El despido de Aldo Pignanelli de la presidencia del Banco Central sería, para algunos, un factor de “unificación de mando” u “homogeneización” de la política económica a favor de Duhalde y de la burguesía devaluadora. Según el propio Lavagna, obedecería a la necesidad de terminar con lo que definió como “el copamiento del Central por parte de la banca extranjera” (BAE, 9/12). Semanas atrás, Pignanelli había defendido pagar con las reservas el vencimiento de 800 millones de dólares con el Banco Mundial, contra la decisión, finalmente impuesta por Lavagna, de defaultear ese vencimiento. El nuevo presidente del Central, Prat Gay, fue presentado por Atanasoff como “un defensor de nuestras reservas”, ello porque habría compartido la decisión tomada por Lavagna.

Lo que no se dice, en cambio, es que Prat Gay pretende preservar esas reservas, pero sólo para “honrar”, con ellas, las deudas con los acreedores privados y a sus bancos comisionistas. Uno de ellos, el J.P. Morgan, fue empleador de Gay hasta el año 2001. Apenas veinticuatro horas antes de su designación, La Nación dedicó su tapa a un estudio de la deuda pública argentina, señalando que los vencimientos del 2003 ascenderán a 30.000 millones de dólares, lo que triplica las reservas existentes. El informe, que pone de relieve la inviabilidad de cumplir con estos vencimientos, plantea la necesidad de una “estrategia de reprogramación de los pagos”. “Casualmente”, los autores de este estudio eran el mismo Prat Gay y su socio Lacoste, es decir, los futuros presidente y vice del Banco Central.

Mientras se resolvía el nombramiento de Prat Gay, la prensa daba cuenta de “una interna entre los organismos internacionales y los acreedores privados respecto de las prioridades de cobro”, donde se ha planteado “la polémica respecto de por qué el FMI no tendrá una quita y los privados sí” (El Cronista, 9/12). El nuevo presidente del Central ha defendido sin disimulos a estos últimos. Para Prat Gay, las reservas deben ser la garantía del proceso de reprogramación (y reconocimiento) de la deuda pública externa con acreedores privados. En un reciente seminario, Gay planteó que “antes que a lograr fuertes quitas en el capital, (había que) obtener una agresiva extensión en los plazos de la deuda para hacerla compatible con la capacidad de pago” (El Cronista, 5/12), es decir, comenzar a pagar la deuda defaulteada con la menor quita posible, e hipotecar a la Argentina por décadas. Ello, luego de un negocio de “ingeniería bancaria” que dejará a los bancos “asesores” comisiones que se calculan en 500 millones de dólares. Duhalde y Prat Gay se aprestan así a lanzar su propia versión, empeorada, del “megacanje” de De la Rúa-Cavallo.

El recambio en el Central no ha “homogeneizado” nada: en la ventanilla de pagos de la bancarrota argentina, los defensores del FMI y el Banco Mundial han sido desplazados por los agentes de los acreedores privados de la deuda pública argentina y sus bancos comisionistas. Ni qué decir que éstos defienden, a su turno, un mayor ajuste fiscal como garantía de esa reprogramación de deuda, la reestructuración financiera a favor de la gran banca privada y el tarifazo, lo que preanuncia nuevos choques con la burguesía devaluadora.

La brutal confiscación operada contra la clase obrera no basta para superar la bancarrota capitalista en curso; esto exige, además, una “depuración” de capitales sobrantes y por eso provoca una lucha despiadada entre los explotadores. Ello se manifiesta hoy entre los monopolios exportadores que quieren preservar sus divisas afuera, y los que exigen que sean integralmente liquidadas para aumentar los ingresos fiscales; entre los organismos “multilaterales” del imperialismo y los acreedores privados; entre devaluadores y “redolarizadores”.

 

Menem y Duhalde

Este agravamiento de la crisis interburguesa explica, a su turno, el empantanamiento del proceso electoral en su conjunto, y el de la interna peronista en particular. La Junta Electoral duhaldista del PJ se aprestaba, en estas horas, a dar por “caídos” los comicios planificados para el 19 de enero, ante las divisiones inconciliables entre menemistas y duhaldistas. La circunstancia de una diáspora de candidatos peronistas que lo tenga a Menem como el más votado, por un lado, y la enésima desmentida de Reutemann, por el otro, han vuelto a colocar sobre el tapete la posibilidad de que Duhalde deba salir al ruedo como candidato de los devaluacionistas, ante “la ausencia de un referente con capacidad para enfrentar a Menem en las urnas” (BAE, 9/12). Esta vez, la candidatura de Duhalde fue respaldada hasta por el propio Reutemann. Pero la postulación Duhalde conllevaría, casi con seguridad, una postergación de las elecciones a octubre. Así, el empantanamiento de la interna peronista vuelve a colocar, al plan electoral continuista en fojas cero.

 

A qué le temen los usurpadores

Pero el operativo de Duhalde no apuntaría solamente a prolongar la permanencia de los devaluadores en el poder político, sino también a reconstruir la autoridad del Estado frente a los explotados. Esa autoridad fue quebrada por el Argentinazo, y Duhalde fracasó en reinstaurarla con los crímenes del Puente Pueyrredón. Amenaza “penalizar posibles actos de saqueo”, y los identifica con las iniciativas de movilización previstas para el 19 y 20 de diciembre, lo que revela que Duhalde no ha renunciado a dirigir la “transición” apelando a la militarización de las barriadas. Pero no son los saqueos lo que teme Duhalde, sino más bien su evidente superación por parte del movimiento de las masas. Las movilizaciones que el movimiento piquetero, asambleario y juvenil prepara para el 19 y 20 pasarán de largo por los supermercados, y dirigirán toda su energía al centro del poder político bajo la consigna “Que se vayan todos”.

Bancarrota capitalista, división entre los explotadores e iniciativa popular: el aniversario de las jornadas revolucionarias del 19 y 20 de diciembre llegará, en definitiva, bajo la impronta del “primer” Argentinazo.