Políticas

5/3/2020

Paro agrario, una pulseada patronal

La Mesa de Enlace agropecuaria (que reúne a Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural, Coninagro y la Federación Agraria) anunció esta tarde una medida de fuerza que asumirá la forma de un cese de comercialización de 96 horas a partir del lunes próximo. La medida fue lanzada inicialmente por CRA y generalizada más tarde tras una conversación telefónica entre los dirigentes de los distintos espacios.


El detonante del lock-out patronal es el aumento que el gobierno dispuso en las retenciones de soja del 30 al 33%. Si bien el gobierno se comprometió a una serie de reintegros para aquellos que producen menos de mil toneladas anuales (e incluso asegura que la medida tiene un efecto neutro en términos fiscales), el sector viene reclamando insistentemente un cronograma de reducción de esos tributos. Esta presión ha recrudecido a partir de la caída internacional de los precios de los commodities.


Es probable que el capital agrario esté tratando de colocar en la agenda de debate también otros reclamos. En un tractorazo realizado en la provincia de Córdoba, uno de los organizadores se quejó porque deben vender la mercadería al dólar oficial pero compran insumos según el “dólar solidario”, o sea con un recargo del 30%. A su vez, hubo quejas con respecto al tipo de cambio, un reclamo tácito de una devaluación que sólo traería penurias para los trabajadores. “Sobre el tipo de cambio no hacen nada, y tenemos una retención de más del 40 por ciento si se tiene en cuenta la alícuota más la diferencia entre el dólar que se toma para vender la mercadería y el que tenemos que considerar para comprar los insumos”, declaró el productor Alejandro Dalmasso (Clarín, 5/3).


El reclamo ruralista tiene un carácter inconfundiblemente patronal.


Pero en la suba de las retenciones, al gobierno no lo mueve la defensa del pueblo trabajador. Lo mueve un afán recaudatorio frente al exigente cronograma de pagos de la deuda externa en pesos y frente a las negociaciones con los bonistas y el FMI, que exigen garantías de repago por la deuda que está en proceso de reestructuración. Es el propio FMI el que ha planteado alguna vez la necesidad de una suba de las retenciones. En resumen, estamos ante una pulseada entre bandos patronales.



 


No olvidemos que, junto al aumento en las retenciones a la soja, el gobierno ha favorecido a otros productores vía una rebaja en las retenciones de girasol, harina de maíz, arroz y otros cultivos. Y quedaron en el mismo nivel las retenciones en la carne vacuna, lácteos, maíz y trigo.


Los reclamos del pueblo trabajador, que padece la suba del precio de los alimentos (un tercio de los argentinos se encuentra en situación de pobreza), y de los trabajadores rurales que son sometidos a la superexplotación laboral en los campos, están fuera del radar de ambas fracciones.