La nueva ley de accidentes de trabajo es una calamidad para la clase obrera.  Para las llamadas incapacidades graves, como la incapacidad absoluta o la muerte, producidas en o por el trabajo, sustituye el pago de la indemnización por una renta mensual que varía según la edad del trabajador damnificado y el sueldo. Para un trabajador con un sueldo de 500 pesos, esa mensualidad ronda los 150 pesos y para quien gana 1.000 pesos, menos de 300 pesos por mes.

Es decir, la incapacidad absoluta o la muerte por un accidente de trabajo, por causas ajenas a la responsablidad del trabajador, vale para la clase capitalista el 30% del salario miserable.

Algo similar sucede con las incapacidades menos graves —cuando afectan la capacidad laboral del trabajador en menos del 50%. En esos casos el trabajador recibe una indemnización por única vez  —suma fija— que puede rondar de los 3.000 a 15.000 pesos, también según la edad, sueldo del trabajador e intensidad de la incapacidad. Una verdadera miseria (que reduce todavía más las ya bajas indemnizaciones que se pagaban por las anteriores leyes de accidentes de trabajo —en especial, a partir de las modificaciones introducidas en 1991— que ahora quedan derogadas).

A cambio de esta ‘indemnización’ del 30% del sueldo, el trabajador tiene prohibido realizar juicios laborales, porque la determinación de la incapacidad queda reservada a las comisiones médicas, ni tampoco puede recurrir a la vía civil, lo cual “es discriminatorio en cuanto priva a las víctimas de infortunios laborales de acceder a la tutela civil para la reparación que gozan todos los habitantes, conforme al derecho común” (ponencia del Dr. Isidoro Goldenberg, en las Jornadas sobre accidentes del trabajo de la Asociación de Abogados Laboralistas).

La ley reconoce solamente un limitado número de enfermedades profesionales. No están las várices ni la lumbalgia, que son los casos más numerosos de enfermedades reconocidas por la Justicia. “El listado de enfermedades profesionales, aprobado por el Comité Consultivo Permanente, es confuso pues toma en cuenta el agente productor del daño, como elemento principal, omite algunas enfermedades profesionales y por supuesto excluye las enfermedades accidentes, que durante años, nuestra jurisprudencia sabiamente había terminado por aceptar” (ponencia de Luis Enrique Ramírez, ídem).

Oposición patronal

¿Si todo esto es así, por qué la patronal de la Unión Industrial ha puesto en crisis al sistema al reclamar por la postergación indefinida de su entrada en vigencia?

Hay dos razones. Primero, considera que la ley debería ser más reaccionaria aún. Por ejemplo, debería achicar las rentas de las enfermedades graves, con el argumento de que el trabajador con incapacidad absoluta o la viuda de un trabajador que fallece por el accidente de trabajo podrían cobrar la pensión por invalidez o muerte, es decir, “dos beneficios”.

También critica que la ley permita al trabajador ir a juicio en caso de que el accidente se hubiera producido por ‘dolo’ de la patronal. Para la Unión Industrial esto dejaría un resquicio por donde los trabajadores podrían iniciar juicios. En resumen, para la gran patronal la ley debería ser más antiobrera.

Pero la segunda cuestión es incluso más decisiva. Sucede que el nuevo seguro estará a cargo de las ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo), que cobrarán a las patronales por ese seguro una tarifa mensual (póliza). Según los diarios, el precio promedio de esa tarifa sería del 4% mensual de los salarios de la nómina de trabajadores asegurados, lo que arrimaría a las cajas de las ART unos 1.500 millones de dólares por año.

Pero la gran patronal no quiere ni en sueños transferirles semejante suma a los grupos financieros y bancarios que entraron a este nuevo negocio. Cuando planteó el permiso de un ‘auto-seguro’ para las grandes empresas, las ART pegaron el grito en el cielo por la parte de la torta que perderían.

El gobierno prometió autorizar el autoseguro, pero con restricciones, lo que llevó al ‘patrón’ de la Unión Industrial, Blanco Villegas, a decir en un violento comunicado que la ley encarecía los costos laborales y violaba acuerdos anteriores. Al mismo tiempo, abrió una crisis en la Unión Industrial con los representantes vinculados a los grupos financieros, que han amenazado con escindir a la cámara patronal. El lunes pasado, M. Macdur, de la Unión Argentina de la Construcción, amenazó con el retiro del ‘grupo de los 8’ de la flamante Comisión del Empleo y del Trabajo, si la ley de seguros de riesgo no se modificaba.

Ante la divergencia entre los distintos sectores capitalistas, el gobierno se comprometió a laudar en dos semanas. Pero como se espera que convalide el planteo de las ART, el otrora ultracavallista patrón de la Unión Industrial, Blanco Villegas, es ahora blanco de ataque de los cavallistas y de los grupos financieros.