La jueza Wilma López acaba de cerrar la instrucción respecto de Pedraza y su patota, elevándolo para que se sortee el tribunal que intervendrá en el juicio oral.

Antes de ello, las defensas de los imputados intentaron oponerse a la elevación a juicio y solicitaron el sobreseimiento de sus asistidos, planteando que no deben ser acusados por homicidio agravado, porque las pericias probarían que la bala asesina fue resultado de un “rebote” y no de la intención de matar.

Es frondosa, sin embargo, la jurisprudencia que sostiene la existencia de la intención de matar cuando una persona dispara sobre un número de personas desarmadas, incluso sin la necesidad que exista como consecuencia de esos disparos un muerto o una persona lesionada de gravedad y dos heridos más como consecuencia de esos disparos -como ha ocurrido en este caso.

Esta línea de defensa refleja su debilidad, ya que no puede negar ni el plan criminal ni la movilización de barra-bravas que integran la estructura de la burocracia sindical, convocadas expresamente para ‘aleccionar’ a los tercerizados, ni que llevaron armas al lugar ni que hubo una orden para usarlas, ni que la motivación era garantizar el poder político y económico de los Pedraza y compañía.

A esta línea general de la defensa se agrega el Dr. Oscar Igounet, defensor del acusado Uño, quien acusó en Casación a la ex fiscal Cammaño por “presionar a la Gendarmería”, calificó a los fallos de la jueza Wilma López de “vergonzosa por arbitraria, soberbia, dogmática y mentirosa” y extendió su crítica a los camaristas Jorge Rimondi, Alfredo Barbarosch y Luis Bunge Campos, quienes rechazaron sus apelaciones. En su oposición, Igounet afirma que los disparos partieron de los militantes del Partido Obrero y solicita allanamientos para sus miembros.

Estas peticiones ya han sido rechazadas en la instrucción. La jueza se basa en un dato objetivo: las pericias que constan en la causa afirman que no existe ningún indicio que haga sospechar la existencia de disparos que tengan como origen el sector de los tercerizados y el PO.

Estas pericias ni siquiera fueron cuestionadas por el mediático perito Locles, propuesto por Igounet, que fue separado de la causa por alterar pruebas tanto por la jueza como por los camaristas.

Las presentaciones de la defensa describen al Partido Obrero como una organización armada y presentan a la detención de los imputados como un operativo político contra “hombres de familia”. Los antecedentes de Oscar Igounet le ponen un contexto a sus intervenciones. Fue defensor del ex capitán Rafael López Fader por su participación en el primer secuestro del empresario Osvaldo Sivak.

En su libro Código de Justicia Militar -Comentado (Librería del Jurista. Buenos Aires, 1985), firmado juntamente con su padre, general retirado del Ejército, defiende la disuasión por medio del terror. “Manejando estratégicamente este condicionante del psiquismo, podrá conseguirse que el enemigo se desbande por pánico. Así es la guerra”. Usó la influencia de su hermano, edecán militar de Menem, para lograr un indulto presidencial para López Fader, quien además fue contratado por la Side. También defendió al militar carapintada Héctor Daniel Ferrer, detenido en el momento de cobrar 5.000 dólares por la extorsión a un comerciante.

Es miembro de la “Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia”, que tiene como objetivo el reclamo de una amnistía y niega los principios del derecho internacional sobre crímenes de lesa humanidad. Integró el grupo enardecido que apoyó en el último año a los detenidos en la causa Esma durante todo el juicio. Este grupo de presión fue gestado por la Corporación de Abogados Católicos, creada por el Arzobispado de Buenos Aires en 1935.

Antes de Igounet, el defensor de Uño era Aráoz de La Madrid, quien está siendo investigado por intentar coimear a los jueces de Casación con el intermediario de Pedraza, Juan Riquelme, agente de la Side, a quien Pedraza le había solicitado, además, que use sus contactos en la curia.

Se ve que ambos abogados comparten sus relaciones y contactos.

Antes de asumir como defensor de los patoteros, su última actuación pública fue presentar una demanda en contra de unas fotografías de hombres y mujeres desnudos en el centro de Buenos Aires, tomada por el artista neoyorkino Spencer Tunick. Para Igounet, este acto “a pesar de tener entidad obscena y corruptora (…) contó con el apoyo y complicidad de la autoridad pública local”.

La patota de Pedraza refleja en sus defensores la evolución política de esta burocracia.