11/01/2002 | 737

Paremos la ofensiva

En diciembre pasado, los despidos crecieron un 1.150% respecto de diciembre del 2000 y un 458% con relación al mes previo (Ambito, 8/1). A pesar de estos datos catastróficos, el gobierno que apoyan Daer, Moyano y De Gennaro ha reafirmado el derecho de las patronales a despedir trabajadores por causas vinculadas a la crisis industrial, o sea para más del 60% de los casos. Se ha limitado a duplicar el monto de la indemnización por despido injustificado, que apenas representa un 8% de los casos, pero de ningún modo lo prohíbe. El propio abogado de la CGT oficial, Garzón Maceda, se encargó de denunciar que la medida es inocua porque las indemnizaciones de ley son extremadamente bajas. Hasta La Nación (8/1), que publica la clasificación de las diferentes variantes de cesantías, ha reconocido que «los empresarios relativizan el mayor costo de los despidos».


Al mismo tiempo, el ministro «sindical», Attanasof, anunció un subsidio para jefes de familia desocupados… de 200 pesos, que se reducen a medida que progresa la remarcación de precios y la devaluación del peso. El acceso a los productos de primera necesidad y a los medicamentos se ha hecho imposible. Se ha llegado al extremo de que las farmacias no atienden a obras sociales y prepagas, porque éstas no les pagan las facturas, esto a pesar de que los trabajadores siguen aportando regularmente.


En medio de la carestía y la desvalorización monetaria, Duhalde mantiene, sin embargo, congelados los salarios, sin que la burocracia haya abierto la boca. El artículo 10 de la ley de Emergencia prohíbe taxativamente la indexación, o sea el ajuste de los salarios por inflación (los alquileres, en cambio, sí se pueden ajustar por medio de un acuerdo de partes). En consecuencia, Duhalde y Attanasof han aplazado sin fecha la convocatoria del Consejo del Salario que había prometido Rodríguez Saá y que debía reajustar el salario mínimo. Este queda, por lo tanto, en los mismos 200 pesos en que fue fijado en 1991, sólo que ahora vale una tercera parte menos y dentro de poco menos de la mitad.


No debería sorprender, entonces, que la caldera social haya subido enormemente la presión luego de la devaluación del peso. El gobierno ha decidido, asimismo, congelar los ahorros bancarios por casi dos años, lo cual constituye una confiscación de hecho. La medida acentúa la desprotección del trabajo en negro, particularmente las changas y trabajos ocasionales que desempeñan muchísimos desocupados. El golpe al trabajo en negro que significó el congelamiento de depósitos dispuesto en su momento por Cavallo, fue lo que desató los primeros asaltos a supermercados a mediados de diciembre.


En medio de la catástrofe, la Iglesia ha salido a exigirle al gobierno el mantenimiento de los subsidios oficiales que recibe. Es el precio que pone a su apoyo político. Pero la acción de Cáritas simplemente perpetúa la miseria social creciente.


Los desocupados, los obreros y empleados y los ahorristas han vuelto a ser colocados contra la pared, pero en circunstancias muchísimo más graves y ahora por el gobierno «nacional y popular». La reacción no se hará esperar, incluso ya ha tomado forma con nuevos cacerolazos, reclamos de recolectores de basura en Lanús, protestas de municipales en Lomas de Zamora y Mar del Plata, movilizaciones como las del MIJP de Castells a La Plata, y las anunciadas por el Polo Obrero, el MTR y el MTD en el Gran Buenos Aires.


El Partido Obrero plantea que nada de este sufrimiento colosal del pueblo es inevitable, si la crisis la pagan los capitalistas. O sea si se repudia la deuda externa, se nacionalizan los bancos y se establece el control obrero. Con este planteo reclamamos un salario mínimo indexado a partir de los 600 pesos previos a la devaluación, un subsidio de 500 pesos para los desocupados, la posibilidad de retirar depósitos en forma inmediata hasta 100.000 pesos/dólares, la estatización de toda empresa que despida o suspenda y la incautación de aquellas que procedan a desabastecer al pueblo.

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