Nunca estuvo en cuestión para nadie que el contrabando aduanero era responsabilidad de Parino, ex interventor de Aduanas. Lo más que alegaba Cavallo en su defensa es que Parino no habría cobrado coimas ni tampoco se habría beneficiado personalmente. El fraude era ‘institucional’. La implementación incompleta del sistema de controles informáticos habría sido la causa del ingreso ilegal de mercadería. Como lo mismo no se puede decir de la sobrefacturación de las exportaciones, con la finalidad de cobrar mayores reintegros, nadie abre la boca sobre el asunto.

Ahora que se dictó la prisión de Parino, Cavallo ratificó que va a defenderlo con todo, “porque la Aduana era su área” (La Nación, 16/6). No solamente esto, sino que “Cavallo sostendrá que Parino cumplió a rajatabla lo que el ex ministro de Economía le ordenó en materia de desregulación de la Aduana. Se amparará en un decreto desregulatorio que firmaron él y, obviamente, el Presidente” (ídem).

En blanco sobre negro, esto significa que el contrabando fue política de Estado, lo que no debiera sorprender, porque es consustancial con la ‘convertibilidad’. La importación sin pagar impuestos ‘corrige’ la sobrevaluación de la moneda, ‘baja costos’, acelera la concentración industrial, aumenta el crédito internacional, permite ganancias extraordinarias. ¿Algunos de estos resultados es, acaso, contradictorio con la política ménemo-cavallana?

La existencia de un decreto desregulatorio para la Aduana delata la existencia de una conspiración económica que involucra, en primer lugar, a Menem.