17/04/2018

Participación pública y privada: una nueva hipoteca

Con la complicidad del massismo y el PJ

 Esta semana estarán listas las ofertas del concurso para   las  concesiones viales que el Gobierno entregará bajo el sistema de “Participación pública y privada” (PPP).  Este esquema  que se aplicará por primera vez en la historia  del país  fue apoyado  por el massismo y los bloques  parlamentarios del PJ, incluída una parte del Frente por la Victoria.


Mientras en los regímenes  tradicionales el Estado aporta a medida que la obra avanza, en el esquema llamado PPP el privado  pone el dinero para realizar la obra. Y el Gobierno decide qué herramienta financiera utiliza para devolver ese desembolso en una determinada cantidad de años.


Como ya lo advierten diversos analistas, el adelanto privado  estará cargado con  intereses muy elevados. El argumento oficial es que  el país no tiene los recursos   suficientes  y que si no acepta esta opción, la obra no podría realizarse. Lo que se omite  decir es que el país ya ha tenido un endeudamiento record,  no para   obras de  infraestructura, sino para financiar la bicicleta financiera, la   fuga de capitales y el gasto corriente, parte del cual  ha sido utilizado para   el pago parasitario de la propia deuda y subsidios al capital


El estado se compromete a  pagarle a los privados  en una cantidad de años. En el caso de las rutas, el repago saldrá de un fondo que se nutre con un porcentaje de la venta de combustibles. O sea, asociado al tarifazo en éstos últimos.Por otra parte, el repago contempla  la entrega de la concesión durante  un lapso de tiempo, cuyos adjudicatarios  embolsarán los peajes que, para asegurar el pago de la deuda a privados, también estarán dolarizados.  Además, los adjudicatarios reclaman  recortar el personal  y una flexibilización de sus condiciones de trabajo como condición previa a asumir la concesión de los servicios viales.   El sindicato que nuclea a los  trabajadores anticipó medidas de fuerza  en caso de que se pretendan  implementar  estos cambios.


Habrá que ver que otras cláusulas  leoninas de estos contratos. Por lo pronto, y en busca de hacer mas  atractivas  las condiciones  para los inversores , el Ejecutivo dispuso que estén exentos  de pagar IVA y Ganancias,  y ante cualquier controversia podrán concurrir  a “ tribunales arbitrales extranjeros”.


Pero en nombre de que  la obra es financiada por privados, la deuda no se incorpora a los registros oficiales.  Por esta vía, el gobierno disimula  las verdaderas dimensiones de la deuda. Estamos ante una grosera adulteración de las  cuentas públicas. El macrismo no tiene nada que envidiarle a  sus antecesores  kirchneristas.


Esta operatoria leonina  no  es, sin embargo, ninguna  panacea   para  la realización de las obras de infraestructura. Macri apela  tardíamente   a un sistema que está fracasando en las metrópolis capitalistas.,  Es lo que se constata  con la quiebra de la contratista inglesa Carillion (40 mil empleados y miles de sub-contratistas) y el riesgo que pende sobre su competidora, la contratista Capite,  las  empresas  lideres de  este esquema en Gran Bretaña.  Una situación similar se   verifica en España. La crisis del sistema de inversión público-privado ha replanteado la cuestión de la nacionalización de los servicios y la obra pública, aunque bajo la forma de un nuevo rescate al capital.  El aumento de la tasa de interés   ha terminado  por hundir a estas empresas, expuestas a un gran nivel de endeudamiento que   se sostenía  a partir del financiamiento barato.


Los consorcios  interesados   reclaman garantías para   participar de la  adjudicación. Pero no    actúan con las misma vara  para las seguridades que ellos deben ofrecer respecto de la ejecución.” El consorcio que gane deberá aportar el 10% del costo de la obra, en una suerte de capitalización del consorcio y, con ese dinero, iniciará la obra. Luego, tiene hasta fin de año para cerrar el financiamiento”( La Nación 14-4). O sea que la operación  está “abierta” en lo que se refiere a su financiamiento,   y  habrá que ver  si  el adjudicatario consigue los fondos y  a qué costo.  Estamos  ante una operatoria  con final  incierto,  y  con más razón si  acelera  una suba de la tasa de interés internacional.


Llamamos a oponernos a  este nuevo mecanismo de saqueo e hipotecamiento de los  recursos del país. Planteamos crear un fondo nacional   especial sobre la base de un impuesto extraordinario  al gran capital junto a la nacionalización de la banca,  para centralizar el ahorro nacional en pos de un plan de desarrollo industrial integral y de obras públicas e infraestructura dirigido por los trabajadores.


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