Verónica, militante de Pelota de Trapo, fue secuestrada a eso de las 9:30 de la mañana en pleno barrio de Avellaneda, cuando iba hacia la sede de la organización, en barrio Piñeyro. A cara descubierta, tres hombres la metieron en un auto, después en una casa, la golpearon y manosearon, le dijeron que cuidara a sus hijos y, desde su celular, enviaron mensajes de amenaza a sus compañeros. Cuatro horas después, la dejaron tirada cerca del Hospital Presidente Perón. Uno de los mensajes decía: “Hoy te la dejamos en un hospital. Mañana, no” (La Nación, 8/7).

Verónica hizo la denuncia en la Unidad Fiscal de Investigaciones Nº 4 (UFI 4) de Avellaneda, la misma donde se engrosa un expediente que no va a ningún lado. Ya son once casos de secuestro y torturas contra la organización que fundó Alberto Morlachetti, impulsor del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo y de la campaña “El hambre es un crimen”. A lo largo de años y con trabajo voluntario, Morlachetti levantó comedores, hogares, escuelas-taller, una granja, una panadería, bibliotecas, consultorios. Su agencia de noticias denuncia el hambre y la represión contra los chicos y jóvenes de las barriadas, en los institutos de menores, el gatillo fácil y la impunidad policial, las mafias de la droga, violaciones a los derechos humanos, etc.  

Los atentados empezaron en 2008. Aunque desde entonces los amenazan por teléfono todo el tiempo y una camioneta se pasea lentamente frente a sus sedes, la causa en la UFI 4, a cargo de Guillermo Castro, está parada. “Los teléfonos desde donde mandan las amenazas no son analizados. La fiscalía no avanza”, denunció Morlachetti. Además, aunque había una orden de custodiar los edificios de Pelota de Trapo, “nos sacaron la custodia policial. Dicen que no tienen recursos”, agregó (Crítica, 8/7).

En junio, el entonces ministro de Justicia, Aníbal Fernández, visitó Pelota de Trapo y prometió “poner las cuatro fuerzas que dependen del Ministerio” a disposición de la fiscalía para esclarecer los hechos. Nada se cumplió. Pelota de Trapo relaciona los atentados con su campaña “El hambre es un crimen”. Pero Fernández se atrevió a asegurar que estaban equivocados; “Argumentó que le resulta una ingenuidad pensar que los ataques fueron por la campaña y nos explicó que tenemos que buscar otras razones”, informa un comunicado de la organización, que dice: “Luego de un año y medio de amenazas, intimidaciones y secuestros, la Justicia no ha avanzado en el esclarecimiento de ninguno de los hechos. Exigimos que el Estado nos proteja e investigue a los culpables” (pelotadetrapo.org.ar).

Aníbal Fernández ha tenido el tupé de mandar a Morlachetti a buscar “las razones” por las cuales sus compañeros son torturados y amenazados de muerte, porque el ministro y actual jefe de Gabinete es responsable del encubrimiento y la impunidad de quienes tienen la libertad para secuestrar, amenazar y torturar en Avellaneda.

Como dice Morlachetti: “Hemos tocado a alguien, a los accionistas de los niños descalzos”.

Clementina Robles