Para el próximo miércoles 13, la Cta y el Mta tienen prevista una concentración frente al Congreso para protestar contra el proyecto de ‘reforma laboral’ que ‘cocinaron’ Menem y la buro­cracia de la CGT. Aunque parezca lo contrario, este proyecto sigue los lineamientos fundamentales pro­puestos por el FMI y por las asociaciones patronales. Básicamente, es una copia de la ley ‘flexibilizadora’ que aprobó el año pasado el parlamento de España, que se encuentra bajo el control de la derecha. Las patrona­les ‘argentinas’ fingen que critican este proyecto para apuntar hacia otro lado: hacia la reforma impositiva que les quiere imponer el FMI, porque esta última les grava los intereses de los préstamos que obtienen del exterior y les impone el pago a cuenta del impuesto a las ganancias, y porque no les reduce a cero, como lo pretenden, los aportes patronales a la seguridad so­cial. La mejor prueba de que a las patronales no les afecta negociar la ‘flexibilizaeión laboral’ con los sindicatos por rama en lugar de hacerlo con las comi­siones internas, como lo reclaman, es que por la prime­ra vía ya han impuesto un 80% de convenios de trabajo ‘flexibilizados’.

La movilización que encaran la Cta y el Mta, sin embargo, tiene el defecto de que tiene por objetivo lograr una modificación del proyecto dentro del parla­mento. Para tal cosa necesitaría el apoyo de la totali­dad del bloque de la Alianza y del sector duhaldista del PJ. Aun si esto fuera posible, se levantaría luego el obstáculo del veto de Menem. Pero ningún bloque en el Congreso se opone a la ‘flexibilidad laboral’-, la suposición en contrario corre por cuenta de las ilusio­nes del Mta y de la Cta.

En estas condiciones, se debe exigir el retiro del proyecto del Congreso, de ningún modo propiciar una alteración por parte de diputados y senadores firme­mente comprometidos con el FMI y el gran capital. Con esta perspectiva, la manifestación del miércoles 13 debiera ser el prole­gómeno de un plan de lucha y de un paro general.

Otra limitación más descomunal todavía de las direcciones convocan­tes es que mientras protestan contra el proyecto Menem-CGT avalan el pasaje de la ‘flexibilidad laboral’ en las oficinas, fábricas y transpor­tes, como si tuviera algún valor impe­dir la aprobación de una ley que se permite poner en práctica. En sindi­catos como Foetra, periodistas, cho­feres, los principales bancos de la capital, docentes universitarios, me­talúrgicos, se han firmado convenios o se han puesto en marcha medidas laborales que ponen en efecto la frag­mentación de los convenios y la ‘fle­xibilidad laboral’. En un sindicato tan decisivo como Ate, su dirección ha aceptado la exclusión del tema del aumento de los salarios, para ceñirse a discutir las exigencias del Estado

en materia de condiciones de traba­jo. Para enterrar el proyecto de ‘re­forma laboral’ es necesario, sin embargo, empezar por movilizar a los sindicatos contra los convenios ‘flexibles’ que quieren imponer las patronales o que ya han sido impues­tos.

La admisión de la ‘flexibili­dad laboral’ significa la acepta­ción de la superexplotación, lo que quiere decir también la destruc­ción de la salud física y moral del trabajador. Significa también aceptar la desocupación en masa, porque un obrero superexplotado es una persona que hace el trabajo de dos, de tres o de cuatro.

Admitirla ‘flexibilidad’ no va a conducir a superar la crisis económi­ca y la falta de trabajo, por la simple razón de que la causa de esta crisis no son las limitaciones que impone el trabajador a su sacrificio sino las limitaciones del propio capitalismo, que cuanto más explota a los traba­jadores más crea sobrecapacidad para producir en las condiciones de rentabilidad prevalecientes. Es la ley capitalista del lucro y no la defensa física y moral del trabajador, lo que limita las posibilidades de desarrollo de la sociedad y la hunde en crisis cada vez más espantosas.

Llamamos a la Cta y al Mta a romper políticamente con el duhaldismo y la Alianza, que son tan patronales como el menemismo, y a lanzar ya un plan de lucha y una huelga general hasta el retiro del proyecto de ley del Congreso y la revisión de todas las cláusulas ‘flexibilizadoras’ de los convenios.

Por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, 1.200 pesos, por una jornada de ocho ho­ras de trabajo.

Por paritarias libres con repre­sentantes elegidos en asambleas.

Por indemnización a los compa­ñeros inundados.

Por un subsidio de 500 pesos a todos los desocupados mayores de 16 años y por el reparto de las horas sociales de trabajo sin afectar el sa­lario.