La Sala III de la Cámara de Casación rechazó los pedidos de excarcelación pendientes de José Pedraza, titular de la Unión Ferroviaria (UF), y de los delegados Pablo Díaz y Jorge González, el portero de los talleres de Remedios de Escalada Juan Carlos Pérez, el picaboletos Guillermo Uño y el empleado Salvador Pipit.

La Sala -integrada para este caso específico por Mariano Borinsky, Raúl Madueño y Liliana Catucci- había demorado dicha resolución, dando lugar a que fuera utilizado como un factor de presión para hacemos desistir de nuestro planteamiento de unificación de las causas que investigaban las responsabilidades penales por el asesinato de Mariano Ferreyra y las graves heridas de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pinto ante la posibilidad de la excarcelación de Pedraza.

Varias movilizaciones frente a los tribunales federales de simpatizantes de la Lista Verde del gremio, con sus gorritos y banderas, motivaron la movilización del Partido Obrero en diciembre ante la Cámara de Apelaciones y la entrega de un escrito firmado por los dirigentes del Partido Obrero, Marcelo Ramal y Gabriel Solano, la cual le recordaba a los jueces que nada había variado en las circunstancias que determinaron la privación de libertad de los imputados, además de estar probadas las acciones tendientes en estorbar el accionar judicial por parte de José Pedraza mientras permaneció en libertad.

El fallo recogió plenamente el planteamiento efectuado por los dirigentes del PO. Es importante aclarar que jurídicamente no era factible una resolución en otro sentido, lo cual hizo que alertáramos sobre el carácter "político" de cualquier excarcelación que llegara a otorgarse.

El juez Borinsky, en el fallo, reforzó en el caso de Pedraza el argumento de que podría entorpecer el devenir de la causa, que espera el juicio oral con algunas medidas y pericias en trámite, y en forma unánime volvieron a negar la ex-carcelación, en la misma línea que la jueza de Instrucción Wilma López y la Sala I de la Cámara de Apelaciones, que le habían negado la posibilidad de esperar el juicio en libertad no sólo por la gravedad de los hechos, sino por las amenazas sufridas por testigos y porque Pedraza quedó también envuelto en una trama de presuntos sobornos (o intentos) a jueces de la propia Casación, para conseguir la libertad de los matones de la UF detenidos e intentar quedar él mismo desvinculado del homicidio.

De hecho, el burócrata sindical está citado por este motivo a indagatoria por el juez de Instrucción Rodríguez, ya que aparece en conversaciones telefónicas que lo mostrarían detrás de la maniobra.

Que Pedraza y su comitiva permanezcan presos es un triunfo de la manifestación política, pero también un reflejo de la crisis del gobierno K y la imposibilidad de cualquier maniobra que le permita favorecer a la burocracia de Pedraza.

Es prioritario que se fije en forma inmediata fecha al juicio oral, que tendrá en el banquillo de los acusados tanto a la patota sindical como a los jefes de la Policía Federal involucrados.

El fallo, dictado el mismo día que Pedraza cumplió un año de detenido, establece sin decirlo el plazo que queda para comenzar el juicio oral, ya que de cumplir los dos años de detención sin iniciarse el juicio estarían facultados a pedir su libertad, esta vez sí con argumentos de valor jurídico.