


La maduración política de un pueblo no consiste en otra cosa que en su homogenización creciente en torno a una estrategia.

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