El gobierno encargado de determinar quién debe pagar la crisis, no fue elegido por el pueblo.

En 1999, perdió las elecciones presidenciales.

En el 2001, perdió dos millones de votos respecto a las del ’99; 700.000 en la provincia de Buenos Aires.

Tomó el poder mediante un “delito de sangre”: un golpe contra otra fracción de su propio partido.

El golpe fue tramado por el Tesoro norteamericano y la “patria rural, exportadora y contratista”, con el fin de imponer la devaluación de la moneda. Los yanquis y la UIA apoyan, mientras la Unión Europea y sus bancos en Argentina protestan.

¿Qué más le faltaba a Duhalde para ensuciar todavía más su ilegitmidad democrática?

Repudiar la palabra empeñada.

Prometió devolver los pequeños ahorros en la moneda original. Sabía que mentía, porque su misión era devaluar. Porque mentía, propuso derogar la intangibilidad de los depósitos. El Congreso tramposo convirtió la derogación en ley. La Corte es el perro guardián de estos atropellos

Ahora, Duhalde hizo verdad la mentira. Ordenó pesificar.

Ilegítimo antes, ahora asume un carácter delictivo. Así como la voz de orden de los capitalistas es en este momento no respetar las deudas, la consigna de Duhalde es no respetar ni su propia palabra.

Con la pesificación, concreta el objetivo de los que lo pusieron en el gobierno: licuar las deudas, del orden de los 30.000 millones de dólares, de los Macri, Exxel, Techint, Acindar *es decir, la vieja “patria patronal”*. Que, sin embargo, quiere más, porque a través de la nueva Ley de Quiebras podría cotizar sus deudas en dólares 1 a 1.

Esta “patria patronal” también reclama que el Estado se haga cargo de su deuda externa, que es de unos 45.000 millones de dólares.

La deuda externa, mientras tanto, se sigue pagando; el presupuesto para el 2002 prevé 5.000 millones de dólares en el pago de intereses.

El costo de este jolgorio lo paga el pueblo. Los ahorros y los sueldos, bajan a la mitad. Violando todos los convenios de trabajo, Duhalde promueve la contratación de obreros a 100 pesos mensuales *cincuenta dólares*. La nueva política para los desocupados es, por lo tanto, mucho peor que la del gobierno aliancista.

Para sostener esta política criminal, el gobierno ha cedido una parte del poder político al Vaticano y al gobierno norteamericano. En efecto, el gobierno ha prometido a la Concertación patrocinada por la Iglesia y la ONU, que sus resoluciones serán “vinculantes”.

El pueblo no gobierna, pero al clero y al imperialismo se les reconoce soberanía política.

Nos aproximamos a una gran prueba de fuerza.

Todo indica que la podemos ganar, siempre que no nos dejemos engañar, en especial por la Concertación y sus secuaces.

El movimiento de lucha crece en todo el país; el cacerolazo ya no es exclusivo de la Capital.

La movilización cubre a los pequeños pueblos y a los chacareros y trabajadores del agro.

Los piquetes de desocupados vuelven a dominar el escenario nacional.

Surgen las Asambleas Populares en todo el país y se establece su coordinación.

Hay una consigna que gana unanimidad: “Que se vayan todos”. Porque de esta consigna depende que los explotadores no nos impongan una estabilidad de miseria sin precedentes.

“Que se vayan todos”, para cesar el pago de la deuda externa usurera y nacionalizar los bancos bajo control obrero. Para que los capitalistas abran sus libros y cuentas, y paguen la crisis con lo que robaron al pueblo.

La tarea del momento es la que sintetiza un titular de Página/12 del miércoles pasado: “ES LA HORA DE UNIR PIQUETES Y CACEROLAS”.

Es decir, una huelga general nacional impuesta a partir de las Asambleas Populares, los movimientos piqueteros, el movimiento estudiantil recuperado, y los sindicatos y cuerpos de delegados combativos.

Que se vayan todos, que una Asamblea Popular Constituyente asuma el poder.