Políticas

28/10/2010|1152

Papel Prensa y la partición de Proyecto Sur

El proyecto de ley que declara “de interés público” la producción de papel de diarios, aprobado en comisión por la Cámara de Diputados, le ha permitido al oficialismo anotarse un poroto más importante aún que esa previsible aprobación: empezó a estallar la precaria armazón política de Proyecto Sur, aunque, paradójicamente, el dictamen de comisión finalmente firmado no es el presentado por el gobierno sino el que presentó el bloque de Pino Solanas, porque el oficialismo no tenía los votos necesarios para aprobar el propio. Así, un gobierno en proceso de disgregación pudo mostrar que sus opositores parlamentarios están más disgregados aún que los oficialistas.

El proyecto que se aprobó fue el pergeñado por la diputada Cecilia Merchán, de Libres del Sur (uno de los grupos que integran Proyecto Sur), pero Solanas se fue de la reunión. Por su parte, Miguel Bonasso ni apareció por ahí y luego dijo que en la plenaria votará lo que le parezca mejor. En definitiva, para que les alcanzaran los votos tuvo que salir de su cama Liliana Parada, aunque estaba engripada y con fiebre alta. La otra diputada de Proyecto Sur, Alcira Argumedo, decidió firmar el dictamen a último momento, aunque bramó contra el monopolio de las telefónicas, del cual dijo que “en comparación con el papel, es lo que un fusil a una gomera”. También Solanas amenazó con avanzar ahora en otro proyecto para “regular el monopolio de las telefónicas”. Regularlo, no suprimirlo, y es lógico: el proyecto de su bloque sobre el papel prensa tampoco elimina el monopolio en ese rubro. Por el contrario, hasta puede reforzarlo aunque el monopolio cambie de manos.

El texto que se aprobó no apunta contra el monopolio en general de la producción y distribución del papel, sino contra el ex socio del oficialismo Héctor Magnetto y contra La Nación. El dictamen dice que no pueden tener más del 10 por ciento de las acciones de las pasteras los dueños de medios de comunicación, lo cual obligará a Clarín y La Nación -que poseen respectivamente el 49 y el 22,49 por ciento del paquete de Papel Prensa- a desprenderse de activos en el término de tres años.

Apenas aprobado el dictamen, Solanas protestó contra su propio bloque: “Nos entramparon”, dijo antes de añadir: “Quedamos tomando partido en una guerra y nuestras prioridades son otras”. El disparo apuntaba seguramente contra Humberto Tumini y el diputado Eduardo Macaluse, principales propiciadores del acuerdo con el gobierno. Solanas quería retirar el proyecto, pero su bloque no le hizo caso.

El coro de alcahuetes

En una solicitada que publicó en los diarios del domingo 24 de octubre, la reaccionaria Adepa (la patronal de los medios periodísticos) dice que el proyecto aprobado constituye un atentado contra “la prensa libre” que, según ellos, “ha contribuido a la existencia misma del sistema republicano y democrático de gobierno”. Antigua y persistente portavoz de cuanta dictadura ha habido en la Argentina, Adepa habla con conocimiento de causa sobre la distribución de papel por parte del Estado: recibirán el insumo los medios oficialistas; los otros, que se arreglen. Adepa sabe de qué habla porque sus mandantes lo han hecho, cuando no acudieron, como en tiempos de la última dictadura, a medios más expeditivos que la negación de papel.

Pero es indudablemente cierto que la producción y la distribución del papel en manos del Estado de la burguesía derivará en la consolidación de un coro de alcahuetes al estilo “6,7,8” en la prensa gráfica. El dictamen presentado por Proyecto Sur y votado por el bloque oficialista avanza en ese sentido.

Nadie puede pensar seriamente que atentará contra los monopolios el gobierno que ha permitido la compra, por parte de Telefónica, de la sociedad controladora de Telecom, de modo que un solo pulpo extranjero domina ahora el 90 por ciento del mercado argentino de telefonía. O el gobierno que permitió al multimillonario mexicano Remigio Angel González González, dueño de treinta canales de televisión, comprarle a Daniel Hadad el 80 por ciento de las acciones de Canal 9. A cambio, González le da aire a programas como “Duro de domar”, “TV registrada” o “Bajada de línea”, de bajísima audiencia pero alcahuetes inconmovibles del gobierno.

Contra los monopolios privados y contra el monopolio de la camarilla gobernante, es una elementalidad democrática la necesidad de estatizar la producción de papel de diario bajo control de los trabajadores y de las organizaciones políticas y sociales con presencia en la vida nacional. Se trata, simplemente, de una medida de transición, de emergencia, para salir del atolladero de la pugna mísera entre pulpos empresariales y camarillas políticas.