Desde Bariloche, Patricia Bullrich llamó a formar un “movimiento nacional anti-toma” de tierras. En una Patagonia usurpada por magnates extranjeros como Lewis y Benetton, y lanzado en un encuentro con supuestas víctimas de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), el planteo es un llamado a movilizar a la población para reclamar un salto en la represión a los pueblos originarios de la zona -y a las luchas por la vivienda como la de las miles de familias de Guernica- en defensa de los terratenientes y la especulación inmobiliaria.

“Este acto es el inicio de un gran movimiento patriótico en la Patagonia”, arengó Bullrich, llamando “a reunir a todas las personas que son víctimas de esto”. Al igual que su enérgica participación en los banderazos anticuarentena, forma parte de una campaña bolsonarista para explotar la movilización de un sector de la pequeña burguesía, y expresar los reclamos del gran capital. Es un planteo facistizante, que rememora a los grupos de choque de la Liga Patriótica que actuaban en los tiempos de la Semana Trágica.

Bariloche fue escenario, a mediados del año pasado, de una caravana que reclamó el desalojo a “sangre y plomo” de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi. Hay capitales turísticos e inmobiliarios que mantienen un viejo apetito sobre la zona. Es donde fue asesinado Rafael Nahuel en noviembre de 2017, en una represión de la Prefectura que respondía a la propia Bullrich, entonces ministra de Seguridad del gobierno de Macri. Ello solo meses después de que la Gendarmería acabara con la vida Santiago Maldonado en Chubut, en el marco de un desalojo a la comunidad Pu Lof Cushamen. Familiares de Nahuel y de Santiago se acercaron hasta el lugar para repudiar la presencia de la principal responsable política de ambos crímenes y de su posterior encubrimiento.

Su gestión al frente de Seguridad había fijado como estratégica la cuestión del “conflicto mapuche”, especialmente por considerarlo perjudicial para los negocios de las petroleras y los latifundios agrícolas de la región -al punto que hacia el final del gobierno macrista puso a toda Vaca Muerta bajo jurisdicción de las fuerzas federales. Pero esta ofensiva sobre las comunidades originarias de la Patagonia es ilustrativa de quiénes son los verdaderos usurpadores en la Argentina.

Uno de los pilares del “relato” de Bullrich durante las represiones era la causa judicial iniciada por Luciano Benetton y el gobierno de Chubut contra la comunidad Pu Lof Cushamen, pero en marzo de 2019 fueron absueltos los cinco imputados por usurpación de tierras y tenencias de armas de fuego. En simultáneo se caía otra operación, la que buscaba instalar que había habido un enfrentamiento armado cuando en Villa Mascardi acribillaron por espalda a Rafael Nahuel. Solo para graficar la impostura de estos defensores acérrimos de la propiedad privada y la legalidad, agreguemos que a pocos kilómetros el latifundista Joe Lewis ocupa una zona limítrofe con Chile, violando la propia Constitución Nacional.

Para la presidenta del PRO, de todas maneras, es un eje que le permite posicionarse como vocera del ala dura de la derecha, que intenta traducir en movilización callejera sus planteos. De hecho, Bullrich se encuentra en una activa gira nacional por zonas calientes, como Formosa tras las brutales represiones de Gildo Insfrán, o Chubut tras los incendios. Pero también es una plataforma para fijar posición al interior de la coalición opositora, cuando busca disputar la cabeza de la lista de diputados nacionales porteños de Juntos por el Cambio (al sector de Larreta y Vidal).

La radicalización de sus planteos es también una necesidad para alimentar la grieta. Esto porque la tan reclamada “defensa de la propiedad privada” contra las comunidades originarias o las familias que luchan por vivienda es una política de Estado, y por lo tanto compite con exponentes de la coalición oficial. Tanto el exgobernador y actual senador rionegrino Alberto Weretilnek como Sergio Massa reclamaron el desalojo de las comunidades mapuches y se sumaron a su criminalización.

A nivel general, lo mismo mostró el ejército de la Bonaerense que desplegó Berni para desalojar a las familias de Guernica -y allanar la construcción de un barrio privado-, la persecución judicial contra Rafael Crispín del Barrio La Unión en La Matanza, y hasta la ausencia de todo apoyo oficial al “proyecto Artigas” del MTE en una hacienda de los oligarcas entrerrianos Etchevehere -familia que acumuló latifundios a base de defraudaciones, esclavitud y apropiación a punta de pistola.

La campaña bolsonarista de Bullrich -y Macri- pretende explotar la crisis valiéndose de una política de movilización de la burguesía y la pequeña burguesía, e instaurar de represivo abierta a los reclamos populares. Para los trabajadores, importa recordar que la experiencia macrista se estrelló no solo con una crisis capitalista internacional sino también con una resistencia popular que marcó su declinación claramente después de diciembre de 2017, cuando se sancionó la reforma previsional pero quedó enterrado su programa de “reforma permanente”. La lucha por la tierra y la vivienda, a su vez, promete nuevas etapas en medio de una brutal crisis social. También por ella, es necesaria el desarrollo de una alternativa política independiente de los Bullrich y Berni.