El periódico El Cambio (19/2), de Patria Grande, caracteriza que “la manifestación del 18F convocada por un grupo de fiscales, expresa un salto de calidad de consecuencias imprevisibles en la política de desgaste hacia el gobierno impulsada desde hace años por sectores del poder económico concentrado y por la diplomacia norteamericana”.

La crisis política no sería, entonces, el producto del agotamiento del régimen político y de sus partidos, de la fractura del Estado y las guerras de camarillas a su interior, del desfalco estatal para “reconstruir a la burguesía nacional”, de la entrega de los resortes de la economía a los pulpos internacionales o del pago serial de la deuda externa usuraria y fraudulenta; nada de eso, sino el resultado de una conspiración contra el gobierno.

El planteo encaja con el intento del gobierno de colocarse como víctima de la estructura podrida de los servicios de espionaje e inteligencia, que sería salvada con la presentación de la nueva ley de inteligencia. En un editorial anterior de El Cambio (5/2) se había manifestado que “la 'demora' de doce años en encarar esta política por parte del gobierno no es una razón suficiente para rechazar los cambios”. Para Patria Grande no estamos ante una maniobra de autoencubrimiento del poder político, sino ante un intento (tardío, pero intento al fin) de salvar las “deudas de la democracia”. Ese editorial concluía en la necesidad de “democratizar el conjunto de los servicios de inteligencia y ponerlos al servicios del pueblo y de la nación”; ello, como parte del avance “hacia una democracia con protagonismo popular”.

Según este mismo artículo, la posibilidad de que gobiernen Scioli, Massa o Macri “es en todo caso un aceptable 'plan B', pero su 'plan A' -el de estas minorías- va más allá, amenazando el legado del kirchnerismo para los próximos años”. La hipótesis de la conspiración destituyente no le ha evitado al gobierno un desprestigio creciente. Pero ha sido suficiente, por lo visto, para alinear en el campo oficialista a Patria Grande.